CONGRESISTAS DE diferentes bancadas presentaron una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que se declare el Estado de Cosas Inconstitucional en el departamento del Cauca, debido a las permanentes violaciones de derechos humanos y el deterioro del orden público que afectan a la población.

En ese sentido, los senadores David Luna, Paulino Risacos, Paloma Valencia, así como los representantes Carolina Arbeláez, Oscar Campo, Luz Ayda Pastrana, Hernándo González y Julio Cesa Triana. Alertaron de la difícil situación que atraviesa el departamento, pues ahora no solo se trata de la presencia de grupos armados en diferentes poblaciones, sino que, además, las comunidades cercanas a la vía Panamericana bloquean el corredor para exigir atención del Estado.

Advierte la misiva

“Como es de público conocimiento, el orden público en el departamento del Cauca genera una constante y permanente violación de derechos humanos que afecta la dignidad humana de su población, conformada por alrededor de 1.2 millones de personas. Es de resaltar que, según los reportes de la Unidad de Víctimas, aproximadamente el 50% de sus habitantes han sido víctimas del conflicto armado, en los últimos años”.

Además, agregó que “entre 2022 y principios de 2024, se cometieron 26 masacres con 87 víctimas y solo en el año 2023, fueron asesinados 38 líderes sociales. Así mismo, se han presentado 42 víctimas de minas antipersonas, incluyendo 10 menores de edad. Se han podido identificar los municipios más afectados del departamento del Cauca, como son Argelia, Santander de Quilichao, Corinto, Caldono, Buenos Aires y Balboa. En estos municipios proliferan las amenazas y extorsiones, sobre las cuales existe un subregistro, ya que en la población no existe certeza sobre la efectividad de las actuaciones del Estado”.

Para los parlamentarios, la responsabilidad de esta situación se la atribuyen directamente al Gobierno. “Además, es de resaltar que la situación de orden público del departamento del Cauca, empeoró con la entrada en vigencia del Decreto No.385 de 2024, firmado por el presidente Petro, mediante el cual se suspendió sobre los departamentos de Cauca, Valle y Nariño el cese al fuego bilateral de carácter nacional acordado desde el 01 de enero de 2023, con las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central (EMC)”.

Finalmente, la comunicación destaca que “en la Sentencia T - 302 de 2017, la Honorable Corte Constitucional dispuso los requisitos para declarar el Estado de Cosas Inconstitucional, como lo son la vulneración masiva y generalizada de derechos constitucionales; la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones; la no expedición de medidas para evitar la vulneración de los derechos; la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades”.

Al respecto, los congresistas advierten sobre la ausencia del Estado, que esto ha permitido que los menores de edad se encuentren expuestos a toda serie de violaciones contra sus derechos. Además, denuncian que las disidencias han cometido cerca de 90 atentados en diferentes poblaciones del departamento entre enero y julio de 2024.

Recientemente, fueron asesinados con explosivos un menor de 10 años en El Plateado y otro de 12 años en Miranda. Según la Defensoría del Pueblo son 159 las denuncias que se han registrado por reclutamiento, pero es de público conocimiento que hay un subregistro porque los familiares temen denunciar.

Índices de violencia

Según datos de la Unidad de Víctimas, aproximadamente el 50% de los 1.2 millones de habitantes del Cauca han sido víctimas del conflicto armado en los últimos años. Entre 2022 y principios de 2024, se cometieron más de 25 masacres que dejaron más de 85 víctimas, y tan solo en 2023 fueron asesinados 38 líderes sociales.

Además, se reportaron 42 víctimas de minas antipersonales, de las cuales 10 eran menores de edad. Los municipios más afectados incluyen Argelia, Santander de Quilichao, Corinto, Caldono, Buenos Aires y Balboa, donde las amenazas y extorsiones son frecuentes y, en muchos casos, no se reportan debido a la falta de confianza en la autoridad.