Con la pascua llegará la definición de la plenaria del Senado sobre los peros presidenciales a la ley estatutaria de esa jurisdicción

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Mañana, con la Semana Santa, arranca un periodo de calma política que, como lo saben los más experimentados navegantes, suele ser la antesala de fuertes tormentas.

Los por estos días solitarios pasillos del Capitolio Nacional descansan mientras llega la pascua y con ella la esperada ‘batalla final’ por las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Se dice que el presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, piensa someter a discusión uno a uno los artículos objetados. Sin embargo, aún no es claro cuándo se dará el debate en la plenaria, pues al cierre de esta edición no se había publicado la agenda correspondiente a la semana del 22 al 26 de abril.

De hecho, el miércoles la plenaria duró unos pocos minutos porque, tras la lectura del orden del día, los senadores Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), e Iván Cepeda, del Polo Democrático, pidieron que se anunciara para la próxima sesión el informe sobre las objeciones. Para ese momento solo se había radicado un informe (el sustanciado por los senadores Iván Marulanda, de la Alianza Verde, y Alberto Castilla, del Polo, pidiéndole al Senado votar no), por lo que Macías explicó que la subcomisión haría audiencia al día siguiente para redactar la respectiva ponencia.

Para Barreras, “las maniobras dilatorias del senador Macías, que se niega a anunciar las objeciones, implica que nada se aprobará en este Congreso hasta que cumpla con el deber legal de anunciar las objeciones, que las anuncie y que se voten”.

Tras insistir en que las objeciones se incluirán en el orden del día cuando esté listo el otro informe, consideró que “no es posible que haya paro legislativo. Las demás bancadas lo han manifestado: hay unos proyectos importantes. Eso sería un pretexto para no trabajar y eso sería muy grave para el Congreso”.

Pero sin escuchar razones, las bancadas opositoras (Polo, Colombia Humana, Alianza Verde, Farc, MAIS y Lista de la Decencia) e independientes (parte de La U, Cambio Radical y Partido Liberal) se levantaron y desbarataron el quorum.

¿Resurrección?

Entre tanto, con el optimismo que la caracteriza, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, no se resigna a dejarse llevar por las voces que le vaticinan al Gobierno una nueva derrota y aspira a que la pascua llegue con la noticia de la ‘resurrección’ de la propuesta del presidente Iván Duque de objetar por inconveniencia seis artículos de la mencionada ley.

Gutiérrez dijo la semana pasada que “seguiremos argumentando y haciendo un llamado a los partidos políticos porque es la oportunidad de hacer un acuerdo. No se ha perdido esa iniciativa y seguimos haciendo la convocatoria para que se revisen las objeciones”.

La alta funcionaria reiteró que “queremos un acuerdo nacional para que la sanción de la ley estatutaria se dé a la mayor brevedad posible”.

En contraste, la verdad es que, como reza el dicho popular, “el dulce está a mordiscos”. Para no ir más lejos, la mayoría duquista de la subcomisión del Senado para presentar ponencia sobre las objeciones se convirtió en minoría, pues el informe de Castilla y Marulanda terminó siendo respaldado por otros tres congresistas gobiernistas que, por efecto de la ley de bancadas, votarán no en la plenaria: José David Name (La U), Antonio Zabaraín (Cambio Radical) y Julián Bedoya (Partido Liberal).

‘Articulejo’

Con la sombra de la votación del lunes, en la que como estaba previsto la Cámara hundió en su totalidad las objeciones, el jueves se adelantó la respectiva audiencia pública en el Senado.

Allí, el fiscal general Néstor Humberto Martínez advirtió que el artículo 153 de la ley estatutaria evitaría la extradición de narcotraficantes.

Martínez dijo que “de pronto apareció en la ley estatutaria un ‘articulejo’ que dice que si un tercero que conoció la intimidad del conflicto armado y va a contribuir a que se conozca la verdad, a saber qué hicieron los paramilitares, quién los financió y cómo fue el horror de la guerra, no le vamos a dar la extradición”, señalando que esos terceros serían los narcotraficantes.

“Colombia y la comunidad internacional tienen que saber que prohibimos de nuevo la extradición por el prurito de conocer la verdad, pero ¿cuál verdad? La verdad que va a recrear el narcotraficante para evitar su extradición”, sostuvo.

El fiscal Martínez afirmó que desea conocer el nombre del responsable de la inclusión del artículo. “Estoy buscando de dónde salió ese ‘articulejo’ y voy a conocer quien fue su autor. El país tiene que conocer el cuño de esa norma de muy dudosa inspiración”, afirmó.

Otra de las normas que le preocupan al fiscal Martínez es el artículo 19, que habla de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, en lo que se refiere a quienes no son máximos responsables. Para él esa renuncia a la acción penal podría conducir a la impunidad.

Campaña internacional

En la escena internacional, el viernes el canciller Carlos Holmes Trujillo aprovechó su comparecencia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para defender las objeciones, declarando que Colombia debe “avanzar bajo los firmes pasos de una paz con legalidad, que permita fortalecer la implementación de los Acuerdos de Paz”.

Coincidiendo con eso, Carlos Ruíz Massieu, representante de la ONU en Colombia, reiteró la petición del secretario general Antonio Guterres de que la ley se promulgue lo antes posible.