Se llevó a cabo la audiencia pública en la Corte Constitucional sobre el decreto de reforma rural, y se escucharon peros por parte de los que intervinieron, aunque algunas voces le pidieron al alto tribunal rechazar el Decreto.

Uno de los más críticos fue el viceprocurador Juan Carlos Cortés, quien advirtió que la reforma rural integral expedida por el presidente Juan Manuel Santos para la implementación de los acuerdos, debe darse en escenarios deliberativos como el Congreso de la República, para que sean definidos aspectos relevantes como la restitución de bienes despojados a las víctimas y el desarrollo rural que los mismos deben tener.

Aseguró en su intervención que la Procuraduría considera que si bien este tema guarda un carácter directo con los acuerdos de paz, no hay argumentos suficientes para que sea de forma urgente por tratarse de un tema complejo y que relaciona a las víctimas del conflicto.

En consecuencia, solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible este Documento dentro del término que considere el alto tribunal, para que el Congreso dé trámite dentro de los debates correspondientes.

“Para la Procuraduría tampoco se dan las condiciones que permitirían flexibilizar la urgencia como criterio que restringe el uso de las referidas facultades, en particular por la noción de legitimidad democrática”, señaló el Viceprocurador.

Estas declaraciones se dan en el desarrollo de la audiencia pública en la Corte Constitucional sobre el control automático del Decreto-Ley 902 de 2017, “por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.

La magistrada ponente en este proceso de control constitucional, Gloria Ortiz, fue la primera en hablar. Luego se pronunciaron la Procuraduría, Fedepalma, la investigadora del tema de tierras Yamile Salinas, la exministra de Agricultura, Cecilia López Montaño y José Antonio Ocampo Gaviria. Este último, codirector del Banco de la República, fue quien lideró la Misión para la Transformación del Campo, creada por el Gobierno justamente para determinar qué decisiones tomar frente al desarrollo rural y agropecuario.

José Antonio Ocampo codirector del Banco de la República señaló que “mi posición fue que este decreto debe ser declarado exequible, por lo tanto que se pueda ejecutar lo más pronto posible”.

“Lo que encontró la misión rural indica que el 60 por ciento de los poseedores de tierras, de los que están explotando los terrenos no tienen títulos. De ahí la importancia de aclarar quién tiene derecho legítimo a la tierra, esa es la esencia de la formalización, y esto va aclarar cuáles son las tierras del Estado”, sostuvo Ocampo.  

En representación de los grupos étnicos, Gerardo Jumi, aseguró que “estamos señalando a nombre de la mesa permanente de concertación que ese decreto-ley consideramos que debe tener un pronunciamiento de la Corte Constitucional con una inexigibilidad condicionada, condicionada, porque en la parte que corresponde a los pueblos indígenas no hay dedicación en el decreto”.

Señaló que está pensado más para los pueblos indígenas, “pero lo que corresponde a los pueblos indígenas es necesario que haga una reglamentación que se incluya a los mismos”.

Por su lado el viceministro del Interior Luis Ernesto Gómez, dijo que “venimos a defender y exponer la manera como se han hecho las consultas previas con las comunidades indígenas, con los pueblos ROM, y con las comunidades negras y cómo recoge de una manera importante iniciativas que les favorecen, como una subcuenta para comunidades indígenas, y unas salvaguardas para los predios de los pueblos ROM”.

Dijo además que “lo que se buscó es lo que estuviera en este decreto, fuera de aquellos temas relacionados con el procedimiento, y que los temas sustanciales de la política de tierras fueran tramitados por medio del Congreso, y esa es la intención del Gobierno”.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, declaró que, en el caso del Decreto-Ley 902 del 29 de mayo de 2017 para implementar la Reforma Rural Integral, hubo “un diálogo permanente”, por lo que espera que sea igual con la Ley.

“Lo que ocurra en materia de seguridad rural, lo que ocurra en materia de la ocupación económica del territorio, los colombianos veremos o no una paz consolidada. El sector agropecuario en pleno está muy pendiente del texto que el Ministerio de Agricultura comparta y socialice con la Ley de Tierras. Llevamos esperando un mes”, aseguró.

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, dijo que “ojalá el decreto fuera declarado exequible por parte de la Corte, porque lo que se pretende es buscar unas herramientas como la disminución de trámites para la formalización de la propiedad rural de casi 5 o 10 años a meses de trámite”.

Indicó que prioriza a los beneficiarios de la reforma agraria como los pequeños que tienen acceso a la formalización y a los medianos que son los que tienen menos de 700 salarios mínimos, “y la necesidad de corregir lo que hemos hecho mal, no puede ser que la gente que vive en el campo sea tres veces más pobre que los que viven en las ciudades”.

Aseguró el Ministro que el 70 por ciento de los predios no tienen escritura hoy en día y aseguró que la gravedad de la situación en grande. “Solamente agilizamos el procedimiento, porque la parte sustancial ira en la ley de tierras, una vez sean terminadas las consultas previas”. 

“Esta parte son unas normas, unas herramientas sustanciales para hacer efectivo el acuerdo que no es el acuerdo para los 7 mil u 8 mil guerrilleros, es el acuerdo para los habitantes del campo que están esperando que el Estado llegue a estas zonas y formalicen las tierras”.

Concluyó que este decreto es urgente y recordó que el texto fue socializado con la SAC.