Las fronteras de Colombia están calientes. Y no es coletazo del incendio que se registró en una vasta parte de la Amazonía, afectando gravemente zonas brasileñas y bolivianas, sino por los acontecimientos políticos que han tomado inusitada fuerza en los últimos días.

Desde esta esquina noroccidental de América del Sur, Colombia tiene una posición estratégica en la geopolítica regional y, gracias a su férrea tradición democrática, se puede considerar un país política y económicamente muy estable.

Amén de la crisis venezolana con la constante diatriba guerrerista del régimen Maduro contra Colombia y exceptuando tal vez la frontera noroccidental donde está Panamá, en los últimos días hechos políticos y sociales agitaron el vecindario.

Crisis política en Perú

Ultimátum presidencial al Congreso, cierre del mismo, dos presidentes, convocatoria a legislativas y un nuevo gabinete. Todo ello ocurrió en esta nación andina en tan solo cuatro días, lo que hizo presagiar un insalvable choque de poderes pero que finalmente, ante la apatía ciudadana y con una oposición muy debilitada por los fuertes señalamientos de corrupción que hoy tienen tras las rejas a su principal líder, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, terminó superada y fortaleciendo al presidente Martín Vizcarra.

En cumplimiento de su promesa de combatir la corrupción, Vizcarra dio un ultimátum al Congreso el pasado lunes para que le aprobara un voto de confianza a su gabinete, lo que le permitiría realizar las reformas inaplazables para enfrentar ese flagelo. El llamado presidencial fue desconocido y ello lo facultó para cerrar el Parlamento, institución que según encuestas era reprobada por cerca del 90% de los peruanos.

Vizcarra tomó esa decisión con el fin de acabar con los recurrentes choques de poderes derivados de las obstrucciones parlamentarias de la mayoría fujimorista, criticada además por amparar a funcionarios y magistrados investigados por corrupción. El partido fujimorista Fuerza Popular no solo se negó a aceptar su disolución, a la que calificó como un “golpe de Estado”, sino que nombró como Jefa de Estado a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, que horas después no solo renunció a esa designación sino al cargo que ejercía, lo que sin embargo está en vilo porque la aceptación de la misma solo la puede aprobar el Congreso en pleno y, por ahora, no hay.

Dos días después de lo que se vaticinaba sería un grave choque de poderes, el presidente Vizcarra anunció el llamado a elecciones legislativas para el próximo 26 de enero. Horas después escogió y juramentó a los 19 miembros de un nuevo gabinete. Así las cosas Vizcarra retomó sus ya famosas giras regionales con las cuales ha impuesto un estilo diferente de gobierno y en su primera intervención en provincia que “podemos dar por superada esta etapa de confrontación” y agregó que sus recientes decisiones “fueron tomadas respetando escrupulosamente la democracia y Constitución”.

Sin embargo los ánimos políticos siguen caldeados y si bien solo está funcionando una Comisión Permanente del Congreso integrada por 27 parlamentarios, de los cuales 18 son fujimoristas, la oposición enfila baterías contra la decisión de cesar al resto de congresistas y están a la espera del fallo que en tal sentido debe emitir el Tribunal Constitucional, tal y como lo recomendó la Organización de Estados Americanos (OEA) en su momento.

Ira social en Ecuador

En este otro país de la frontera sur colombiana, el final de la semana fue violento. El descontento social provocado por la orden del presidente Lenín Moreno de eliminar los subsidios a los combustibles, lo que generó un alza de hasta 123% en estos, llevó a multitudinarias marchas (las mayores de los últimos 12 años) que degeneraron en disturbios y a una parálisis en el transporte por 48 horas, provocando el cierre de gran parte del comercio y el cese de clases tanto en colegios como en universidades.

Moreno canceló subsidios por 1.300 millones de dólares al diésel y gasolina corriente en el marco de un ajuste fiscal para acceder a créditos por 4.209 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Quito acudió a organismos internacionales agobiado por el déficit fiscal, la falta de liquidez y una deuda externa que subió un 47% en el actual periodo presidencial. La deuda alcanzó los 39.491 millones de dólares (36,2% del PIB).

Sin subsidios a los hidrocarburos, que en las últimas cuatro décadas demandaron 60.000 millones de dólares al Estado, los precios subieron el jueves hasta en 123%. El galón americano de diésel pasó de 1,03 a 2,30 dólares y de gasolina de 1,85 a 2,40 dólares.

La magnitud de las protestas registradas jueves y viernes, no se veían desde 2007, cuando la izquierda asumió el poder en Ecuador con Rafael Correa, antecesor y exaliado de Moreno. Estas dejaron 59 heridos y más de 390 detenidos.

El Mandatario decretó el estado de excepción el mismo jueves, con lo que movilizó a los militares para intentar restablecer el orden, pero que no impidió el paro de los transportadores.

Moreno también se apresta a medir fuerzas con sectores indígenas, cuya capacidad de protesta suele ser importante en Ecuador y que junto a sindicatos tampoco están convencidos de la eliminación de subsidios y reformas laborales y tributarias que este impulsa en función de lo convenido con el FMI.

