El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, calificó como “una decisión estimulante” la resolución que aprobó ayer el Parlamento Europeo (PE) en su sede de Bruselas (Bélgica) en la que se pidió redoblar el apoyo político y financiero a Colombia tras reconocer los avances que se han dado tras cinco años de la firma de Acuerdo de Paz, y el respaldo que le dio a la política de Paz con Legalidad.

“Nos genera entusiasmo y compromiso un pronunciamiento de un organismo tan importante, en el que se reconoce que la implementación es un proceso que tomará a Colombia al menos 15 años, como lo ha señalado la Corte Constitucional, y alude al ejercicio de planeación adelantado por el Gobierno nacional, así́ como a la destinación plurianual de recursos cercanos a los 11,500 millones de dólares (USD 11,5 billones)”, aseguró Archila.

El funcionario agregó que el PE “reconoció la voluntad” del presidente Iván Duque para discutir con los líderes del partido Comunes el estado de la implementación, robustecer la reincorporación y las garantías de seguridad para sus miembros, luego de la reunión conjunta que tuvo lugar el 10 de marzo en Bogotá.

En ese sentido dijo que tal como mencionó Felipe García Echeverri, embajador de la Misión de Colombia en Bruselas, el PE destacó avances de la política de Paz con Legalidad en Desarrollo Rural, (Pdet), víctimas, restitución de tierras y reincorporación y Justicia Transicional, a pesar de la pandemia por el covid-19 y la crisis migratoria venezolana.

Archila destacó algunos apartes de la resolución aprobada en la madrugada de ayer por el PE:

- La resolución reitera el “esfuerzo político, realismo y perseverancia” así como el apoyo político y financiero para la implementación integral, acompañando a las comunidades y hace lo debido para que las víctimas sean tenidas en cuenta en términos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

- Resalta que el proceso colombiano sigue siendo considerado un ejemplo en el mundo, sobre todo por su determinación de tener en el foco de todas sus acciones a las víctimas.

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- Saluda especialmente los avances en Desarrollo Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la defensa de los derechos de las víctimas, en la solución al problema de las drogas, en la sustitución de cultivos ilícitos, en la restitución de tierras y en la reincorporación de excombatientes. 

- Reconoce la participación del sector privado en el apoyo a las víctimas, la reincorporación, la sustitución de cultivos y los Pdet en 170 municipios. Considera que los Pdet cumplen un papel histórico en Colombia.

- Se une a lo que ha dicho el gobierno colombiano, condenando la muerte de líderes sociales y excombatientes.

- Felicita la prórroga de la Ley de Víctimas hasta 2031 y el presupuesto adicional destinado para este fin, para que las más de 9 millones de víctimas puedan ser reparadas. 

- Resalta la participación política del partido Comunes, los avances en reincorporación, la compra de tierras y las medidas de protección para más de 13.000 excombatientes.

- A los exmiembros de FARC los insta a proveer información sobre las rutas del narcotráfico y las fuentes de financiación que alimentan grupos criminales que atentan contra defensores, líderes y excombatientes. Y de la misma manera, que entreguen los bienes para la reparación de las víctimas.

- Reconoce los logros en desminar 129 municipios y resalta la extensión del plazo para su total eliminación hasta 2025.

- Se hace un llamado a la Comisión Europea y el Consejo Europeo para que redoblen en apoyo financiero a Colombia para estos temas, y especialmente para apoyar el Desarrollo Rural Integral, la reincorporación y los Pdet. Y pide que se creen nuevos instrumentos de inversión y comercio para asegurar el éxito de los proyectos productivos de las poblaciones beneficiarias que quieren salir de las economías ilícitas.

- Agradezco, en nombre del Gobierno colombiano, el enorme apoyo y contribución de la Unión Europea, especialmente a través del Fondo Europeo para la Paz, que ha enfocado sus recursos, alineados a las prioridades del gobierno colombiano, a partir de su política de Paz con Legalidad.