Del paquete para combatir el flagelo, solo una iniciativa fue aprobada por el Congreso: la que establece mecanismos de rendición de cuentas para funcionarios

________________________________________

Hace exactamente un año más de 11.600.000 colombianos votaron en la consulta anticorrupción.

Mediante este mecanismo de participación ciudadana, se buscaba establecer una serie de medidas, como limitar a un máximo de tres los periodos de los congresistas, fijar un tope a sus salarios, discutir los presupuestos de inversión pública en audiencias, eliminar privilegios a condenados por corrupción y terminar unilateralmente contratos, así mismo obligar a funcionarios a hacer pública su declaración de renta y de bienes.

La iniciativa estuvo muy cerca de alcanzar el umbral que tenía como referencia la tercera parte del censo electoral, 12.140.342 (33,33%), pues votaron un total de 11.669.346 (32,04%) ciudadanos, según reportó la Registraduría Nacional del Estado Civil. En las siete preguntas contenidas en el tarjetón triunfó el sí, aunque ninguna arribó al umbral requerido.

Un total de 11.517.937 votos resultaron válidos: 99,16% por la opción del sí y solo el 0,83% por el no. Fueron nulos 25.168 tarjetones y 126.241 no fueron marcados.

Días después del resultado, el presidente Iván Duque junto a las voceras de la iniciativa, la senadora Angélica Lozano y la hoy exsenadora Claudia López, y voceros de los partidos se comprometieron a impulsar las iniciativas en el Congreso de la República.

No obstante, muy poco han avanzado las iniciativas durante este periodo. De acuerdo con un balance presentado recientemente por la Veeduría Ciudadana al Mandato Anticorrupción, conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil, que hizo un seguimiento de los “compromisos del pacto político del Gobierno nacional y de los partidos políticos para crear nuevas y mejores medidas anticorrupción”, de 24 proyectos presentados 10 se hundieron, 2 no tienen ponencias, 5 tienen algún tipo de discusión. Estos últimos, señalan, están más caracterizados por “la inclusión de micos y retrocesos o por ser propuestas con bajo impacto”.

“Esperamos que el anuncio del presidente Duque de impulsar los proyectos anticorrupción se traduzcan en acciones, no solo las de la generación de mensajes de urgencia para los proyectos anticorrupción, también las relacionadas con su gestión, como la elección de la nueva dirección de la Fiscalía General de la Nación, por lo que significa este cargo para la lucha anticorrupción”, añaden las organizaciones.

Se hundieron

El límite a los periodos de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa. El proyecto fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de Cámara con la modificación de hacerlos no consecutivos y posteriormente fue archivado en la plenaria.

Tope de salarios de los congresistas y servidores del Estado. Esta iniciativa no superó el primer debate en la Comisión Primera de Cámara. La mayoría de los miembros de la célula legislativa se declararon impedidos, incluidos sus ponentes, por conflicto de intereses, “dejando de lado que el proyecto planteaba un régimen de transición y estaba supeditado a nuevos congresistas”.

No prescripción. El proyecto de hacer imprescriptibles los delitos contra la administración pública, el cual no cumplió el primero de sus cuatro debates.

Adopción de medidas en materia penal y administrativa contra la corrupción. Proyecto presentado por la Fiscalía y conocido como ley anticorrupción. Entre sus puntos clave estaba que quienes fueran condenados por actos contra la administración pública debían tener “reclusión efectiva” intramural, por lo cual no podrían acceder a libertad condicional ni pagar su pena en detención domiciliaria. El texto no fue conciliado por las dos cámaras por lo que terminó siendo archivado.

Reforma política. Se hundió luego de que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, desistiera en el trámite de la iniciativa. Según dijo en su momento, en la discusión del año pasado se le había quitado la lista cerrada, columna vertebral de la misma.

Reforma a la justicia. El hundimiento de la reforma constitucional conllevó a que la entonces ministra de Justicia, Gloria María Borrero, renunciara al cargo.

Presupuestos participativos. Proyecto para incentivar la transparencia y la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación se hundió en la Comisión Cuarta de Senado.

La iniciativa que pretendía desvincular los salarios de los funcionarios públicos con el de los congresistas, no consiguió ni siquiera primer debate.

Tope para salario de los congresistas y servidores del Estado que fue retirado por el Ministerio del Interior al ser presentado concepto jurídico que pedía hundirlo.

Sin ponencia

Los dos proyectos que no tienen ponencias son sobre tope de salarios y la cátedra obligatoria de ética ciudadana que impone sanciones sociales a quienes hayan sido condenados por actos de corrupción.

Aprobadas o en trámite

Mecanismos de rendición de cuentas de los congresistas, concejales, diputados e integrantes de Juntas Administradoras Locales. Esta iniciativa fue aprobada en último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes en la última jornada de la pasada legislatura. Pasó a sanción presidencial.

Los pliegos tipo. Por unanimidad, la Comisión Primera  de la Cámara aprobó a mediados de este mes en tercer debate la iniciativa que extiende los pliegos tipo a toda la contratación del Estado.

La publicación de las declaraciones de renta y registro de intereses privados. A este proyecto solo le falta la aprobación de la plenaria de la Cámara de Representantes. En caso de ser aprobado, pasaría a conciliación del texto en Cámara y Senado y luego a sanción presidencial.

Inhabilidades para los condenados por corrupción y la terminación unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción. Esta iniciativa fue aprobada a comienzo de mes en la plenaria de la Cámara de Representantes en su segundo debate.

Proyecto de Gobierno y Fiscalía

Tras el hundimiento de la denominada ley anticorrupción, el presidente Iván Duque y el fiscal Fabio Espitia radicaron una nueva iniciativa que tiene como base el texto que los parlamentarios dejaron hundir en la pasada legislatura, y que se volvió a presentar con el compromiso de las diferentes colectividades de sacarlo adelante este año.

Establece medidas administrativas para luchar contra la corrupción como es el hecho de incluir entre las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado a las personas naturales y jurídicas que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública.

Además prevé la obligatoriedad del entidad contratante y de los contratistas, de realizar todas las operaciones en dinero con subcontratistas y terceros a través de consignaciones o trasferencias de dinero mediante una cuenta única bancaria, transferencias electrónicas o corresponsales bancarios.

En materia de disposiciones penales el proyecto contra la corrupción que radicaron el Gobierno y el Fiscal (e) establece que no procederá la casa por cárcel en los delitos que afecten el patrimonio del Estado y en los delitos dolosos contra la administración pública.