Faltan 10 meses para que el gobierno Duque termine su mandato. Entre los muchos desafíos que ha tenido que enfrentar, desde las problemáticas estructurales hasta la emergencia pandémica, hay uno que tiene todos los ojos, nacionales e internacionales, encima: la implementación del acuerdo de paz firmado por la administración Santos con la entonces guerrilla de las Farc.

Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, es quien tiene a su cargo el proceso de implementación del pacto. Mientras los sectores más radicales de izquierda y derecha lo critican, muchos otros le reconocen su diligencia para sentar las bases y empezar a ejecutar un proceso que este Gobierno recibió sin aparato institucional, recursos ni estrategia normativa.

¿Cómo se ve el panorama cuando la cuenta regresiva para Duque se agota? El alto funcionario defiende que es mucho lo que se ha logrado y corregido en tres años largos. Sobre esa base proyecta lo que deberá estar listo en agosto de 2022. También responde críticas del partido Comunes (exFarc) y explica por qué no se puede culpar al proceso ni a la implementación del pico de violencia armada. Y, como si fuera poco, sostiene que la implementación sí debería ser un caballito de batalla electoral.

EL NUEVO SIGLO: ¿Faltando menos de 10 meses para que termine este Gobierno se podría decir que la implementación del acuerdo de paz ya tiene el aparato institucional, algo así como el chasis, de que carecía en agosto de 2018?

EMILIO ARCHILA: Definitivamente, gracias por esa descripción. Los acuerdos contienen un montonón de quehaceres, cosas que el país debió haber hecho hace décadas con o sin acuerdos. Se necesitaba, primero, una decisión política como la que ha tenido el presidente Duque de aprovechar esta oportunidad, de visionar que estos temas no podrán ser resueltos en un periodo de cuatro años sino que necesitamos los 15. Hacer la planeación que se necesita para ese largo plazo, evitar los mangos bajitos, evitar los pilotos, fortalecer las instituciones y conseguir los recursos. También tener ejecutorias que hagan creíble que este proceso es irreversible. Todo eso lo hemos hecho para todos los frentes de la implementación.

ENS: En ese orden de ideas ¿Cuáles son las metas que el Gobierno se plantea para el 7 de agosto de 2022 en materia de implementación?

EA: Teníamos la misión de tener a las víctimas en el centro de nuestro trabajo y renovamos la Ley de Víctimas por 10 años más. Reestructuramos la Unidad de Víctimas y la de Restitución de Tierras. Tenemos los presupuestos más grandes que nunca ha habido en reparaciones individuales y las reparaciones colectivas las estamos multiplicando por mil.

De igual manera, teníamos un proceso de reincorporación que, básicamente, terminaba, pues todos los apoyos acababan en agosto del 2019, pero nosotros incluimos en el Plan de Desarrollo la hoja de ruta para acompañar a los excombatientes por todo el tiempo que sea necesario para lograr su reincorporación. Y gracias a ello muy poquiticos se han bajado del proceso. Este es el proceso que tiene más garantías en la historia de todos los procesos en el mundo.

Tenemos a los excombatientes en materia de salud, vivienda, educación, proyectos productivos, empleo, seguridad social y pensiones por encima de los promedios que hay en el país.

Teníamos el propósito de apoyar a 100 mil familias a las que se les había prometido el apoyo para salir de la coca, y ese es programa que hoy en día tiene a 400 mil colombianos habiendo abandonado ese cultivo de la muerte.

En materia de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial para los 170 municipios, siete millones de colombianos y la tercera parte del territorio, por primera vez tienen una planeación vista a largo plazo que involucra a la nación, los departamentos, los municipios, la cooperación internacional y el sector privado. Planes en los que en estos momentos ya se están ejecutando 9,5 billones de pesos. Para tener alguna idea: el Metro de Bogotá va a costar 12 billones de pesos y se va a pagar en 40 años, pero (en la implementación) esta es plata que ya se está ejecutando. Ese es el nivel de inversiones que estamos teniendo para cumplir con las necesidades que las mismas comunidades nos identificaron.

En cuanto a desarrollo rural integral, ahí se necesitaba, como se dijo, el chasis, y este son los Planes Nacionales Sectoriales de Desarrollo. Planes para toda la ruralidad en materia de vías, salud, educación, desarrollo económico, sistemas de riego, etcétera. Se necesitaba tener 16 planes pero cuando llegamos había solo dos. Hoy ya tenemos 14 y vamos a terminar los 16.

