UN PROBLEMA se ganó el Gobierno después de que el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, reveló con nombre 526 aspirantes a concejos y 27 para alcaldías estarían inhabilitados para los comicios de este mes por firmar contratos públicos desde el 30 de octubre de 2022 a la fecha, en ciudades y distritos donde inscribieron su candidatura. Sin embargo, los partidos que los avalan reprobaron que desde la Presidencia asumen una competencia que es del Consejo Electoral.

Fue tal la molestia por esta situación expresada por los partidos Centro Democrático, Liberal, Colombia Renaciente, Conservador, Alianza Verde y ASI, que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, desautorizó al secretario de Transparencia y calificó su proceder como imprudente. Enfatizó que Idárraga debió entregar la información que tiene al Consejo Nacional Electoral, y no hacerla pública.

Idárraga dijo que, para el caso de los aspirantes a concejos municipales, los primeros cinco partidos o movimientos políticos que más avalaron candidaturas, supuestamente, inhabilitadas suman 146 aspirantes, de las 526 identificadas, con la suscripción de 214 contratos públicos en periodos inhabilitantes, los cuales suman $ 32.842 millones.

Añadió el secretario de Transparencia que los 27 postulantes a alcaldías que podrían estar incursos en inhabilidad están ubicados en Tolima, Valle del Cauca, Antioquia, Arauca, Sucre, Quindío, Nariño, Cauca, Meta, Cundinamarca, Bolívar y Santander. Además, los cinco primeros candidatos y los partidos políticos que los avalaron concentran el mayor monto en contratación suscrita en periodo inhabilitante.

“Esto tiene que ver fundamentalmente con un asunto de transparencia, un interés público de la igualdad de condiciones de las candidaturas, sobre todo pensando en la probidad, pensando en que efectivamente estos recursos no terminen en las campañas, que reitero, es un asunto que la Secretaría de Transparencia seguirá indagando", añadió Idárraga.

El secretario aseguró que será la autoridad electoral quien determine alguna revocatoria de la inscripción de candidaturas, “en suma, estamos poniendo en conocimiento público, en conocimiento de la autoridad electoral, del Consejo Nacional Electoral, de la Procuraduría General de la Nación, estas situaciones con el respectivo fundamento jurídico y técnico".

Por su parte el ministro del Interior mencionó que “la declaración que ha dado un funcionario de la Presidencia no es conveniente ni prudente, porque cualquier ciudadano puede tener una opinión constitucional y legal sobre quién o no está inhabilitado, pero quienes ostentamos cargos de alta dignidad, debemos entender que si nuestra opinión va en contra de más de 500 candidatos, el camino más expedito que debemos transitar es de llevar esa opinión respetuosamente ante el CNE y que sea esa entidad hoy, quien tiene que decirnos quién está habilitado o inhabilitado”.

Agregó Velasco que “la posición del Gobierno frente a esas afirmaciones es que quien puede definir quién está o no habilitado es el órgano que la Constitución y la ley define y nosotros que ostentamos altas posiciones en el Estado, debemos ser respetuosos de esas decisiones y no correr el riesgo de abrir un debate político”, indicó.

Enfatizó el ministro que “no hay desde la Presidencia una policía política persiguiendo a nadie, puede haber una mala percepción de la función que debe adelantar un funcionario, pero no es la política de este Gobierno”.

Quejas de los partidos

El Partido Conservador pidió “al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, una rectificación inmediata de la acusación temeraria que realizó sobre nuestro candidato a la alcaldía de Melgar, Rodrigo Hernández”.

Añadió la colectividad que “esta acusación temeraria redunda en la percepción de la opinión pública y no puede ser la dirección que usted lidera la que promueva acusaciones infundadas como la que se evidencia en este caso, aunque esta facultad reposa de manera exclusiva en cabeza del Consejo Nacional Electoral”.

Por otro lado, desde el Centro Democrático comentaron que “sorprende que a 13 días de las elecciones dicha entidad del Gobierno Nacional, publique este informe que, entre otras cosas, desborda su competencia de acuerdo con la Constitución y la Ley, por cuanto las únicas entidades encargadas de determinar si un ciudadano se encuentra inhabilitado para aspirar a un cargo de elección popular son el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación y los jueces de la República”.

Mientras que la senadora Angélica Lozano, de la coalición de gobierno, dijo que “el Estado de Derecho se respeta. No vi acciones como estas en el gobierno de Iván Duque ni en el de Juan Manuel Santos”.

En tanto que el senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, expresó que “el secretario de Transparencia es un atrevido. Él no tiene las facultades para hablar de inhabilidades”.