ÁLVARO URIBE será el primer presidente en Colombia en ir a juicio ante la justicia penal, después de que el Tribunal Superior de Bogotá negó la apelación de la defensa a la decisión de un juez en mayo pasado, que rechazó la solicitud de la Fiscalía para precluir la investigación, ya que no encontró pruebas de que el exmandatario fuese intervenido con su entonces el abogado, Diego Cadena, para hacer supuestos ofrecimientos a exparamilitares para que cambiaran su declaración.

Uribe Vélez es investigado por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, caso que abrió en 2018 la Corte Suprema de Justicia, pero que después pasó a manos de la Fiscalía debido a que el exmandatario renunció a la curul que en aquel tiempo ocupaba en el Senado, a nombre del Partido Centro Democrático.

En dos oportunidades la Fiscalía había solicitado a distintos jueces archivar esta investigación por falta de pruebas, sin embargo, fueron negadas.

“Me niegan la preclusión y ordenan llevarme a juicio”, señaló el expresidente en su cuenta en la red social ‘X’.

Dijo también el político, quien gobernó en los periodos 2002-2006 y 2006-2010, que “dos fiscales que no conozco y tres procuradores que tampoco conozco pidieron la preclusión. Dos juezas la negaron con una carga política impresionante en mi contra, ahora la niega el Tribunal”.

Reiteró que no cometió ningún delito. “Ninguno de los testigos ha podido desvirtuar mi afirmación de que nunca tomé la decisión de ir a buscar presos, solo pedí que se verificara la información que me llegó. A pesar de que todos los testigos lo han dicho, se me lleva a juicio”.

También, Uribe Vélez se reafirmó en que se han presentado vicios en la investigación que se lleva en su contra, inicialmente en la Corte Suprema de Justicia.

“El proceso empezó con vicios, tuve algunas diferencias con las Cortes en el pasado, pregunté si existía el proceso y me dijeron que no. Parecían magistrados en discursos políticos en mi contra. Uno de ellos, exmagistrado, representa políticos que él mismo ayudó a elegir y el magistrado que ordenó mi detención fue contratista en temas relacionados con el proceso de paz de la Habana, eso lo deben saber, fue explícito el exmandatario.

Igualmente, expresó que "he defendido mi reputación con ardentía, pero no se de sobornar testigos ni engañar a la Corte, toda información que se recogía se mandaba de buena fe a la Corte para que la examinara en ejercicio de su competencia, pero lo que dijeron es que yo enviaba esa información a la Corte para engañarla”.

Según la revista Semana el llamado a juicio a Uribe se dará hoy a las 2:00 de la tarde, cuando se hará la lectura del fallo en el Tribunal Superior de Bogotá, ratificando la decisión en mayo pasado del juzgado 41 penal de conocimiento de no precluir el proceso.

¿Por qué negaron la preclusión?

El juez 41 justificó en esa oportunidad su decisión porque consideró que hay elementos probatorios de que Álvaro Uribe incurrió en los delitos de manipulación de testigos y soborno.

“Contrario a lo aseverado por el señor Fiscal, sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva, descrita en al artículo 444A de soborno en actuación penal, sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”, dijo entonces la jueza 41 penal del circuito, Laura Barrera.

Señaló también la operadora judicial que “la Fiscalía no acreditó la atipicidad del comportamiento y por tanto el despacho negará la solicitud de preclusión. Esta valoración que hace el despacho no es un prejuzgamiento, no es una determinación de responsabilidad ni es una valoración de prueba que tenga incidencia en el juicio”.

En abril del 2022, la jueza 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, Carmen Elena Ortiz, negó la petición de la Fiscalía de preclusión de la investigación, al concluir que el ente no logró demostrar la tesis de que el expresidente de la República no cometió delito y cuestionó al organismo por no realizar "una investigación rigurosa", lo que justificó en que el entonces fiscal a cargo, Gabriel Jaimes, omitió llamar a declarar a varios testigos, considerados pertinentes y que habían podido aportar más elementos para esclarecer la verdad sobre los supuestos sobornos.