El más inmediato ‘chicharrón’ por resolver es que la Corte Suprema elija Fiscal General, pues desde mayo pasado se dio la renuncia de Néstor Humberto Martínez

Se ha vuelto casi ‘paisaje’ dentro de las metas de la justicia al principio de cada año hablar de la necesidad de hacer una gran reforma. Esta vez no es no es la excepción, sin embargo, en este año hay más temas en el ‘menú’ que, incluso, lucen más urgentes, como escoger Fiscal General tras casi ocho meses de interinidad, así como que la Corte Suprema por fin logre llenar sus vacantes de magistrados, pues está al borde de quedarse sin el mínimo de 16 togados que conforman el quórum necesario para tomar decisiones.

También es necesario que ojalá este año la justicia tome decisiones en forma sobre eventuales hechos de corrupción, como fue el llamado ‘Cartel de la Toga’ que estalló en 2017, comprometiendo a varios magistrados, exmagistrados y abogados con una presunta red dedicada a supuestamente vender a políticos fallos favorables en investigaciones que se adelantaban en este alto Tribunal.

En cuanto a la reforma a la justicia es un tema que hoy se aprecia más con el deseo por parte del Gobierno nacional, teniendo en cuenta que un proyecto de este calibre por sus implicaciones requiere de un consenso con las altas Cortes previo a llevarlo al Congreso de la República así como de las mayorías parlamentarias.

Lo uno ni lo otro tiene en este momento la administración Duque, por lo que una reforma a la justicia si bien no la ha descartado, por ahora es un tema que está en el congelador. Además le antecederían otras reformas igualmente complejas que el Gobierno también quiere sacar adelante, como la pensional, laboral, política y al Código Electoral.

En la retina del Gobierno está aún el fallido intento que hizo en 2018 por reformar la justicia, pues finalmente no tuvo apoyo en el Parlamento.

Por ello parece ser claro que este año el Gobierno no se le mediría a reformar la justicia y por el momento se conformaría con algunos ajustes vía decreto o proyectos de ley, como es el estatuto de conciliación que anunció en noviembre pasado este Ministerio.

Elección Fiscal

A mediados de mayo pasado renunció el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, inconforme por la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que concedió el beneficio de no extradición al desmovilizado de las Farc, ‘Jesús Santrich’, quien es pedido por la justicia de Estados Unidos.

Como consecuencia el paso a seguir era que el presidente Duque conformara una terna y la enviara a la Corte Suprema con el fin de que eligiera al sucesor de Martínez.

Sin embargo en ese momento, mayo pasado, la Corte tenía 18 magistrados de los 23 que la componen pues no había logrado escoger a los remplazos de quienes se fueron por renuncia o debido a que cumplieron el periodo de ocho años, debido a que en las votaciones ninguno de los aspirantes alcanzó la mayoría de 16 votos para ser elegido.

Fue entonces, el pasado 4 de junio, cuando el presidente Duque explicó que no había conformado la terna con aspirantes porque había querido “guardar un poco de prudencia” ya que en ese momento la Corte Suprema “no tiene el número de magistrados” para que “pueda darse ese proceso con todas las garantías”.

Sin embargo, pasaron los días y la Corte siguió fallando en el intento de llenar sus vacantes en diferentes votaciones en sala plena por falta de consenso entre sus magistrados; antes por el contrario se sumaron dos plazas más hasta quedar con 16 magistrados, que como se dijo es el quórum que requiere para tomar cualquier decisión.

A estas alturas, el pasado 3 de diciembre, el Jefe de Estado decidió enviar la terna conformada por Clara María González, secretaria jurídica de la Presidencia de la República; Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y Francisco Barbosa, consejero Presidencial para los Asuntos Internacionales y Derechos Humanos.

No obstante, ya era tarde porque la vacancia judicial (vacaciones de la Rama) estaba encima, a pesar de ello la Corte alcanzó a escuchar en audiencia pública las propuestas de los aspirantes y votar en tres salas, sin que ninguno de ellos alcanzara los 16 votos, el que más fue Barbosa con 11 apoyos.

Como consecuencia habrá que esperar a que la Corte reactive sus labores este año y el 23 de este mes en su primera sala plena, ojalá, logre elegir Fiscal General, que hasta el momento ha sido solventada con el encargo en cabeza de Fabio Espitia.

Casos de corrupción

Se espera que este año se definan varios casos en que ha quedado en duda la probidad de la justicia por supuestos hechos de corrupción de algunos de sus miembros.

Por ejemplo se habla del suspendido magistrado Gustavo Malo, quien desde mayo pasado la Corte Suprema ordenó su captura señalado por los delitos de cohecho propio, concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

Malo fue desaforado a finales de 2018 por el Senado, que en ese sentido acogió la acusación que presentó la Cámara de Representantes.

El exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien aceptó haber participado en el ‘Cartel de la Toga’ y fue condenado a seis años de prisión, señaló a Malo de haberse beneficiado de un pago de $2.000 millones por parte del exsenador Musa Besaile para ser favorecido en un proceso. Malo ha reiterado que es inocente.

El suspendido magistrado está en etapa de juicio en la Corte Suprema y se espera que este año sea resuelta su situación jurídica.

También en la Corte está pendiente de resolverse la situación del exsenador Musa Besaile por las coimas que él aceptó pagó para verse favorecido con fallos en este alto Tribunal.

De igual forma también por el ‘Cartel de la Toga’ está pendiente que el Senado apruebe o no la acusación que hizo la Cámara contra el magistrado Leonidas Bustos; mientras que jueces deben emitir fallos contra los magistrados Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino.

Además la Corte Suprema debe pronunciarse en segunda instancia por la condena a seis años y medio al exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, porque supuestamente pidió $500 millones para favorecer a una empresa que presentó una tutela.