Revisar los plazos para la presentación de quejas y resolución de investigaciones de trashumancia, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda impugnar las resoluciones que consideren violatorias a sus derechos y tener certeza del censo electoral definitivo de manera oportuna, recomendó ayer en su informe preliminar la Misión de Veeduría Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sobre este tema, la Misión también recomendó cerrar el censo electoral con mayor antelación a la jornada electoral con el fin de otorgar el tiempo suficiente para que las autoridades competentes puedan revisarlo adecuadamente; y generar mecanismos para que exista una mayor coordinación en la organización comicial a fin de que los cruces de datos que ordene la Registraduría en términos del Decreto 1066 de 2015, sean remitidos de manera oportuna al Consejo Nacional Electoral (CNE) y este cuente con la información necesaria para la revisión del censo electoral.
En su informe, la Misión felicitó a la ciudadanía por su compromiso democrático, reflejado en el aumento de la participación electoral respecto a las elecciones de 2015. Asimismo, reconoció a las autoridades electorales por llevar a cabo un exitoso proceso, a pesar del complejo contexto en el que se realizó.
Encabezada por Leonardo Valdés, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral de México, la Misión estuvo integrada por 30 especialistas y observadores internacionales de 19 nacionalidades, que estuvieron desplegados en 15 departamentos del país y en Bogotá.
En el informe, la Misión hizo un análisis sustantivo sobre aspectos clave del proceso electoral, relacionados con la organización y tecnología electoral, financiamiento de campañas, justicia electoral, participación política de las mujeres y violencia electoral.
Teniendo en cuenta las observaciones directas de especialistas y observadores, las reuniones sostenidas con los distintos actores del proceso y el análisis de la normativa vigente, la Misión presentó sus hallazgos y recomendaciones preliminares, con el fin de contribuir a la continua mejora del sistema electoral colombiano de cara a futuras elecciones.
Sobre trashumancia, la Misión indicó que en Colombia la inscripción de los ciudadanos en el censo electoral se realiza de manera automática al expedir las cédulas de ciudadanía. En caso que una persona cambie su residencia, debe solicitar el cambio de su registro dentro del año anterior al proceso electoral y hasta dos meses antes de la jornada de votación. Es importante señalar que tanto para la inscripción inicial como para el cambio de residencia basta acudir personalmente a la oficina de la Registraduría, sin que sea necesario que quien solicita el cambio acredite la nueva residencia.
Según lo consideró la Misión, durante los meses que duró el proceso de inscripción de cédulas (que finalizó el 28 de agosto de 2019), 3.684.0924 de ciudadanos y ciudadanas realizaron este trámite, cifra dos veces mayor a la registrada para los comicios de 2018, en el que se inscribieron 1.641.635 personas.
Derivado de revisiones para cotejar la residencia, el CNE revocó 1.065.741 cédulas. La Misión fue informada que en los casos en que se disponía de la información de contacto, se notificó dicha revocación al ciudadano o ciudadana, por medios electrónicos.
Esta cifra supuso una importante carga de trabajo a las autoridades electorales, especialmente al CNE, órgano que continuó recibiendo y resolviendo casos hasta el viernes previo a la jornada. Lo anterior tiene que ver con la inexistencia de plazos para presentar este tipo de recursos, por lo que en la misma semana de la elección, se seguían recibiendo casos.
En algunos casos los mecanismos de notificación no resultaron eficientes y la ciudadanía no conoció con certeza su lugar de votación hasta el día de la elección. Lo anterior causó descontento y confusión en la ciudadanía, además de impactar directamente en los aspectos operativos de la organización de los comicios, puesto que fue necesario que la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) tomara medidas especiales tales como prever la instalación de mesas de votación adicionales para garantizar el derecho a votar de las y los colombianos afectados por los movimientos realizados en el censo electoral en los últimos días.
La Misión consideró que los plazos son insuficientes para que antes de la jornada electoral (1) el CNE revise el censo electoral y en su caso, (2) revoque los registros irregulares, (3) que se impugnen dichas revocaciones por quienes las consideren violatorias de sus derechos, (4) que esos recursos se resuelvan oportunamente y, en caso de ser procedentes, (5) se realicen por parte de la Registraduría, los actos necesarios para reparar el derecho violado.