Una amplia discusión tuvo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca que se levante la inhabilidad para contratar con el Estado a los concejales de los municipios de cuarta, quinta y sexta categorías.

La iniciativa busca también promover su profesionalización mediante un auxilio para que puedan acceder a instituciones de educación superior. En los motivos del proyecto, se expone que los concejales de esos municipios reciben un sueldo inferior al salario mínimo, sin derecho a prestaciones ni a primas, lo que desestimula que se puedan generar nuevos liderazgos en las regiones.

El representante por Huila, Julio César Triana, de Cambio Radical, expresó su respaldo. “Este proyecto lo apoyamos no solamente quienes ya pasamos por un concejo sino quienes estamos convencidos que muchos municipios de Colombia tienen en sus concejales y ediles una máquina de presión y extorsión porque viven buscando a las malas su sustento. Tal vez este sea hoy el mecanismo para que los concejales y ediles no tengan ese pretexto y tal vez lo que tenemos que buscar es que el espíritu de esta norma sea permitirles lo que equivocadamente en el pasado se quitó: el derecho a que las personas puedan ejercer funciones políticas, ejercer funciones de junta directiva, pero también ejercer su propia profesión u oficio en aras de garantizar el sustento necesario”, dijo.

“No hay nada peor y no hay nada más triste que en cada elección las maquinarias políticas salgan a comprar los líderes que tienen hambre y necesidades. Que salgan a ponerle precio a un concejal, edil o líder. Y salen a ponerle precio porque esas personas no tienen la posibilidad de sostener sus principales necesidades”, agregó.

Pero la representante por Bogotá, Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, se mostró en desacuerdo con la iniciativa.

“Como nos pasa muchas veces en las discusiones en la Comisión Primera, estamos ante un problema filosófico bien importante y es cuál es la naturaleza del rol de un servidor público que representa a unos ciudadanos (…). Creo que esa función, ese rol merece un pago porque implica hacerlo de manera rigurosa, trabajar constantemente. Pretender que alguien lo haga sin pago no solo creo que es utópico sino que francamente no creo que personas serias, rigurosas lo harían y por eso siempre defenderé que mejoremos los salarios de los concejales, que estandaricemos. Que no sea esta lógica absurda en función de horas sino que sea una lógica rigurosa de buen trabajo bien remunerado, pero creo que la lógica no es ponerlos a ver cómo rasgan contratos de un lado y de otro para tratar de ver como se soportan”, sostuvo.

Afirmó que al levantar esta inhabilidad “la esencia del trabajo de un concejal ya no sería estar en función del bien común sino que va a estar todo el tiempo dando la discusión de cómo voy yo ahí, cómo voy con esta decisión en el Concejo frente a uno u otro contrato al cual podría acceder para financiarme. Yo creo que el concejal o la concejala debería estar lo más distanciado posible de tener intereses privados en la contratación”.

“Contarán conmigo siempre para una norma que nos permita remunerar de manera justa a concejales que hagan su trabajo honroso, con toda la dedicación y el rigor que se merece, pero no creo que abrir la posibilidad a contratos sea la manera de hacerlo. Resta en transparencia y genera más corrupción”, subrayó.