Aunque ya existen normas, se busca unificar la regulación en la materia. Los empresarios esperan que se analice bien lo relativo a la prohibición, para no dar vía libre a elementos más contaminantes
___________
Ante la creciente conciencia de la opinión pública y la presión de las organizaciones ambientales nacionales e internacionales, cobran vital vigencia dos proyectos que se tramitan en el Congreso sobre plásticos de un solo uso.
En 13 días, cuando la Cámara reinicie sus sesiones ordinarias, estará listo para ser abordado por la plenaria el segundo debate de un proyecto de ley radicado por el representante de Caquetá, Harry González, acumulado con otro presentado por su colega por Bogotá, Juan Carlos Losada. González y Losada son del Partido Liberal.
Mientras tanto, en el Senado hay cuatro iniciativas (dos de las bancadas alternativas, otra de los congresistas de Colombia Justa Libres y uno más de la senadora Maritza Martínez, de La U) que probablemente también se acumulen.
Sin embargo, en este momento Colombia ya tiene una amplia regulación sobre el uso de plásticos. En la reforma tributaria de 2016 el Congreso aprobó un impuesto a las bolsas plásticas que comenzó con $20 y que este año llegará a $50. Por otro lado hay una norma que obliga a los establecimientos a entregar bolsas de colores (verde, negro y blanco) para que los consumidores realicen la adecuada separación de los residuos.
Además, está la Resolución 1407 de 2018 del Ministerio de Salud obliga a los empresarios a formular, implementar y mantener actualizado un plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques, en el marco de la responsabilidad extendida del productor. Es decir, cualquier empresa que ponga en el mercado un producto empacado en plástico, papel, cartón o metal tiene la obligación de crear un plan de gestión ambiental de los residuos con unas metas de reciclaje.
Sin contar con la ley que prohíbe los plásticos en el archipiélago de San Andrés, lo que incluye productos como bolsas plásticas, platos, pitillos y vasos de plástico y/o poliestireno (conocido popularmente como icopor).
Por último, están las resoluciones departamentales y municipales que buscan prohibir este tipo de productos. Por ejemplo, las gobernaciones de Valle del Cauca, Nariño y Boyacá, así como la Alcaldía de Santa Marta, tienen resoluciones al respecto.
Norma nacional
Frente al tema, el representante Losada le aseguró a EL NUEVO SIGLO que el proyecto de ley que ya está tramitándose “es muy importante porque prohíbe el uso de plásticos en todo el país, no solo para San Andrés como está actualmente, y por supuesto, que esto evitaría lo que está sucediendo hoy: que haya regulaciones municipales y departamentales que no son las mismas para todos. Aquí abarcaríamos a todo el país”.
Según dijo, “las resoluciones departamentales y municipales pueden generar una gran confusión. Lo que es necesario es una gran resolución nacional que prohíba y regule el uso de los plásticos en Colombia. Creo que las resoluciones de Santa Marta y de Valle del Cauca son muy positivas y se concentran en el problema de fondo. Sin embargo, las gobernaciones de Nariño y Boyacá solo tienen que ver con compras públicas. Es muy importante ser coherentes desde las administraciones, pero eso no soluciona el problema”.
Cabe anotar que, en el proyecto la prohibición empezaría a regir en 2025. Según explicó Losada, esto se haría “porque el plástico es un problema para los ecosistemas marinos y como los Objetivos de Desarrollo Sostenible del mar tienen metas para el año 2025 por eso se hace tan importante prohibir estos temas. Sin embargo, seguimos abiertos para mirar qué plásticos se puede prohibir para el 2022, cuáles para 2025 y si hubiese unos más problemáticos para prohibirlos en 2028. Queremos permitir una transición lo menos dolorosa para las industrias. La realidad es que las industrias se oponen a la prohibición de plásticos de un solo uso porque ellos cuidan primero sus intereses económicos y no los intereses medioambientales”.
Diferencias
Sin embargo, el representante por Cundinamarca, Rubén Darío Molano, del Centro Democrático, le aseguró a este Diario que es evidente “que se debe limitar el uso de los plásticos en Colombia, pero eso no debe hacerse por la vía de las prohibiciones. Creo que hay que construir un plan de transformación, de sustitución de esas actividades, porque es preciso recordar que quienes están en esa industria están cumpliendo con las garantías que la ley les otorga. Ellos no están en una actividad ilícita. Lo hicieron, además, al amparo de una norma constitucional que se denomina iniciativa privada, por lo que ellos también tienen derechos y uno no puede de una sola eliminar sus derechos, y prohibir la actividad sin considerar el impacto que eso puede tener sobre el empleo y quienes viven de la actividad”.
Según dijo, debe haber un proyecto que garantice paulatinamente “ir retirando esos plásticos, pero con alternativas, porque a todos les asiste el derecho de desarrollar una actividad bajo el amparo legal y constitucional, además, todos merecen un trato conforme con esa situación”.
Así mismo, explicó que “se deben crear incentivos para los empresarios. Si uno tiene una empresa de esas y la obligan a desmontar, obliga una serie de compromisos financieros, económicos y laborales, que deberían tener un apoyo de una entidad del Estado que les permita dedicarse a otras actividades o incluso hacer el cierre definitivo de la planta en condiciones favorables”.
Por otro lado, Daniel Mitchell, de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos), le manifestó a este Medio que “en Cámara se busca la prohibición de unos artículos. Nosotros no estamos de acuerdo con una prohibición, pues las tasas de reciclaje de plásticos siguen creciendo mucho, las tecnologías vienen avanzando y el plástico es una realidad en distintas partes de Colombia. Por más que haya unos términos, este es un tema que es importante regular y regularlo bien. Para nosotros los mejores mecanismos son la economía circular y el reciclaje de los plásticos”.
Mitchell advirtió que “antes de prohibir hay que pensar si el sustituto tiene un uso peor para el ambiente, que es lo que sucede con el vidrio o con el papel. No tiene sentido promover un material con un impacto ambiental más alto en cuanto a huella de carbono, huella hídrica o materiales que no se pueden reciclar. Lo primero que pedimos es que se haga un análisis juicioso del ciclo de vida antes de tomar estas medidas”.