El gobernante, quien como dice popularmente, dio la pela a sabiendas del costo político se mantiene firme: “No me temblará la mano” y “no voy a cambiar”, dijo.

Sin embargo, el panorama es preocupante ya que el Presidente gobierna con las encuestas en contra y sin controlar el Legislativo, donde el oficialismo perdió la mayoría por la pugna con Correa.

El teatro de operaciones venezolano

Sin duda la “frontera” más caliente de Colombia está en el oriente y es Venezuela. Y no son únicamente en las ciudades ubicadas en la línea divisora sino también Caracas, la sede del régimen Maduro.

Cada vez más cercado internacionalmente, con sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea que han erosionado aún más su caótica situación económica, el gobierno chavista no desaprovecha oportunidad para enfilar su artillería verbal contra Colombia, la aliada del “imperialismo” en un supuesto complot para derrocarlo e impedir que se consolide la “revolución bolivariana”.

De amenazar con la colocación de misiles apuntando hacia nuestro país volvió, en días pasados, a acusar al presidente Iván Duque de seguir instrucciones de Estados Unidos para desatar un conflicto armado con Venezuela. “Tenemos un ‘garganta profunda’ en Colombia (...), no debía decirlo (...), gente al más alto nivel de las instituciones que no quieren odio ni guerra”, aseguró tras conocer la activación del pacto de defensa interamericano, TIAR, en su contra.

Unos 4.3 millones de venezolanos han abandonado su país debido a la aguda crisis política y económica, la violencia y la creciente escasez de alimentos y medicinas, el 80% a otros países latinoamericanos y caribeños, según la OEA y la ONU, que resaltaron que “es el mayor número de desplazados en el mundo sin tener una guerra o una catástrofe natural”.

Y ese deslave humano no cesa. A diario son centenares de venezolanos que se aventuran a buscar futuro en otros países y que ha desatado un verdadero drama en varios de ellos, como Colombia, que tiene la mayor cantidad (1.3 millones) lo que ha llevado a convocar la ayuda de la comunidad internacional.

El repetitivo discurso de Maduro contra Colombia busca distraer el caos económico y social venezolano, donde la inflación galopa por encima del 1.000.000% y la moneda local sufrió una enorme depreciación entre julio y septiembre, saltando de una cotización oficial de Bs. 6.721,56 por dólar a Bs. 21.555,41.

Es una carrera contrarreloj, con precios que aumentan rápidamente mientras el valor de sus ingresos en bolívares se diluye. El salario mínimo equivale a unos 1,40 dólares mensuales, bajo el límite de ingresos diarios establecido por la ONU como umbral de pobreza. Al sueldo se agrega un bono de alimentación de 1,2 dólares.

Y lo más grave es que la situación empeora con el paso de los días sin que se vislumbre una solución, ya que por la vía política, el diálogo de Maduro con la oposición liderada por el reconocido por la comunidad internacional como presidente interino, Juan Guaidó, está roto, o mejor dicho, “agotado” como él mismo lo dijo.

Puntos ígneos para Evo

Bolivia no es frontera con Colombia pero en este país también se registra agite político y social. A menos de 15 días de la elección en la que el presidente Evo Morales se juega su cuarto período, tras un nuevo “articulito” que cambió de la Constitución para permitirle seguir en el poder, se enfrenta a una protesta indígena y a un inesperado avance de su rival opositor, según las encuestas.

Evo, quien gobierna el país desde 2006, afronta un camino cuesta arriba para la jornada de las urnas, este 20 de octubre, en las que pugnará por un nuevo mandato que la oposición considera inconstitucional.

A Morales, que ganó las tres elecciones anteriores con abrumadora mayoría, le juegan en contra esta vez el natural desgaste de su imagen tras 14 años de administración, el gigantesco incendio forestal que duró cinco semanas y la sombra de su principal adversario, el centrista Carlos Mesa.

Aunque lidera todas las encuestas, el gobernante, de 59 años, que nacionalizó el petróleo en 2006 y expulsó al embajador estadounidense en su primera gestión, enfrenta nuevos obstáculos, lo que hace tambalear su reelección, ya que si bien todas las encuestas lo dan como ganador el próximo 20 de octubre no podría evitar el balotaje decembrino, con altísimo riesgo de perder según coinciden los sondeos.

Evo, que en 2006 arrasó con el 54% de los votos y en sus dos reelecciones sucesivas (2010-2015 y 2015-2020) logró 64% y 61%, respectivamente, en primera vuelta, se enfrenta ahora a obtener como máximo un 40% pero con tan solo unos cinco puntos porcentuales de ventaja sobre Mesa, lo que forzaría a segunda vuelta.

A este preocupante panorama, antesala de la decisiva contienda electoral, se agregará otro punto ígneo para el Mandatario boliviano: la marcha que desde hace 20 días emprendieron desde el este del país hacia la ciudad de Santa Cruz los indígenas del Bosque Chiquitano para exigir al Mandatario que declare zona de desastre a la región devastada por incendios que consumieron 3,9 millones de hectáreas y la abrogación de normas que permitieron el desmonte mediante la quema para ampliar la frontera agropecuaria.