También tenemos andando el catastro multipropósito, el banco de tierras y la distribución de tierras muy por encima de lo que correspondía a tres años…

Así que no tengo ninguna duda en torno a que el Gobierno Duque dejará las bases para que el país cambie de una vez y por siempre.

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ENS: A partir de ello ¿Se puede decir que la implementación del acuerdo de paz es ya una política de Estado y no una política de gobierno?

EA: Ninguna duda y esa es una de las valentías y las responsabilidades históricas que ha tenido el presidente Duque. Él entendió que esta era una responsabilidad de Estado, ya que quien firmó los acuerdos y los incorporó en la Constitución es el Estado y ahí existía una oportunidad. Programas parecidos, aunque no de esta magnitud, se han intentado durante por lo menos 150 años de nuestra historia, y siempre hemos fracasado por falta de continuidad. Nosotros hemos tenido la responsabilidad con esta generación de colombianos y la siguiente de dejar esas bases y realizaciones para que este proceso sea irreversible.

¿Y la reincidencia?

ENS: Si, como lo dijo, el nivel de deserción de excombatientes es muy bajo ¿Entonces, el que las disidencias y reincidencias de las Farc tengan hoy más de seis mil hombres-arma responde a combatientes nuevos y no a reinsertados que volvieron a las armas?  

EA: La idea de que los disidentes entraron en el proceso y se salieron por algún incumplimiento es equivocada. ‘El Paisa’, ‘Romaña’ y todos los pícaros que aparecieron en el video (del 29 de agosto de 2019 cuando alias ‘Iván Márquez’ anunció su regreso a la clandestinidad) nunca jamás estuvieron dentro del proceso. De hecho, los excombatientes se refieren a ellos no como disidentes sino como traidores. Son personas que lo que hicieron fue nunca entrar en el proceso y seguir ‘traquetiando’ en narcotráfico, minería ilegal, contrabando de oro, boleteo… Lo que nosotros creemos es que de quienes ingresaron al proceso muy poquiticos se han bajado.

ENS: Un debate recurrente por el pico de violencia rural, las masacres, desplazamiento forzado y otros actos de terror, es que esto es un ‘reciclaje’ del conflicto por las fallas del acuerdo de paz y la implementación. Pero otros sectores consideran que la implementación va bien y que el fenómeno violento responde a otros factores delictivos, tipo mafioso ¿Qué opina?

EA: Hay que mirar los hechos. Lo primero es que el número de excombatientes que dejaron las armas es alrededor de 14 mil, que son más o menos el mismo número de personas que están en los otros grupos armados. Entonces, la disminución en todos los índices de violencia, gracias a que hemos apoyado a estas personas para que dejen las armas definitivamente, hay que compararla con lo que estaba ocurriendo antes de que iniciara este proceso. Y si esto se hace, se encuentra que en términos de homicidios, secuestros, ataques terroristas, reclutamiento de menores, minas antipersonal, boleteo… en todos los índices Colombia es hoy en día un mucho mejor país.

De otro lado, cuando se firmaron los acuerdos el Eln ya existía, el ‘Clan del Golfo’ ya existía, ‘Los Caparros’ ya existían, ‘Puntilleros’ ya existían, ‘Los contadores’ ya existían. Y a ellos se sumaron las disidencias que nunca entraron en el proceso. Esos grupos siempre existieron y entonces no hay ninguna relación de causalidad entre un incumplimiento de ninguna previsión del acuerdo y el que esas personas, que estaban ya cuando se firmó el acuerdo, hayan seguido delinquiendo.  

Luego pensar que solo la implementación del acuerdo, en sí misma, era suficiente para lograr una paz estable y duradera era un buen titular, pero no era nada más que un buen titular.

Siempre fue claro que debíamos ir avanzando en la implementación del acuerdo y deshacernos de esas otras alimañas, que lo que son es delincuentes.

ENS: En el informe de la Misión de Verificación de la ONU y en las exposiciones de la semana pasada en el Consejo de Seguridad del ente, quedó claro que continúa siendo un flanco débil del proceso el tema de la protección a los líderes sociales y desmovilizados ¿Frente a ello qué se ha podido avanzar de manera concreta?

