FUE PRESENTADO ayer en Bogotá por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón ‒quien lidera el proyecto‒, el Comité Promotor del Referendo de Autonomía Fiscal para las Regiones que busca la modificación del artículo 298 de la Carta Magna.

Los esfuerzos de esta organización estarán enfocados en lograr que los tributos directos de renta y patrimonio, los cuales son administrados por el Estado, pasen a las regiones o departamentos.

La comisión está constituida por el gobernador de Caldas, Guido Echeverri; experta en finanzas territoriales, Ana Lucía Villa; experto en comunicación digital, Diego Santos; concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo; exsenador y exministro, Carlos Gustavo Cano; exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga; exministro de justicia, Wilson Ruiz; y Eugenio Prieto, vocero del comité.

“Pasaría esto de ser una competencia, una obligación de la Nación, a hacer algo esencial de la estructura fiscal de los departamentos y el distrito y con fundamento en eso, poder atender mejor las necesidades de la gente y las exigencias del territorio. Todos los departamentos y el distrito ganarían no solo porque muchos verían duplicar sus ingresos, sino porque esta propuesta conlleva la creación de un fondo de convergencia regional”, destacó Rendón.

A su turno, el exgobernador del Meta afirmó que este comité es propicio para solventar ciertos inconvenientes desde las regiones.

“Si tiene dificultades económicas Antioquia o el Valle, pues uno se pregunta y la región de los Llanos, y el Pacifico o la Guajira, pues son muchas más las necesidades y esta podría ser respuesta real para poder tener no la totalidad de la capacidad de respuesta económica, sino suficientes recursos para atender las problemáticas regionales”, expresó.

Ahora que esta organización fue creada y presentada, tendrán un tiempo de 6 meses para recolectar más de 2 millones de firmas. Una vez que tengan las rúbricas ciudadanas, deberán consignarlas ante la Registraduría. El siguiente paso será presentarlo ante el Congreso de la República y ante la Corte Constitucional.

Si la propuesta es aprobada por ambas instancias, será sometida a votación para conocer si puede concretarse.