Eso pasa, sostuvo el Procurador, cuando se ponen “en entredicho ayudas sociales esenciales, alimentos básicos o dineros para los más pobres”

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Eso pasa, sostuvo el Procurador, cuando se ponen “en entredicho ayudas sociales esenciales, alimentos básicos o dineros para los más pobres”

 

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué tan grande puede llegar a ser la corrupción encontrada por la Procuraduría en el trabajo conjunto con la Fiscalía y la Contraloría?

FERNANDO CARRILLO: Lamentablemente, la cuarentena no paralizó a quienes han pretendido defraudar recursos destinados a la contención y manejo de la pandemia; sobrecostos, direccionamiento contractual, cubrimiento de favores políticos o uso de recursos para objetos innecesarios, son algunas de las conductas que estamos investigando con la Contraloría y la Fiscalía.

Esta estrategia conjunta ha generado importantes efectos, entre ellos, ponerle freno de mano a actuaciones indebidas y hacer más eficiente la labor de las tres entidades.

En Procuraduría estamos adelantando más de 350 actuaciones disciplinarias, 34 de ellas en investigación, con llamados a audiencia y formulación de pliego de cargos. La instrucción es obtener prontos y contundentes resultados. 23 departamentos y más de 200 municipios están bajo el radar disciplinario. El mayor daño es el causado a los más vulnerables en este momento de crisis. No vamos a permitir que los corruptos se enriquezcan a costa de la salud y la vida de los más débiles.

ENS: Los mandatarios se han quejado por falta del debido proceso en las investigaciones por corrupción. ¿Qué les responde?

FC: Todas las garantías procesales están aseguradas en estas actuaciones. Quizá la rápida reacción de los organismos de control pueda confundir a quienes tuvieran por costumbre hacer de las suyas sin quien los vigilara. La sociedad tiene derecho a defenderse de los corruptos para superar esta pandemia.

De las competencias de este órgano de control se desprenden las medidas cautelares y sin duda, la suspensión provisional de un funcionario es una medida que nadie quiere soportar. Y es en relación con este componente que se genera ese tipo de apreciaciones. Pero todos los funcionarios públicos, y en especial los alcaldes y gobernadores, deben tener claro que cuando la ejercemos es porque se satisfacen celosamente todos los presupuestos legales.

 

Excusas

 

ENS: Otra crítica es que en la valoración de los componentes de los mercados no se tiene en cuenta que hay zonas rurales donde los precios son mucho mayores que en las ciudades. ¿Hay que ajustar la forma en que se calculan los sobrecostos?

FC: Justamente con la Contraloría General y la Fiscalía General en la mesa técnica de trabajo conjunto se ha venido avanzando en esa metodología.

Sin duda es preciso considerar las condiciones de las diferentes regiones, pero que no nos vengan a confundir para pretender justificar precios por fuera del estándar territorial. Esa excusa ha sido tan vulgarmente empleada que, de hecho, en algunos de esos contratos han procedido las administraciones a modificarlos o a incorporar más productos. No vamos a tolerar que se use la emergencia para desviar dineros esenciales que requieren las poblaciones más vulnerables.

Nunca ha sido más cierto que la corrupción puede matar, cuando pone en entredicho ayudas sociales esenciales, alimentos básicos o dineros para los más pobres. O cuando se roban los recursos de la salud en una crisis sanitaria como la que vivimos.

ENS: Seguramente, los resultados llevarán a que continúe la acción coordinada de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. ¿Han hablado de llevarla otro nivel? ¿Cuál podría ser?

FC: Siempre ha habido colaboración entre los organismos de control. Es indispensable esa sinergia. Pero ahora estamos perfilando nuevas estrategias que seguramente nos permitirán alcanzar niveles superiores de articulación, sobre todo en materia de intercambio de información y pruebas. Ni la delincuencia ni la corrupción dan tregua, por lo que requerimos una acción contundente, oportuna y territorial muy fuerte por parte de nuestras entidades.

Esa triple alianza está dando resultados para recuperar la probidad en el ejercicio de la función pública, porque la ética pública no puede ser otra víctima de la pandemia.

ENS: Siempre se dice que contra la corrupción hay que aplicar las leyes que hay y la actuación de las tres entidades así lo demostraría, ¿pero se han encontrado situaciones inéditas que hagan pensar en la necesidad de ajustes legislativos?

FC: Nuestra prioridad es frenar cualquier muestra de corrupción en la emergencia y colaborar para superar esta inédita y crítica situación.

Por supuesto, estamos pensando también en el balance de las herramientas a la mano de los organismos de control. Es por ello que la Procuraduría ha propuesto al Gobierno nacional, por ejemplo, usar esquemas centralizados de contratación, a la vez que ha impartido instrucciones sobre el uso de mecanismos como las compras con precios de referencia; y por ende, no descartamos que se requiera pulir algunas herramientas o establecer algunas nuevas.

En el proyecto de ley de probidad que esperamos tramitar el segundo semestre, se contienen algunas de ellas como la protección a quejosos y testigos en procesos disciplinarios, la adopción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el reconocimiento de las víctimas de la corrupción y la tasación del daño que esta genera.

