EL ATENTADO contra el padre de la vicepresidenta Francia Márquez el fin de semana, además de los recientes ataques de grupos armados ilegales en Valle del Cauca, Nariño y Cauca fueron condenados por la jefa de la ONU Derechos Humanos Colombia, Juliette de Rivera, quien exigió a estas organizaciones criminales cesar operaciones terroristas en diversas zonas del país y respetar el derecho a la vida de los colombianos.

“Es un momento para reflexionar sobre la situación que están viviendo poblaciones civiles en territorios bajo control y amenazas de grupos armados diversos que violan derechos humanos y que le faltan el respeto a la sociedad civil. Es el momento de reflexionar sobre la necesidad de que el Estado en su conjunto, autoridades civiles y militares, trabajen para recuperar la gobernabilidad y la soberanía territorial para proteger los derechos humanos”, indicó, a través de un video difundido por redes sociales.

La funcionaria manifestó preocupación por la expansión de estas organizaciones criminales en diversos territorios, pero también por el nivel de violencia que han ejercido en contra de las comunidades.

“Los grupos han extendido su presencia en el territorio, han extendido las prácticas de extorsión a las personas más pobres y la violencia que ejercen sobre la población y contra las autoridades. Condenamos estas formas de violencia y hacemos un llamado a todos los grupos armados a respetar la vida y los derechos humanos de la población”, manifestó.

De Rivera indicó que Colombia tiene las herramientas para erradicar los niveles de violencia ejercida por grupos armados. “Esto se puede lograr implementando la política de seguridad humana adoptada por el Gobierno, que tiene que ser implementada a todos los niveles por los mandos militares; además, con el acompañamiento de la implementación de la política de desmantelamiento de estos grupos”, destacó.

“Esa acción conjunta y una estrategia territorial para recuperar gobernabilidad y restablecer derechos puede cambiar la situación que está viviendo actualmente el país. Colombia tiene la capacidad de cambiar esta situación y todas las autoridades del Estado en su conjunto deben implementar una nueva visión de seguridad, que tiene como objetivo proteger la vida, proteger a la población, proteger a la niñez colombiana de reclutamiento y a las mujeres de la violencia sexual que ejercen”, destacó.

Manifestó que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos considera que los diálogos de paz deben tener como objetivo la protección de la población civil, fortalecer la presencia integral del Estado, frenar la violencia y la expansión territorial de grupos armados no estatales, y lograr la garantía de los derechos humanos.

La sociedad civil y sectores políticos también han condenado los niveles de violencia en Colombia, los cuales han sido perpetrados por grupos alzados en armas, incluso en medio de discusiones de paz con el Gobierno.