Este miércoles 28 de agosto se dará inicio al debate de control político sobre el transporte de animales vivos a mataderos del país, en el cual, por primera vez, el Ministerio de Transporte, la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural, y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) deberán responder ante el Congreso de la República por las denuncias recientes por presuntas malas prácticas e incumplimiento a normativas nacionales, reveladas en una investigación realizada por la organización internacional, Sinergia Animal.
“No es un secreto para los colombianos que el transporte de animales hacia los mataderos es cruel y despiadado. Ahora, contamos con material probatorio de las condiciones inhumanas en las que viajan los animales explotados para consumo. Se publicaron videos de cerdos muertos y lesionados, gallinas y pollos en hacinamiento, con señales de fatiga por las altas temperaturas y lo más alarmante: empleados que incurren en golpes y otras formas de maltrato prohibidas por ley”, afirmó Andrea Padilla, senadora del Congreso de la República.
Durante la investigación de Sinergia Animal, se mostró que el proceso de carga de una avícola colombiana, en la cual se evidenció un presunto manejo inadecuado de los animales, "tomándolos por las alas y forzándolos a viajar en jaulas diminutas", según indicó la organización.
“Al sufrimiento que padecen los animales en largos trayectos por carretera, sin acceso a agua o alimento, se añade la insalubridad de estos espacios y el riesgo de enfermedades zoonóticas de gravedad como virus y superbacterias, que pueden transmitirse a los seres humanos en el momento del transporte”, explica Lyda Durango, directora General de Sinergia Animal Colombia.
Durante el debate de control se exigirá un plan de acción a las tres entidades para que den cumplimiento a los estándares de bienestar animal, decretados bajo la resolución 20223040006915 de 2022, por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para el Transporte, manejo y movilización de animales en pie y se dictan otras disposiciones. Si bien se cuenta con un plazo de transitoriedad de tres años para cumplir con las condiciones establecidas dentro del Manual, plasmando febrero de 2025 como fecha máxima para que estas condiciones precarias y malos tratos sean prohibidos en su totalidad.