El Congreso discutirá el martes la ley que estandariza la contratación pública

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Luego del hundimiento de algunos proyectos anticorrupción en el Congreso, la opinión pública está muy pendiente de los proyectos de ley que aún sobreviven, como es el caso del proyecto de pliegos tipo que tiene programado para el martes su segundo debate en la plenaria de la Cámara.

La visión, casi unánime, de los ponentes es que la iniciativa permitirá obligar a las entidades crear procesos de contratación estandarizados para evitar los llamados ‘pliegos sastre’ que eran confeccionados a la medida de algunos contratistas. Sin embargo, el proyecto ya tiene algunas críticas.

Pese a que no se dice en voz alta, algunos sí sugieren que los pliegos tipo no se convertirán en la panacea de la transparencia pues unos requisitos muy altos en materia de contratación pueden llevar a que no existan múltiples oferentes sino uno solo. El temor radica en que puede ser que los pliegos no respondan a las necesidades de cada una de las obras.

Ahora bien, las cifras demuestran lo contrario. Según la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), en un estudio publicado en julio, luego de aprobados los pliegos tipo en materia de infraestructura, “se evidencia que de los procesos analizados 39% tuvieron entre dos y 10 oferentes, 15% entre 11 y 20 oferentes y 32% más de 20 oferentes”.

Según el vicepresidente técnico de la CCI, Jorge Alberto Marín, luego de los tres primeros meses de vigencia del pliego tipo, “los procesos de selección de obra pública de infraestructura de transporte evidencian una mayor participación del mercado de empresas constructoras. Además, de las 144 entidades del nivel nacional que han convocado procesos con la obligatoriedad del pliego tipo, es importante resaltar los resultados que han obtenido entidades como el Instituto Nacional de Vías, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, la Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía Local de San Cristóbal en Bogotá, con procesos que han recibido más de 70 ofertas al cierre, situación que evidencia el impacto positivo del pliego tipo”.

En su momento, cuando se firmó la ley y el decreto reglamentario el presidente Iván Duque aseguró que “esta herramienta se convertirá en el antídoto a esas malas prácticas que han imperado en muchos lugares del territorio nacional. El objetivo primordial de estos pliegos es mejorar la transparencia en la contratación, hacer más ejecutiva y ágil la contratación y, sobre todo, es el fin de los pliegos ‘sastre’ en el sector de infraestructura y del transporte en nuestro país”.

Según el proyecto, “la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, adoptará documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Dentro de estos documentos tipo, se establecerán los requisitos habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia, así como aquellos requisitos que, previa justificación, representen buenas prácticas contractuales”.

Y agrega que “en la adopción de los documentos tipos, se tendrán en cuenta las características propias de las regiones, la cuantía, la naturaleza y especialidad de la contratación”.

Lo mismo para todos

Debido a que mañana entra la discusión a la plenaria de la Cámara, los congresistas ya preparan el debate.

Según el representante por Bogotá, José Daniel López, de Cambio Radical, “con los pliegos tipo los requisitos para contratar una vía en cualquier municipio, departamento o a nivel nacional van a ser los mismos, lo que genera pluralidad de oferentes y reduce los riesgos de corrupción”.

López le comentó a EL NUEVO SIGLO que todo irá bien “en la medida en que los pliegos tipo diseñados por Colombia Compra Eficiente sean diseñados con transparencia, es decir, que sean generales y los objetivos se traduzcan en mejores contratos y mayor participación de proponentes”.

Sin embargo, advierte que si los pliegos tipo quedan mal diseñados ahí vamos a entrar en un riesgo de monopolización de la contratación en muy pocas manos, una responsabilidad mayúscula en los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. Lo que esperamos es que Colombia Compra Eficiente, que se ha manejado con un sello técnico imparcial, mantenga esa característica ajena a los intereses de la contratación y que sus decisiones sean revisadas con lupa por los órganos de control”.

El representante liberal antioqueño Julián Peinado expresó que “el asunto que nos preocupa es que se respeten las condiciones de las regiones porque no es lo mismo que se contrate en Bogotá que en Antioquia, hay regiones que requieren condiciones diferentes. Eso implica que Colombia Compra Eficiente deberá hacer un esfuerzo importante para identificar esas necesidades, porque de lo contrario someter al régimen contractual a los municipios sin tener en cuenta si son de primera categoría o sexta hace daño. Necesitamos que para los municipios pequeños haya condiciones diferentes y mayor flexibilidad contractual”.

Según el representante Peinado, esta iniciativa no puede ser catalogada como una panacea es un ejercicio legal de carácter obligatorio lo que quiere decir que lo bueno ya está inventado por eso queremos aplicar un mecanismo con herramientas diferentes”.

La representante por Tolima, Adriana Matiz, del Partido Conservador, aseguró que si bien los pliegos tipo no salvan la contratación pública se convierten “en un mecanismo eficiente para evitar la corrupción, en virtud de principios básicos como la legalidad y transparencia y en últimas con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía. Sin embargo considero que aun al proyecto le hace falta incluir todo tipo de contratación realizada incluso aquella de mínima cuantía, selección abreviada, consultoría y licitación pública”.

Según dijo, “este proyecto no puede ser solo para los contratos de obra sino toda clase de contratos. No se nos puede olvidar que los grandes escándalos de corrupción han sido en contratos de suministro como los originados en el programa de alimentación escolar o de sobrecostos en el suministro de medicamentos”.