El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, envió solicitudes al Ministerio de Minas, al de Transporte y a la Fiscalía para que investiguen la posible implicación de funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro en el caso de corrupción conocido como 'Las Marionetas'.
La solicitud se centra en tres personas: Carlos Javier Méndez Suárez, Tatiana Medrano López y Juan Mauricio Montealegre Guzmán, todos vinculados al entramado de corrupción señalado por el testigo estrella en el caso Marionetas II.
En sus cartas, Idárraga detalla la conexión de estos individuos con entidades gubernamentales y la necesidad de examinar su historial y participación en procesos administrativos. Carlos Javier Méndez Suárez, exdirector de Infraestructura Social y Hábitat, DPS, actualmente con contrato en la ANI, y Tatiana Medrano López, excontratista de la Subdirección de Contratos y Seguimiento, son algunos de los nombres en el centro de la investigación.
La denuncia de la Secretaría de Transparencia apunta a que estos funcionarios podrían estar desempeñando roles clave en el Ministerio de Minas y Transporte. Idárraga ha requerido al ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, y al ministro de Transporte, William Camargo, documentos como hojas de vida y actos administrativos para evaluar la posible vinculación de estos individuos con el escándalo.
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La preocupación por la transparencia y la integridad en el manejo de recursos públicos es evidente en las palabras de Idárraga al expresar: "Se remita a mi despacho copia de la hoja de vida... y las declaraciones de bienes y rentas del mismo". Estos documentos, según el secretario, son cruciales para descartar cualquier irregularidad en la gestión de recursos públicos.
La denuncia, además, se ha trasladado al fiscal general Francisco Barbosa, quien será clave en determinar la posible participación o vinculación de estos funcionarios en el proceso penal 'Marionetas II'. La investigación, centrada en presuntas prácticas corruptas relacionadas con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), involucra a funcionarios del Gobierno y senadores en un presunto entramado de corrupción.
