UNA INVESTIGACIÓN a 21 funcionarios y contratistas abrió la Procuraduría por las presuntas irregularidades que se presentaron en la firma de un contrato entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y RTVC Sistema de Medios Públicos por hasta 15 millones de pesos.

El objetivo del acuerdo celebrado entre ambas instituciones era gestionar logística de eventos organizados entre septiembre y diciembre de 2023.

“Los funcionarios de la ANT contra quienes se inició investigación son el secretario general, Daniel Medina González, así como Nury Luz Peralta, Julio César Cuastumal Madrid, Tony Luis Lozano Berrocal, Ana María Cadavid Escudero, Juan Camilo Cabezas, Juan Diego Gómez Vásquez, Claudia Patricia Herrera Logreira, Laura Andrea Botero Salazar, Gabriela Góngora Bermúdez y Andrés Felipe Alcalá Rodríguez”, aseguró el Ministerio Público, liderado por Margarita Cabello.

También serán pesquisados contratistas de la misma entidad como Bibiana Marcela Linero Guiza, Melissa Paola Palmera Castilla, Esteban Castaño Jaramillo, Cristina Elizabeth Gelpud Bravo, Jeanneth Andrea Soto Pacheco, Ángela Tatiana Coy Cruz, Laura Cárcamo Cárcamo, Jairo Salamanca Grajales y Derly Dayanna Espinel, y al subgerente de Soporte Corporativo de RTVC, Jorge Luis Arzuaga Cadena.

Todos ellos tuvieron participación en alguna de las fases de estructuración de contrato.

“El órgano de control investiga si la suscripción del documento se acogió a los estatutos internos de RTVC, pues la experiencia que se le atribuye no corresponde con su objeto social, que está limitado a la función de programar, producir y emitir los canales públicos de televisión Señal Colombia y Canal Institucional, así como las emisoras nacionales Radio Nacional de Colombia y Radiónica, entre otras”, puntualizó Procuraduría.

El Ministerio Público señaló que “se pudieron vulnerar los principios de economía, selección objetiva y transparencia, pues no se habría escogido al oferente más adecuado desde el ámbito técnico, financiero y operativo, y al parecer se aplicó un procedimiento de selección que no correspondía a la naturaleza del objeto a contratar”.

El Ministerio Público trata de verificar la ocurrencia de la conducta, además de determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.