EA: Los informes de las Naciones Unidas para todos los temas siempre tienen dos párrafos. Uno en el que reconocen todo lo que ha hecho el Gobierno en protección y seguridad, y otro en donde comparten con nosotros la idea de que nunca vamos a estar contentos, salvo cuando lleguemos a cero (víctimas).

Habiendo hecho esta precisión, en materia de protección de excombatientes hay que tener en cuenta que Colombia no ha tenido un solo proceso de paz, sino muchos procesos de desarme, lo que es importante para entender el contexto.

El actual es el proceso en el que hemos tenido el menor número de homicidios, aunque debería ser cero. Hay avances en protección y seguridad. Todos los años se ha reducido y seguimos trabajando para que se llegue a cero. Trabajan el Ejército, la Policía, las agencias de Inteligencia, la unidad especial de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo… Tenemos más de 60 medidas especiales y se expidió hace tres meses el plan estratégico para seguridad de excombatientes y sus familias. Todo esto para seguir coordinando el tema. Además, de la mano de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) estamos yendo a los territorios a adecuar esas medidas a las particularidades de cada una de las zonas en donde ha habido más amenazas.

El año pasado, gracias a las medidas de urgencia, es decir cuando nos avisan que hay una amenaza y podemos extraer de la zona a quienes están amenazados, se salvaron más personas de las que terminaron, desafortunadamente, muertas.

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ENS: ¿El alto monto de la inversión en los acuerdos con miles de familias para erradicación voluntaria de narcocultivos se compensa con el número de hectáreas efectivamente destruidas? ¿Cuál es el porcentaje de resiembra?

EA: El programa de sustitución voluntaria de cultivos que recibimos mal planeado, con una ejecución muy defectuosa al comienzo y absolutamente desfinanciado, ha sido apoyado por la administración Duque con más de 1,5 billones de pesos. Gracias a eso las 100 mil familias que están dentro del proceso han incurrido en una resiembra en una cifra inferior al 1%. Y si comparamos esto con que en todo el periodo se han erradicado 40 mil hectáreas y de esas casi 20 mil en estos tres años, entonces es un programa de éxito.

Quejas de Comunes

ENS: Dos quejas puntuales de Comunes en la última semana: 1. Colombia no gestionó ante Interpol retiro de orden de captura a Granda 2. Bajo presupuesto para implementación de paz en Ley de Presupuesto 2022 ¿Qué responder?

EA: La situación que tenía al interior de Colombia Rodrigo Granda antes de salir (a México) y la que tiene después de haber regresado al país es exactamente la misma. Todas las condiciones legales derivadas de estar dentro del proceso de reincorporación son aplicables, y por tanto su estatus no ha variado ni variará de ninguna manera.

Frente al interrogante de si Granda tiene alguna especie de inmunidad diplomática, la respuesta es no, ya que las inmunidades diplomáticas tienen que ver con unas condiciones completamente distintas de aquellas derivadas del proceso de paz que se firmó con las antiguas Farc.

El Gobierno Duque es absolutamente respetuoso de nuestros compromisos, por eso no es correcta la información en virtud de la cual, supuestamente, la detención de Rodrigo Granda se habría debido a una activación de una circular roja por parte de nuestro gobierno. Eso no es cierto y las circunstancias corresponden a decisiones autónomas de la República de Paraguay.

En cuanto a lo segundo, todos los presupuestos destinados a la implementación se han incrementado año a año durante esta administración. Eso es cierto en la cooperación internacional, en la participación del sector privado, en los municipios y los departamentos, gracias a la claridad de la política de Paz con Legalidad. En lo que hace al Presupuesto General de la Nación recibimos un poco más de nueve billones de pesos, lo subimos a 10 y este año el presupuesto supera sustancialmente los 10 billones de pesos, luego no es cierto que estemos disminuyendo esos recursos.

ENS: ¿Cómo evitar que en plena campaña electoral el acuerdo y la implementación se conviertan en caballito de batalla proselitista, y esto afecte la marcha del proceso?

EA: La implementación debería ser un caballito de batalla, pero un caballito de batalla ganador. Debería ser un caballito de batalla en donde todos los candidatos reconozcan que tenemos una oportunidad única de trabajar durante 15 años seguidos para resolver tantos temas. Y que ese caballito sea un caballito que premie a quien mejor diga que lo va a continuar, a quien mejor diga que lo va a fortalecer, a quien mejor diga que lo va a mantener y superar.