MEDIANTE DECRETO, el Gobierno del presidente Gustavo Petro no puede llamar a las movilizaciones campesinas en el país. Así lo aseguró el exministro de Agricultura, Andrés Valencia, en entrevista con EL NUEVO SIGLO.

Destacó que lo que más le preocupa del borrador de decreto publicado recientemente por la cartera liderada por Jennifer Mojica es la conformación y funciones de los comités municipales de campesinos.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo analiza la política de tierras que está desarrollando actualmente el Gobierno?

ANDRÉS VALENCIA: Lo que estoy viendo es a un gobierno que está con mucho afán para ejecutar la reforma agraria. Ellos quieren pasar a la historia como el gobierno que hizo la reforma agraria en el plazo más anticipado que se pueda.

Recordemos que todo lo que dice el acuerdo de paz sobre la reforma rural integral habla de una ejecución de un espacio superior a los 15 años y este gobierno lo quiere hacer en tres.

ENS: ¿Cuál es su opinión sobre el borrador de decreto que estaría incentivando a que las comunidades campesinas se movilicen para defender la política de tierras?

AV: Creo que es un decreto innecesario. Un gobierno no puede llamar a la movilización campesina mediante decreto para buscar un derecho que el mismo gobierno quiere otorgarle.

Más allá de lo que se quiere plantear como una movilización campesina, lo que más nos preocupa es la conformación de los comités municipales campesinos, además de las funciones que van a tener en todo el territorio nacional.

ENS: ¿Ve en ese llamado, por decreto, a la organización y movilización campesina el riesgo de un trasfondo político?

AV: Toda movilización tiene un trasfondo político. Históricamente, este país ha tenido muchas movilizaciones, unas violentas y otras no tantas. Recordemos la movilización y paro nacional durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

Fue esa una movilización con motivaciones políticas que trascendió e impactó el panorama electoral posterior.

Digamos que este decreto sale previo a una elección regional, por lo que, sin duda, hay una motivación política. Insisto en que los campesinos creen diferentes organizaciones.

La ministra de Agricultura ha ido a diferentes organizaciones campesinas y lo que ha venido demostrando a través de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y decretos de ley, sobre todo aquellos en los que se reconoce al campesino como sujeto derecho, que el gobierno pareciera que está haciendo lo suficiente, pero no, pues decide presentar un proyecto de decreto en el que llama a la movilización.

Y yo insisto en que las funciones de los comités municipales campesinos nos preocupan, sobre todo aquella que tiene que ver con la veeduría, vigilancia y control sobre los proyectos productivos que deben estar funcionando en Colombia.

Si un proyecto o una finca no son productivos, esos comités municipales podrían contar con los atributos suficientes, por ejemplo, para ir a la Agencia Nacional de Tierras y denunciar que en esos predios no se cumple la función social que tienen que ejercer la tierra.

Eso puede generar un precedente para que, con el otro decreto que también está en análisis que es el de la expropiación y extinción de dominio, empiecen a generar acciones judiciales contra quienes no están cumpliendo la función social de la tierra.

Las cifras

ENS: ¿Cómo entender la contradicción de cifras sobre entrega de tierras entre el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras?

AV: Allí hay una discusión que, evidentemente, tiene una motivación de orden político. El director de la Agencia Nacional de Tierras ha querido demostrar que su gestión está haciendo a pasos acelerados el proceso de titulación de los territorios.

No conozco muy a fondo la discusión, pero pareciera que lo que están entregando son títulos que ya fueron otorgados de predios saneados en anteriores gobiernos.

Aparentemente las cifras corresponden a predios previamente titulados, por lo que no corresponden a gestiones realizadas por la actual administración. Recordemos que legalizar un predio puede costar al menos 2,5 millones de pesos y al ritmo de titulación que dice la gente que se está llevando, más o menos 90.000 títulos por mes, uno pensaría que en cuatro o cinco meses se estaría ejecutando el total del presupuesto de la Agencia.

Lo que hemos visto en las cifras de ejecución es que eso no es así. Creo que no han ejecutado la tercera parte del presupuesto.

ENS: ¿Cree necesario presentar al Congreso un proyecto de reforma agraria o piensa que esta se puede adelantar por vía de legislación vigente?

AV: De hecho, ya existe una ley bien importante que es la Ley 160 del 94. Allí se dio un paso fundamental para hacer el Sistema Nacional de Reforma Agraria. También hay una sentencia de la Corte Constitucional que salió tal vez el año pasado, que obliga al gobierno a esclarecer las tierras que el día de hoy están ocupando, específicamente pequeños campesinos. Predios que fueron adjudicados antes de la expedición de la Ley 160.