Es hora de hablar de víctimas de la corrupción y de valorar económicamente el daño que causa para que sea reparado por quien lo causa. Esa fue una de las grandes batallas que dimos en el caso Odebrecht, cuando se pretendía una transacción por unos pocos millones de dólares. A través de una acción popular logramos que la justicia contencioso administrativa condenara a esa multinacional brasileña a pagar una indemnización cercana a los US$280 millones.

 

Sin cuota

 

ENS: En un país de suspicacias se ha dicho que usted aspira a ser candidato presidencial, argumento al que ya ha respondido. Sin embargo, precisamente el contexto de gente que aprovecha una crisis sanitaria para hacer corrupción, ¿no lo pone a pensar en pasar a otro frente de esa lucha?

FC: Mi tarea como Procurador General es hacer cumplir la ley, defender los derechos y vigilar la conducta de los servidores públicos. Hoy más que nunca mi compromiso se enfoca exclusivamente a ello.

Como sociedad tenemos el reto de superar la más profunda crisis vivida a nivel global con repercusiones gravísimas para Colombia. Y lo vamos a lograr deponiendo aspiraciones y agendas personales, centrándonos en el interés público.

De otra parte, tengo claro que la defensa de lo público no solo se materializa desde la política electoral, sino desde la sociedad civil y la academia, por ejemplo. De hecho le recuerdo que la única vez que aspire a un cargo de representación popular no lo hice defendiendo la bandera de ningún partido político, sino el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta que llevó con éxito a la Constituyente y a la Carta del 91.

Tampoco fui cuota de ningún partido cuando fui elegido Procurador, como no debe serlo quien llega a un organismo de control. Y fui elegido en el Senado de la República -postulado por el honorable Consejo de Estado-, con 92 de los 96 votos posibles, lo que me ha permitido actuar con total independencia y equilibrio a la hora de disciplinar a funcionarios públicos de todos los colores y partidos.

ENS: ¿Cabe la posibilidad de emprender acciones disciplinarias sobre algunos servidores públicos por fallas en atender la violencia desbordada contra los líderes sociales, en particular en zonas como el Cauca o el Catatumbo?

FC: Servidor público que no cumpla con las normas y responsabilidades en materia de protección a los líderes sociales será investigado y, con el debido proceso, sancionado por la Procuraduría General.

Lastimosamente, la violencia contra los líderes sociales no respetó la cuarentena. Hay zonas críticas donde los grupos armados han continuado el exterminio de líderes sociales ante la ausencia o impotencia del Estado. Estamos vigilantes para que se cumplan las tareas de todos los niveles de gobierno en esta prioritaria materia.

 

Tecnología

 

ENS: La respuesta a la pandemia ha generado cambios sustanciales en la vida cotidiana. ¿Qué cambios se ven en el ejercicio del Ministerio Público?

FC: Acelerar y profundizar la modernización tecnológica de la Procuraduría, la cual llevamos a buen ritmo, entre otras cosas, gracias al proyecto que veníamos ejecutando con apoyo del BID. Aplicar nuevos esquemas de relacionamiento ciudadano, que ahora usarán medios virtuales, lo mismo que implementar en el segundo semestre el expediente disciplinario digital y el sistema de información nacional, para integrarnos con las acción de las personerías, la Defensoría y de todos los operadores disciplinarios. Son algunos de los retos para ejecutar en forma inmediata. La virtualidad llegó para quedarse también en la justicia disciplinaria, así como en las actuaciones preventivas y de intervención judicial de la Procuraduría. Es la tecnología en función de los derechos de la gente.

ENS: La justicia en general está en mora de implementar un servicio moderno con apoyo tecnológico. ¿Será que en esa materia ahora sí se hará realidad lo que está en el papel?

FC: En ello estamos trabajando. Como le comento, desde la Procuraduría estamos dando el salto a la virtualización y al uso de nuevas tecnologías. Sé que la Rama Judicial está avanzando a buen paso en ese propósito, por lo que tenemos toda la confianza en que el proyecto de modernización tecnológica que se va a ejecutar con el BID, logre definir esa anhelada ruta y rompa la maldición de decenas de proyectos de digitalización de la justicia que fracasaron en el pasado.

Se trata de una gran revolución digital, que tomará tiempo, pero que nos permitirá contar con una justicia más cercana, moderna y eficaz. En una gran consulta ciudadana que realizamos por toda Colombia en 2019 quedó claro que la tecnología hay que ponerla al servicio del acceso a la justicia ciudadana. Esa justicia local, de base, territorial que ha sido tan esquiva en los procesos de reforma de la justicia que se han emprendido en los últimos años en Colombia.

ENS: El martes arranca el juzgamiento disciplinario al general Atehortúa. ¿Qué tanto puede tardarse la Procuraduría en tener una decisión? ¿Qué sigue en el proceso?

FC: El 26 de mayo a las 8:30 a.m., se instala la audiencia y con ella, se inicia el juicio disciplinario al Director de la Policía Nacional. Con el acatamiento a las ritualidades procesales y el respeto absoluto al debido proceso y al derecho de defensa, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría avanzará prioritariamente en la clarificación de responsabilidades en este caso, de tan alto impacto para el país.