“La pandemia nos llevará a dos décadas perdidas en materia de derechos sociales y esto se transformará en una fuente de problemas para los sistemas de justicia en relación con salud, servicios públicos, infraestructura, protección social y educación”, dijo  el procurador Fernando Carrillo.

Durante un seminario organizado por la Corte Suprema de Panamá, sobre la importancia de la digitalización de la justicia como una política de Estado y el papel de la cooperación internacional, Carrillo sostuvo que “crisis como estas nos hacen reflexionar sobre el papel tan preponderante que tiene la justicia en nuestro país y nos permite entender que ella no se puede quedar anclada a la antigüedad ni inmóvil ante tragedias como las que estamos viviendo”.

“La puesta en marcha de la economía y la mitigación de los efectos del Covid-19 demandan de una justicia empoderada, en la que la ciudadanía confíe y que ofrezca soluciones empáticas y eficientes”, manifestó.

Carrillo expuso que “es claro que la virtualidad, como el coronavirus, permanecerá con nosotros después de que se supere esta situación. Harán parte de nuestra nueva normalidad”.

Y expresó que “la justicia digital no es algo nuevo para Colombia. De hecho, ha sido el centro de por lo menos 17 reformas de la justicia que han fallado en el Congreso”.

“El Gobierno nacional emitió el Decreto 806 de 2020 adoptando medidas con el fin de implementar el uso de las TIC en los procesos judiciales, para contribuir a la reactivación de la economía. Hoy tenemos esperanza que esta será la puerta de entrada para implementar la justicia digital y con ella se eliminarán los trámites innecesarios, la necesidad de autenticar los poderes y en gran medida la burocracia innecesaria”, precisó.

Pero advirtió el procurador Carrillo que “en los países latinoamericanos no será suficiente adquirir los equipos y permitir que se adopte la justicia en línea, este proceso debe involucrar a todos los actores de esta”.

Según Carrillo, la transformación de la justicia debe ser un proceso dialéctico que involucre a los abogados, empleados afines, jueces y a los ciudadanos, aunque “en nuestras latitudes nos debemos preocupar por un problema mayor: la digitalización no puede incrementar las brechas sociales y de acceso a la justicia”. Y explicó que para lograr una verdadera digitalización del servicio, “debemos corregir la brecha digital de nuestros países, conectando a todo el territorio nacional”.