Con base en una consulta realizada con la ciudadanía, la Procuraduría trabaja en un proyecto de reforma judicial muy diferente a los que usualmente se han llevado al Congreso.

 

Así lo precisó el procurador Fernando Carrillo. “Hasta ahora, la oferta de servicios de justicia se ha articulado desde la cúpula institucional, y lo que se propone es invertir esa lógica de interacción, en la metáfora de “invertir la pirámide de la justicia” y en ese sentido, el proyecto no toca los temas políticos controversiales que en el pasado han obstaculizado las iniciativas de reforma”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo se puede fortalecer la justicia local? ¿Esa reforma que nunca se ha intentado en Colombia?

FERNANDO CARRILLO: Se ha consultado de forma directa a la ciudadanía para conocer de primera mano cuáles son sus percepciones y necesidades en relación con el acceso a la justicia. Este método de consulta ciudadana, para trámite de una reforma a la justicia, no se ha intentado nunca.

En cuanto al contenido de ese sentir ciudadano, puede decirse que es innovadora la iniciativa de incorporar el enfoque sistémico y diferencial de justicia según las necesidades específicas de la población, de acuerdo a las particularidades de los territorios ya sea en el ámbito local o rural. De este modo, se busca dar un marco legal unificado a varias iniciativas que se han dado de forma dispersa y desarticulada poniendo en el centro a la ciudadanía y abriéndole un espacio de participación en la definición de políticas públicas en materia de justicia. Es la construcción de un modelo de acceso desde el ciudadano, por el ciudadano y para el ciudadano.

ENS: ¿Qué ambiente hay en el país para una iniciativa de este calibre?

FC: La veo con gran optimismo, porque en últimas lo que propone es una apertura de la justicia hacia ámbitos a los que no ha podido llegar el Estado.

Hasta ahora, la oferta de servicios de justicia se ha articulado desde la cúpula institucional, y lo que se propone es invertir esa lógica de interacción, en la metáfora de “invertir la pirámide de la justicia”, y en ese sentido, el proyecto no toca los temas políticos controversiales que en el pasado han obstaculizado las iniciativas de reforma.

Nuestro interés en este momento se centra en resolver los problemas de la base de esa pirámide, en ampliar la oferta de servicios de justicia hacia el entorno local donde hay mayor déficit, lo cual a su vez propicia una altísima conflictividad social y facilita la emergencia y/o permanencia de fenómenos de violencia y de sistemas de resolución de conflictos parainstitucionales por falta de presencia estatal.

Es una microrreforma que, sin embargo, puede ser de gran impacto en la materialización del derecho al acceso a la justicia. Aquí lo importante es propiciar el debate y que se escuche la “Voz por la Justicia”, como se llamó nuestro proceso de consulta ciudadana.

 

Reforma

 

ENS: ¿Habrá apoyo de asociaciones y sectores como las federaciones de departamentos o de municipios?

FC: Todos los sectores son bienvenidos para aportar y debatir. La amplia participación cualificará la propuesta y le dará mayor legitimidad que a la larga se traduce en eficacia.

El acompañamiento de las autoridades regionales será de gran valor pues se propone una articulación de los departamentos y los municipios para definición de políticas de acceso a la justicia a nivel local y como soporte institucional a los sistemas de justicia local, de manera que el concurso de esos actores es de vital importancia. Y lo creo viable, pues han sido aliados estratégicos de la Procuraduría en la implementación de otras iniciativas de fortalecimiento institucional y de acompañamiento en la garantía y protección de los derechos de la ciudadanía. Es una iniciativa de reforma de la ciudadanía, no de la Procuraduría, en la cual participaron más de 7.000 colombianos.

ENS: La crisis sanitaria debido al coronavirus, ¿qué dejó ver en la justicia?

FC: Dejó ver con toda crudeza la brecha entre los derechos y su eficacia, la gran magnitud de la desigualdad como falla sísmica o estructural del Estado, y cómo la justicia, aunque deficitaria, sigue siendo el medio más inmediato para canalizar las demandas sociales.

Por ello, justo ahora se hace más evidente la necesidad de fortalecerla, de ponerla a disposición de todos los colombianos, de abrirla a todos los rincones del país. La crisis ocasionada por el coronavirus nos hace reconocer a la fuerza que tenemos que tomar acciones concretas para avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa, en la que todos contemos con las mínimas condiciones para llevar una vida digna, y eso se logra con un sistema de justicia fuerte, de gran cobertura y calidad desde una perspectiva sistémica y diferencial.

 

Acceso

ENS: ¿Qué beneficios trae a los territorios el acceso a la justicia?

FC: Si el Estado propicia la materialización del acceso a la justicia, si se cuenta con sistemas de resolución de conflictos eficaces y con una institucionalidad eficiente, habrá mayores índices de crecimiento económico, de desarrollo social y de convivencia pacífica, necesarios para afrontar esta crisis y las que vengan.

Esta pandemia es una alerta del planeta que sugiere que debemos cambiar el modo en el que gestionamos nuestra existencia, debemos ser más compasivos y solidarios con nosotros mismos. Y, en este sentido, la crisis se ha convertido en un factor de impacto que justifica la necesidad de transformación en muchas esferas de la vida social y en el ámbito de lo estatal, donde el sistema de justicia es de importancia mayúscula. En Colombia no habrá paz territorial ni convivencia sin justicia en los territorios.

ENS: Ahora, con esta crisis, los colombianos reclamaron sus derechos, como en la atención de la salud. ¿La justicia les ha respondido?

