FINALMENTE, HOY después de versiones encontradas se sabrá en la Procuraduría si la Cancillería conciliará o no con Thomas Greg por el proceso extrajudicial que interpuso contra la nación por $ 120.000 millones, luego de que se declarara desierta la licitación para elaborar pasaportes. En una audiencia el viernes pasado, integrantes del Comité de Conciliación de este Ministerio presentaron una propuesta para negociar, sin embargo, el fin de semana el canciller se ratificó en su postura de no hacerlo.

En la reunión de este martes en la sede de la Procuraduría, a partir de las 2 de la tarde, se espera que la Cancillería presente ajustes a su propuesta de conciliación. Por lo menos en eso se quedó en el encuentro del pasado viernes, donde funcionarios de este Ministerio se reunieron con representantes de Thomas Greg, y manifestaron la intención de llegar a un acuerdo para evitar un pleito por más de $ 117.000 millones que reclama esta empresa.

Durante la audiencia, el Ministerio Público requirió a la Cancillería para que aporte los documentos, audios y vídeos que existan de la reunión del comité conciliatorio del Ministerio de Relaciones, y de esta forma aclarar los parámetros que definen el compromiso a acordar.

El Comité de Conciliación de la Cancillería se reunió el pasado 14 de diciembre para tomar una decisión sobre la acción que impetró Thomas Greg. De los cinco integrantes, tres votaron a favor de conciliar; uno manifestó su oposición y uno más se declaró impedido.

El pasado 13 de septiembre, la Cancillería decidió declarar desierta esta licitación y abrir un nuevo proceso por las críticas sobre la forma como se adelantó, pues solo permaneció Thomas Greg debido a que las otras empresas que se presentaron se retiraron manifestando falta de garantías para una selección objetiva.

Así mismo, la Procuraduría General y la Contraloría General de la República hicieron reparos a esa licitación.

Entonces, la Cancillería declaró la urgencia manifiesta con el fin de poder hacer un contrato de manera directa por un año y, así, evitar una parálisis en el servicio de pasaportes, el cual fue otorgado a Thomas Greg & Sons.

A pesar de ello, esta empresa inició un proceso contra la nación de conciliación extrajudicial por $ 120.000 millones, aduciendo perjuicios por la licitación declarada desierta y vulneración a sus intereses y derechos al haber obtenido la máxima calificación para que se le adjudicara el contrato.

Por este caso se presentó un choque entre el canciller Álvaro Leyva, quien considera que no hay por qué conciliar con esta empresa, y la entonces directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, quien manifestó que hay que hacerlo porque si se va a pleito habría gran probabilidad de que la nación pierda el caso.

En medio de esta situación Zamora dijo que el canciller la trató de manera grosera, lo que Leyva niega. Finalmente, le pidieron la renuncia, por lo que hasta ayer estuvo como directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Posición del canciller

Las declaraciones el pasado sábado del ministro Leyva ponen en duda si la Cancillería mantendrá la intención de conciliar con Thomas Greg, pues dijo a la revista Semana que “no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad”.

Sobre la decisión del Comité de Conciliación de la Cancillería de conciliar en este caso, como lo ratificaron en la audiencia en la Procuraduría el pasado viernes, el ministro Leyva mencionó que “ellos pasan unas consideraciones y recomiendan, pero esas recomendaciones no son vinculantes. Yo soy la persona que decide”.

Agregó el canciller que en este caso no comparte el concepto jurídico del Comité. “No lo acepto porque soy la persona que hizo las cuatro resoluciones. Yo no concilio. Tengo elementos de juicio y jurídicos para no conciliar. Que ellos no coincidan conmigo es otra cosa. No concilio. Es mi posición absolutamente irrenunciable”.

Por otro lado, la Cancillería aceptó ayer la renuncia de Germán Calderón España como abogado en representación de este Ministerio en la conciliación con la firma Thomas Greg, quien participó en la reunión del pasado viernes en la Procuraduría.

Del mismo modo, se conoció en las últimas horas un pronunciamiento de la Contraloría, al determinar que la Cancillería al declarar la urgencia manifiesta para poder contratar de manera directa la elaboración de pasaportes, no cumplió todos los requisitos.

“Declarar que el Ministerio de Relaciones Exteriores no se ajustó a la exigencia legal de remitir inmediatamente el expediente de urgencia manifiesta al organismo que ejerce control fiscal, para que se procediera al control automático de legalidad exigido por la norma legal”, advierte la Contraloría.