Un juez de la República con funciones de conocimiento emitió fallo condenatorio en contra del exrepresentante legal de la Unión Temporal, Luis Fernando Duque, por el escándalo de Centros Poblados y la pérdida de $70.000 mil millones en un contrato para proveer el servicio de internet en las regiones del país que no alcanzaban a cobertura digital.

En el fallo se emitió una sentencia de cuatro años y cuatro meses en contra de Duque, tras un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación por colaboración con la justicia en el marco del proceso penal, el pago de una multa como compensación ante el funcionamiento del aparato judicial y una inhabilidad para contratar con el Estado.

Como parte de las investigaciones, Luis Fernando Duque se declaró culpable por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación, al haber autorizado el desembolso del anticipo de $70.243 millones destinados a las empresas Nuovo Securty Llc e Inselsa Sas, que tenían vínculos con los excontratistas Emilio Tapia y Juan Carlos Ángel quienes se apropiaron de esos dineros.

En la misma sentencia se estableció que Duque va a pagar la condena en un establecimiento carcelario y ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) poner al condenado en una penitenciaría nacional al no poder demostrar que es cabeza de familia o que los delitos cometidos se dieron en su condición de marginalidad.

Otro de los condenados en este proceso es Juan José Laverde Martínez, el exrepresentante de una compañía de seguros señalado de entregar comprobantes bancarios falsos en los documentos requeridos para la adjudicación de la licitación asignada por el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones. La documentación era el soporte financiero para que la cartera desembolsara los $70.243 millones que constituían el contrato de conexión digital.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante la justicia a Laverde Martínez con material probatorio que demostró que el exasesor de seguros se aprovechó de su posición como empleado de la compañía para entregar una póliza falsa con la que respaldó a la Unión Temporal Centros Poblados para contratar en el año 2020 con el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones, cartera que le otorgó una contratación por un billón de pesos.

Las denuncias por irregularidades en la ejecución de los contratos se conocieron en el año 2021, cuando quienes se beneficiarían del programa de conectividad señalaron a las autoridades que no hubo ninguna instalación para el servicio de internet.