Legisladores no entienden el cambio de postura por parte de la Corte Suprema.
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El Congreso rechazó la petición de la Corte Suprema de Justicia de archivar la doble instancia para aforados. La petición llegó por medio de una carta de un párrafo, diciendo que “dadas las condiciones actuales por las que atraviesa la Rama Judicial y analizadas las mismas por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, de manera respetuosa le solicitamos que no se siga con el trámite del Acto Legislativo de la referencia y, consecuentemente, se ordene el archivo”. La comunicación la firma el magistrado Rigoberto Echeverri, presidente del alto tribunal.
En efecto, a la Corte Suprema de Justicia le parece anómalo seguir procediendo con la creación de la doble instancia que podría afectar las investigaciones y los procesos que se llevan actualmente en esa Corporación contra varios congresistas, implicados tanto en las coimas de Odebrecht como en el escándalo judicial bautizado como el "cartel de la toga". En esa dirección deja entrever que, de continuarse la discusión del acto legislativo y del artículo correspondiente, podría incurrirse en un indebido interés por parte de los parlamentarios. La doble instancia para los aforados se presentó antes de que se conocieran los actuales escándalos que tienen sorprendidos a los colombianos, por lo cual la Corte Suprema ha pedido su archivo inmediato.
Conocida esta misiva, el senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, ponente de la iniciativa, dijo que “es por primera vez que se obtiene un consenso de las tres ramas del poder para legislar sobre la segunda instancia. Esta propuesta tuvo origen en la Sala de Casación Penal, impulsada por su presidente. Pero después de los acontecimientos que la opinión nacional conoce, la plenaria de la Corte Suprema de Justicia solicita a la Comisión Primera no continuar con el trámite”.
Entre tanto, el presidente de la Comisión Primera del Senado, Roosvelt Rodríguez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), explicó que “está en pleno derecho la Corte de reclamarle a la Comisión y al Congreso que se archive un proyecto, solo que la decisión le corresponde en este caso a la Comisión. Veo que no tiene mucho misterio y yo opté por nombrar una Comisión para que se acerque con los autores del proyecto. No solo la Corte es autora del proyecto. También lo es Fiscalía, el Gobierno por medio de los ministerios del Interior y de Justicia y algunos senadores. La Comisión tiene el propósito de entrevistarse con ellos y traerle un informe a la Primera, para ver qué hacemos con el trámite de ese proyecto”.
La necesidad
La senadora liberal Viviane Morales informó que “creo que en este momento más que nunca se necesita la segunda instancia, porque el tema de no tenerla genera unos jueces con poderes absolutos. Por eso se inventó la doble instancia en el derecho para que el ciudadano tuviera la garantía de que cualquier equivocación humana pudiera ser estudiada y tuviera ese derecho. Los congresistas y los aforados no lo tienen. Y eso en cierta forma ha hecho que se den los abusos en la Corte Suprema de Justicia, porque el magistrado tiene poder absoluto al aforar y cuando es dueño de la libertad, de la honra y de la vida y muerte política, es demasiado poder y hay que limitarlo”.
El senador José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, consideró que “es una carta irregular, en primer lugar porque desconoce la Ley Quinta. Bien se sabe que un proyecto presentado y ya en trámite solo puede ser votado, positiva o negativamente, por la Comisión, y el ponente, ni el presidente pueden retírarlo del debate. Podrían hacer mutis por el foro, pero no retirarlo”.
Resaltó también que “inclusive la redacción de la carta es dejar de tramitarlo, que no siga, eso es contrario a la redacción de la Ley Quinta”.
El también senador uribista Jaime Amín aseveró que “nos parece que es una carta que llega en un momento inoportuno. Este Congreso ya ha sido vilipendiado, disminuido, desconocido. El mismo, durante las dos últimas décadas, ha estado con un temor casi que invencible para aprobar normas que en cualquier otra democracia operan y operan en favor de todos los ciudadanos por igual”.
Dijo que “en este caso se trata de un proyecto de acto legislativo que ya cursaría el quinto debate, es decir segunda vuelta, que consagra la doble instancia no como un privilegio, sino como un derecho. El derecho universal como cualquier ciudadano en cualquier democracia y la Corte sale con una carta en un tono que no entendemos, que no compartimos, diciéndole al Congreso que no cumpla con sus funciones constitucionales de darle curso a los proyectos de ley y acto legislativo como este que es muy importante, en el cual hay consenso”.
Añadió que se ha instado a los compañeros de la Comisión a que una vez se resuelva la solicitud del presidente se pueda definir positivamente.
Alfredo Rangel, también del Centro Democrático, explicó también que “la Corte Suprema por boca de su presidente pide no seguir discutiendo un proyecto de ley que garantiza la doble instancia para el caso de los aforados y la posibilidad de impugnar la sentencia de la primera instancia”.
Pero anotó que “es una solicitud fuera de lugar, puesto que la doble instancia es un derecho esencial para todos los ciudadanos y cualquier democracia. Y en Colombia hay una situación absolutamente inconstitucional y es que un grupo de ciudadanos no tiene derecho a impugnar la sentencia de sus jueces en primera instancia y a tener un juez en segunda instancia. Este proyecto trata de corregirlo”.
También el Gobierno se pronunció por medio del viceministro de Justicia, Fabio Marín, quien asistió al Congreso en calidad de ministro encargado. “Creemos que el Congreso debe definir en su autonomía qué quiere hacer con esa solicitud y nosotros nos acogemos a lo que se establezca en la Comisión, en la plenaria. Realmente no es pronunciamiento nuestro. Ni lo compartimos, ni lo rechazamos. Es una posición de la Corte Suprema, de manera que el trámite que le dé el Congreso es la correcta”, dijo Marín.