Allí la Corte da una instrucción muy clara y es que la Agencia Nacional de Tierras tiene que clarificar esos predios, con el fin de ratificar la posición a la propiedad en las personas que ya las ocupan o hacer procesos agrarios para sacar a las personas de allí.

Creo que no se necesitarían leyes nuevas, pues hay una batería legislativa que podría apoyar al Gobierno a acelerar el proceso.

Metas

ENS: ¿Comprar tres millones de hectáreas de tierras fértiles para repartirlas a campesinos es una meta viable?

AV: No, pues el mismo director de Planeamiento, en su momento, dijo que no era posible. Cuando se empezaron las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo, cuando se publicaron las bases del Plan, esa meta de 3 millones de hectáreas se bajó a 450.000.

Luego, hubo un cambio de ministros y la meta regresó a 3 millones de hectáreas. Yo sé que no lo van a poder cumplir, es prácticamente imposible. La Agencia Nacional de Tierras debería dedicarse a formalizar y legalizar los predios que ya están en el Fondo Nacional de Tierras.

En el Gobierno anterior, se dejaron cerca de 1.800.000 hectáreas y esas tierras son las que deberían empezar a entregar a territorios étnicos o a campesinos sin tierras.

Pero salir a comprar 3 millones de hectáreas cuando hay muchas más fuentes que alimenten esas metas establecidas en el acuerdo de paz, es difícil. La compra de tierras es una fuente de última instancia.

No es ágil comprar tierra en Colombia porque no existe un mercado de tierra, pues no hay suficiente información en materia catastral para que le permita al gobierno y entidades tener claro que los predios a comprar estén bien estudiados, que no son predios que estuvieron sometidos a procesos de despojo en años anteriores.

ENS: ¿Por qué no ha avanzado el proyecto para comprarle 500.000 hectáreas a los ganaderos?

AV: No lo sé. Habría que hablar directamente con los ganaderos para saber qué es lo que hay detrás. Creo que parte del retraso es la misma incapacidad institucional por falta de información y seguramente hay que hacer estudios de títulos.

Por cada predio que quiere comprar el Estado, debe hacer estudios de título, pues el Estado tiene que estar seguro que lo que está comprando es un predio debidamente saneado.

Por lo mismo, hay que hacer un levantamiento de información que va, desde caracterizar la zona donde están los predios y hacer estudios que permitan tranquilidad al Gobierno nacional de que no están comprando predios de narcotraficantes. Por eso es difícil la compra de tierras en esas cantidades.

Riesgos

ENS: ¿Ve el riesgo de una expropiación masiva de tierras en nuestro país?

AV: Lo veo complejo. La expropiación también ocurre cuando hay un interés de la nación de hacerse de un predio. Con la expropiación ocurre lo mismo que con la compra, al final hay una transacción monetaria por el valor real de la propiedad.

El gobierno no va a expropiar tierras que hayan tenido un pasado dudoso. Por eso es importante para el Estado tener la mayor información catastral y predial de lo que va a expropiar y de lo que va a comprar.

ENS: ¿Cómo aumentar, efectivamente, la producción de alimentos?

AV: Pues, Colombia debe aumentar la productividad. Tenemos productos agropecuarios con muy baja productividad. A veces se están sembrando cosas donde no hay actitud del suelo para ciertos productos agrícolas.

Colombia, en ciertas zonas, está sembrando productos que, por las mismas condiciones físicas, de clima, etcétera., no cuenta aptitud de suelo para ello.

También falta suministro para mayores bienes públicos y mayor riesgo. Colombia es un país con un potencial importante de riego, pero solo el 10% de las áreas potenciales de ser irrigadas tienen un mecanismo de irrigación.

ENS: Con un rebrote de violencia a nivel rural, ¿es posible adelantar una reforma agraria real y efectiva?

AV: Creo que sí. Los conflictos sociales y de violencia en las zonas rurales obedecen a que los campesinos se van de sus tierras porque otros sectores irregulares quieren ocuparla, bien sea para adelantar sus actividades ilegales o volver esos territorios corredores para sacar la droga.

A medida que se erradique la violencia o se reduzcan a esos grupos que generan caos en zonas del país, habrá más motivaciones para que los campesinos se mantengan en los territorios y lograr, de la mano con el Estado, que cuentan con las condiciones de seguridad para producir.