Casi duplicar la meta de indemnización administrativa a las víctimas del conflicto prevista para el próximo cuatrienio en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) pidió la Mesa Nacional de Participación Efectiva durante la reunión de seguimiento a la Ley de Víctimas que sesionó en la Cámara de Representantes.

Según la Mesa, en el PND “por un lado no se observan metas específicas y particulares para víctimas del conflicto armado en materia de derechos sociales y superación de vulnerabilidades (en vivienda, educación, salud, generación de ingresos, etc.); y por el otro se contemplan metas bajas en materia de indemnización administrativa (510.000 nuevas víctimas indemnizadas en el cuatrienio frente a un universo de víctimas de más de 7 millones), situación que se replica tratándose de restitución de tierras, atención psicosocial, entre otros”.

Los voceros de la Mesa le propusieron al Gobierno y al Congreso incluir en el PND “una meta de al menos 1 millón de víctimas nuevas indemnizadas administrativamente”.

A través de un comunicado, la Mesa explicó que “de acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) en Colombia se han registrado 8.771.850 víctimas del conflicto armado de las cuales 7.124.143 deben ser sujetos de asistencia y reparación; sin embargo, hasta la fecha solo el 12% de las víctimas del conflicto armado que tendrían derecho a la indemnización administrativa la han recibido. Lo que significa que a ocho años de la expedición de la Ley 1448 más del 80% de las víctimas siguen sin ser indemnizadas, y se presentan rezagos en otras medidas como la restitución de tierras, la atención psicosocial, el acceso a vivienda, educación o empleo digno”.

La Mesa también les planteó al Gobierno y al Congreso aumentar “las metas de empleo, atención psicosocial y de iniciativas de memoria”, incluir “metas específicas y particulares para víctimas en materia de acceso a tierras, y en los derechos sociales de salud, educación, vivienda y generación de ingresos”, expedir “una directiva para el ajuste al Sisbén IV para que se capture información del conjunto de derechos contemplados en la ley y en las normas para las víctimas del conflicto armado (ya que este Sisbén no contempla información del conjunto de derechos)” y otra “directiva para la elaboración de protocolos de colaboración entre los sistemas de atención y reparación integral a víctimas y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición”.

“La indemnización administrativa”, expuso la Mesa, “es una medida de reparación propia de contextos de justicia transicional, en los que se pretende asignar una compensación económica a un gran número de personas, atendiendo a criterios de equidad. Esta medida se encuentra en el centro de la política pública de reparación, porque la Ley 1448 de 2011 la concibió como el reconocimiento que hace el Estado al daño sufrido y como el mecanismo que impulsa la trasformación de las condiciones de vulnerabilidad del núcleo familiar”.

En el comunicado, la Mesa sostuvo que “los daños sufridos por las víctimas son los resultados de acciones violentas que han vulnerado los derechos de personas y comunidades y que han producido dolor, sufrimiento y distintas afectaciones en dimensiones íntimas, familiares, sociales, políticas, culturales y productivas”.