Los mandatarios pidieron más autonomía para ejecutar políticas públicas. 

A cuatro meses de terminar sus periodos, los gobernadores firmaron un último documento conjunto, el pacto por la niñez en Colombia. El objetivo del documento es crear una política pública para la protección, prevención y estimulación de los niños y adolescentes en Colombia. Los gobernadores esperan dejar fijadas las pautas para sus sucesores. 

Según la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la discontinuidad en la política pública de niñez cuando se dan los cambios de gobierno, como muy seguramente sucederá al final del año, "es lamentable, no puede ser que las pequeñeces políticas frenen la continuidad de algo exitoso”.

La funcionaria invitó a los futuros mandatarios, gobernadores y alcaldes, para que tengan en este tiempo de campaña, como principal eje de sus compromisos, a los niños, niñas y adolescentes, “el tema de la niñez y juventud al final de sus periodos debe seguirse fortaleciendo y esperamos que sea prioritario en las campañas que se están realizando”.

Según dijo, es necesario que estas políticas continúen “como políticas de estado y que se puedan articular entre los municipios y las gobernaciones".

El documento formal fue firmado por los 32 gobernadores del país junto al presidente de la República, Iván Duque, la vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Fondo para la Niñez de la Organización para las Naciones Unidas (Unicef).

En el evento los gobernadores también hicieron un balance de las iniciativas que se han adelantado tanto a nivel local como a nivel nacional para la protección de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.

La cumbre se adelantó en Paipa, Boyacá, con motivo del bicentenario de la independencia de Colombia. 

El evento fue instalado por el presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya y el director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo Assís y contó con la participación de la Premio Nobel de paz, Rigoberta Menchú.

Según Menchú, “es necesario invertir en política públicas hacia los territorios. Sabemos que se han perdido idiomas, organizaciones, rasgos comunitarios, y eso no puede seguir pasando. La que llaman ‘cultura’, va precisamente en contra de la cultura de los niños indígenas”, afirmó, reclamando que “la paz y la educación cuestan y se deben realizar inversiones”. 

Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se refirió al centralismo que afecta las decisiones que se deben tomar en pro de la niñez. Recordó cómo, colegios de todo el país, se quedan sin docentes debido al ‘Banco de la Excelencia’, que es “el modelo de la ineficiencia”.

“El problema del país es el modelo. Es como si estuviera diseñado para que las cosas ni se pudieran hacer. No es posible que para todo toque pedir permiso para Bogotá. Colombia debe avanzar hacia la autonomía de las regiones”, comentó el mandatario.

Igualmente, fue enfático al afirmar que es hora de que en Colombia “empecemos a hablar de lo importante. Los niños que están en los municipios alejados, que no tienen escuela, o que si la tienen la tienen sin energía eléctrica o con servicios deficientes. Eso es más importante que las discusiones que a veces se dan en el país: que si sí Santrich o que si no Santrich”. 

A su turno el director ejecutivo de la Federación de Departamentos, Carlos Camargo Assis, aseguró que "la Federación Nacional de Departamentos ha impulsado, de tiempo atrás, una agenda que garantice los derechos de nuestra niñez en las regiones, como lo ordena la Constitución Política. Hemos impulsado la estrategia Hechos y Derechos con el propósito de promover la eficiencia y la eficacia de la gestión pública en el ámbito territorial para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  Así contribuimos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agradecemos el compromiso de la Procuraduría, el ICBF y Unicef en esta tarea".

El funcionario sostuvo que "según el DANE, el 31 por ciento de la población son niños, niñas y adolescentes, es decir más de 15 millones de personas. Satisfacer sus demandas de alimentación, salud, educación, servicios públicos domiciliarios, seguridad, medio ambiente sano, exige que la descentralización sea la columna vertebral sobre la cual se construya un país de solidaridad, equidad, justicia social y democracia plena".