FC: Esta crisis sanitaria ha dejado al descubierto una realidad con la que los colombianos hemos convivido por décadas: hospitales derruidos, sin equipos médicos mínimos, medicamentos o insumos médicos y con inmensas acreencias salariales y prestacionales con sus médicos, enfermeras, auxiliares, laboratoristas y personal administrativo. Y a esto se suma la deuda acumulada de billones de pesos que EPS, ARL, Adres y aseguradoras tienen con las Empresas Sociales del Estado y también con IPS privadas que las ahoga financiera y operativamente. Para no hablar de la corrupción enquistada en las Empresas Sociales del Estado, en algunas entidades promotoras de salud e IPS privadas, que ha desviado los recursos públicos de la salud hacia los bolsillos de negociantes escrupulosos de la salud.

El sistema de salud y protección social debe repensarse, orientándolo hacia la satisfacción de las necesidades del ciudadano, sin que sea necesario acudir a un juez de la República para acceder a la garantía de sus derechos fundamentales referidos a la protección de las contingencias de la salud, el empleo y la vejez, entre otros.

 

Pandemia

ENS: ¿Cómo ha venido actuando el Ministerio Público en esta pandemia?

FC: La Procuraduría General de la Nación, desde el inicio de la pandemia, implementó un plan de acción “la Procuraduría no se detiene”, incentivando la unión de todos los funcionarios alrededor de la defensa de los derechos de los colombianos. La Procuraduría ha hecho presencia en las calles, aeropuertos, centro de salud, cárceles, estaciones de transporte masivo y todos aquellos espacios donde se requiere la defensa del interés público. Desde el trabajo en casa, se han cumplido las tareas que corresponden a las funciones constitucionales de la entidad, tomando relevancia la función preventiva en defensa de la salud, la vida, los derechos humanos y el patrimonio público que se han puesto en riesgo en tiempos de pandemia, sin dejar de lado las funciones disciplinarias y de intervención que han sido fundamentales en la obtención de los resultados brindados a los colombianos, principalmente, a los más vulnerables.

ENS: ¿Qué acciones concretas ha puesto en marcha la Procuraduría en materia de salud?

FC: La Procuraduría ha participado en la identificación de las necesidades realizando propuestas orientadas a resolver las contingencias sanitarias, sociales y económicas derivadas de la pandemia, la mayoría de las cuales han sido adoptadas o en vía de serlo, tales como el pago de una prima especial a los trabajadores de la salud; la declaratoria del Covid como enfermedad profesional respecto de todas aquellas personas que se desempeñan en actividades de las cuales no puede prescindir la sociedad y el Estado; el pago de pasivos salariales y prestacionales a los trabajadores de las Empresas Sociales del Estado; el pago de las deudas que tienen la Adres, las EPS, las ARL y las compañías de seguros con las Empresas Sociales del Estado; el fortalecimiento de la infraestructura médico asistencial a través del incremento en el número de camas UCI y la dotación de equipos, medicamentos, insumos y dispositivos médicos; el suministro al personal médico asistencial de elementos de bioseguridad por parte de las ARL; transporte especial para trabajadores de la salud; y la aplicación de control de precios a los medicamentos e insumos médicos necesarios para la atención de la pandemia.

 

 

DESTACADO

La pandemia dejó ver “la gran magnitud de la desigualdad como falla sísmica o estructural del Estado”

 

DESTACADO

“Esta pandemia es una alerta del planeta que sugiere que debemos cambiar el modo en el que gestionamos nuestra existencia”

 

Colombia, sede del Congreso Mundial del Derecho

 

ENS: ¿Cómo consiguió Colombia ser el anfitrión del Congreso Mundial del Derecho?

FC: En febrero de 2019 tuve la oportunidad de participar como panelista en el World Law Congress (WLC) -ese Foro Davos del Derecho- que se llevó a cabo en Madrid. Viendo la magnitud e importancia de este espacio para Colombia, como foro de debate y discusión de los temas fundamentales para el mundo, le expresé en dicha oportunidad al presidente de la World Jurist Association (WJA), Javier Cremades, la importancia de que el próximo Congreso Mundial se llevara a cabo en Colombia. Así formalizamos la solicitud de ser sede a través de una carta oficial que fue enviada a la WJA, para que su consejo directivo tomara una decisión. Hace unos meses recibimos la grata noticia de que se le hacia ese reconocimiento a Colombia por su lucha en la defensa del Estado democrático de Derecho.

ENS: Usted va a presidir ese Congreso Mundial del Derecho. ¿Cuáles serán los temas a abordar y cuál fue la metodología que se propuso?

FC: El tema central del WLC es la primacía del Estado de derecho en contextos democráticos, como medio principal para la solución de conflictos sociales. Dentro de esta categoría se encuentran debates clásicos como el fortalecimiento de la justicia, el derecho internacional, los derechos humanos, la cooperación entre Estados, el comercio, etc.

Los temas a tratar estarán enmarcados en la primacía del Estado de derecho, pero leídos en clave de la coyuntura por la que atravesamos en el planeta. Aquí entonces toman relevancia asuntos como la garantía de derechos, la protección de la vida y del ambiente, la cooperación internacional en salud, el mejoramiento del acceso a servicios públicos, el impacto de la tecnología en las relaciones humanas y la igualdad de género, entre otros varios temas. El rol del derecho como una herramienta de transformación social para enfrentar las crisis que se vienen tras el paso del Covid-19 y los grandes retos de este siglo para la construcción de respuestas para los desafíos del mundo de hoy. Líderes del mundo del derecho de más de 60 países conducirán grandes conversaciones al interior del Congreso, de acuerdo con los trabajos que realizan en sus organizaciones, campos e intereses académicos.