El Gobierno nacional, con apoyo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Oficina de la ONU contra la Droga y el delito (Unodoc), puso en marcha el Proyecto Modelos de Justicia Local y Rural (Mjlr).

Se trata de una estrategia enfocada en las personas, inclusiva, pertinente, oportuna y de carácter nacional, liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho que busca promover el acceso efectivo a la justicia a través de una gestión integral y con perspectiva poblacional y territorial que ofrezca respuestas pertinentes y oportunas a los ciudadanos.

• Le puede interesar: Procuraduría pide a Ungrd acción urgente en Riosucio

La idea es contribuir a la construcción de paz y a la estabilización y desarrollo integral de los territorios, con énfasis en las zonas rurales, por ello la medida será impulsada, en principio, en 22 municipios PDET (Programas con Enfoque de Desarrollo Territorial) de seis departamentos. 

Estos modelos ayudarán a generar capacidades en las comunidades para que ellas mismas gestionen sus conflictos a través del empoderamiento en derechos, deberes y rutas de acceso.

También ayudarán a los operadores de justicia a formular e implementar acciones que garanticen el acceso y que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos; y fortalecerán las políticas públicas que promueven la convivencia, la gestión pacífica de los conflictos y la legalidad.  

El anuncio de la nueva estrategia lo hizo desde el municipio de Carepa, en el Urabá antioqueño, el presidente Iván Duque, en compañía del ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela; la representante residente para Colombia del Pnud, Jessica Faieta; el representante para Colombia de la Unodc, Pierre Lapaque; el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa; y el alcalde de Carepa, Jonnan Alexis Cerquera. 

En la primera etapa los Mjlr se implementarán de forma gradual y con prioridad en municipios PDET y Zonas Futuro en Carepa y Nechí (Antioquia); Buenos Aires, Caldono, Jambaló y Miranda (Cauca); Bojayá, Condoto, Nóvita y Unguía (Chocó); El Charco, Roberto Payán, La Tola y Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño); Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); y Orito, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel y Valle de Guamuez (Putumayo).  

Dichas poblaciones han sido priorizadas por ser afectadas gravemente durante el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.   

En un primer momento, la estrategia se pondrá en marcha con recursos del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y se implementará bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia y del Derecho, en asocio con el Pnud, Unodoc y las administraciones municipales. 

En su intervención, el presidente Duque dijo que con esta iniciativa el país está dando un paso mayor en materia de legalidad en los territorios.

“Hoy estamos dando un paso mayor en materia de legalidad y que esta iniciativa, que vamos a estar monitoreando permanentemente, también se una a que en este territorio estaremos mostrando cada vez más y mejores resultados contra el narcotráfico y contra el crimen organizado”, aseguró.

Duque señaló que si lo que se busca es acercar la justicia a los territorios, se debe hacer. “Si queremos construir justicia en los territorios también tenemos que derrotar el narcotráfico, porque el narcotráfico es deforestador, es ecocida, es asesino, es ultrajador de niños y de mujeres”, aseguró

En ese contexto, recalcó que para derrotar esta actividad es necesario combinar todas las herramientas como la erradicación, la sustitución, el desarrollo alternativo, la aspersión con precisión donde corresponde, bajo los lineamientos que estableció la Corte Constitucional.