Con buenos ojos ha visto la Organización de Naciones Unidas los avances que ha logrado el Gobierno nacional en la implementación del Acuerdo de Paz, no obstante reitera su preocupación por la violencia que no da tregua contra los desmovilizados de las Farc, que en lo corrido de este año ya ha cobrado la vida de 51 personas.

Esta semana, en el marco de una visita de dos días a Colombia, la subsecretaria General de la ONU, Amina J. Mohammed, sostuvo una reunión virtual con el presidente Duque en la que reiteró la necesidad de mejorar la protección de esta población.

“Es clave mejorar la seguridad y la protección de todas las mujeres y hombres excombatientes”, dijo Mohammed, al tiempo que recalcó que “quisiera fomentar una Colombia más en paz para abordar los retos a los que nos enfrentamos y proteger esos dividendos de paz que ha logrado Colombia hasta el momento. Ha sido muy satisfactorio saber que muchas naturalezas complejas con las cuales lidiamos están siendo abordadas por el Gobierno para asegurar que haya una Colombia pacífica”.

El pasado 14 de octubre el representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, hizo la presentación ante el Consejo de Seguridad de este organismo del último informe, en el cual entre otras, manifiesta su preocupación por la violencia que hay en las regiones contra algunos grupos poblacionales específicos, entre los cuales hizo mención a los desmovilizados.

“La decisión del que fuera el mayor grupo armado del país de dejar las armas voluntariamente ha contribuido de manera significativa a la reducción general de la violencia desde la firma del Acuerdo de Paz. Desafortunadamente, algunas de las zonas que sufrieron inmensamente durante el conflicto siguen estando asediadas por la violencia de otros actores que continúan atacando a líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, excombatientes y comunidades enteras”, señaló Ruiz Massieu en esa oportunidad.

Añadió que es “importante avanzar en mejorar la protección de excombatientes que siguen siendo asesinados en cantidades alarmantes, y seguir luchando contra la impunidad de esos delitos, inclusive llevando a los autores intelectuales ante la justicia. Se debe dar prioridad a la dotación de personal y recursos a la Unidad Nacional de Protección para que pueda dar trámite al cúmulo de solicitudes de protección para excombatientes que están pendientes”.

El presidente Duque y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, han reiterado la voluntad del Gobierno por mantener la seguridad de los firmantes de paz y en ese sentido se han tomado varias medidas, sin embargo responsabilizan de esta violencia contra esta población a sus propios excompañeros que hoy están en las disidencias.

El lunes pasado el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, hizo un corte de cuentas de las acciones que ha puesto en práctica el Gobierno para la protección de los excombatientes.

“No hemos ahorrado esfuerzos y no desmayamos en este propósito. No puede haber sospechas de connivencia o negligencia de parte del Estado frente estos ataques”, expresó Archila.

El Consejero se refirió al positivo trabajo de investigación de la Fiscalía y reiteró que las estructuras criminales que desafían al Estado están detrás de los homicidios y amenazas a los reincorporados que se mantienen en la legalidad.

Dijo que el 61% de los casos de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición, resueltos por la Fiscalía, fue ordenado por las disidencias de las Farc (42%), el Eln (10%), y el Clan del Golfo (9%).

Agregó que las investigaciones adelantadas por la Fiscalía han permitido esclarecer el 50% de las 319 afectaciones contra los excombatientes y sus familiares registrados desde 2017 a octubre de 2020.

Destacó entre las acciones que están en marcha para los más de 10 mil excombatientes, que se han adoptado medidas especiales que contemplan esquemas de seguridad individual y colectiva para aquellos en casos de riesgo. Hasta el 30 de septiembre de 2020, 271 esquemas se encontraban implementados, de los cuales 231 son individuales (174 para hombres y 57 para mujeres), 15 colectivos (que cubren 46 hombres y 22 mujeres), 24 para antiguos ETCR y uno para sedes.

Cifras discordantes

Según Naciones Unidas desde que se firmó el Acuerdo de Paz a finales de 2016 han sido asesinados 224 desmovilizados de las Farc.

En tanto que según la ONG Indepaz y el Partido Farc son 237 los asesinatos en este periodo.

De otro parte, avanza hacia Bogotá una marcha de firmantes del Acuerdo de Paz para sentar su voz de protesta por la violencia que los está matando.