POR CONSIDERAR que la crisis humanitaria en La Guajira, la situación de cosas inconstitucionales y la necesidad de tomar medidas por la fuerte sequía que se espera por el fenómeno de ‘El Niño’ son hechos sobrevinientes, la procuradora Margarita Cabello le solicitó a la Corte Constitucional tumbar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, que adoptó el Gobierno nacional por 30 días.
La jefa del Ministerio Público hizo tal solicitud en un concepto para el estudio que realiza la Corte al Decreto 1085 de 2023, por medio del cual el presidente Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, en el marco del cual priorizó 11 sectores.
El Decreto indica que, para garantizar la supervivencia de las personas afectadas en condiciones dignas, el Gobierno enfocará sus esfuerzos en los sectores de salud, agua y saneamiento básico, agropecuario y rural, medio ambiental, educación, energía, transporte, tributos e inversiones, inclusión, tecnologías de la información y las comunicaciones y medidas presupuestales, planeación y contratación.
Sin embargo, la procuradora señaló que el Decreto 1085 de 2023 es inconstitucional porque declara una emergencia con base en hechos que no son sobrevinientes y, por el contrario, pueden ser atendidos por medio de los mecanismos ordinarios.
La procuradora general sostuvo que, si bien no se desconoce la gravedad de la crisis de acceso y cobertura de servicios básicos vitales en La Guajira, se trata de una problemática que responde a factores estructurales y, por consiguiente, debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales construidos a través de la experiencia, es decir, sin otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno nacional.
Agregó que para superar la crisis social y económica estructural que se enfrenta en el departamento, el Gobierno nacional está en mora de acatar las órdenes de atención en favor de la población emitidas por la Corte Constitucional en el trámite de cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira.
“Resulta inadmisible la pretensión del presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia, desestimando las medidas a su alcance dispuestas por el legislador, las instancias técnicas del Ejecutivo y la Corte Constitucional para atender en el corto, mediano y largo plazo la situación estructural que afecta al departamento”, resaltó la jefa del Ministerio Público en su concepto.
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Los decretos
Las facultades al presidente por el Estado de Emergencia para La Guajira, por 30 días, vencieron el pasado primero de agosto, cuando antes de que se venciera el plazo, el Gobierno expidió 11 decretos legislativos para igual número de sectores con el propósito de enfrentar la crisis humanitaria, la situación de cosas inconstitucionales que vive y para mitigar los fenómenos climáticos de alto impacto que se esperan en la región.
Entre las medidas se cobrará una sobretasa en el resto del país en la tarifa de energía a los estratos 4, 5 y 6 y usuarios comerciales para asegurar la prestación del servicio en ese departamento.
De igual forma, en el Decreto 1267 se adoptan medidas temporales para la reactivación del turismo en el departamento de La Guajira; mientras que el Decreto 1268 establece medidas “para la recuperación de las Salinas Marítimas de Manaure”.
En el Decreto 1269 se toman medidas en el sector educación. Seguidamente, en el Decreto 1270 “se adoptan medidas en materia de salud”.
Los 11 decretos quedarán sin efecto si la Corte Constitucional llegara a determinar inconstitucional el Estado de Emergencia que el Gobierno declaró para La Guajira.
El pasado 11 de agosto, la Corte realizó una audiencia en el marco del estudio que hace a esta Emergencia, sesión a la que el presidente Petro fue para defender las motivaciones de la medida de excepción.
“Todos sus indicadores sociales acumulados en el tiempo, que se podrían medir quizás en el índice de pobreza multidimensional, hacen que La Guajira casi en todos los sentidos sea más pobre, con más necesidades básicas insatisfechas, que el resto de Colombia… Eso viene de décadas atrás, es uno de los territorios excluidos del país. Tiene un agravante en relación con los demás territorios excluidos y es que, por cultura, su población indígena wayuu, que es la población más grande indígena de Colombia, se dispersa en el territorio”, dijo Petro.