De acuerdo el Instituto Nacional de Salud de Colombia, el número de quemados con pólvora en diciembre fue de 525 personas. Aunque la cifra disminuyó en 28,2% en comparación a la registrada en 2017, sigue el debate por la prohibición de estos juegos pirotécnicos en el país.
La representante por Bogotá, Katherine Miranda, de la Alianza Verde, radicó hace un par de semanas un proyecto de ley que busca prohibir la venta de pólvora en el territorio nacional y restringir su uso, solo para quienes estén capacitados en manipularla, con el fin de reducir el índice de quemados y proteger especialmente a los menores de edad.
“Este es un proyecto de ley que se ha caído tres veces. Esperamos que esta sea la vencida. Creemos que cuidar la salud de los niños es una prioridad", dijo.
La propuesta de la legisladora señala que “únicamente se podrán vender artículos pirotécnicos a empresas de espectáculos que hayan obtenido el permiso para realizar exhibiciones con estos artefactos”.
Miranda señaló que de aprobarse la iniciativa, las sanciones para quienes incumplan los requisitos legales tanto en la fabricación, manipulación, transporte, almacenamiento, comercialización, compra y venta de productos pirotécnicos, serán multadas “con medida correctiva de carácter pecuniario entre 80 y 200 salarios mínimos legales vigentes”, es decir, entre $66 y $165 millones.
Manifestó además, su preocupación frente al gremio polvorero, el cual según la congresista, busca “impedir” el avance de la medida en el Congreso. “Creemos que hay una buena disposición por parte de los partidos políticos, sin embargo, hemos visto cómo el gremio ha hecho un lobby impresionante”, aseguró.
Sin embargo, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Pirotécnicos (Fenalpi), Carlos Andrés Carvajal, aunque apoya la regulación y dice que “hay que trabajar por una pirotecnia responsable, legal y segura”, no comparte la prohibición de estos artefactos explosivos, debido a que según él, esta clase de iniciativas traerán como resultado promover la ilegalidad y la venta en lugares no autorizados.
“No podemos decir que todos los productos hay que prohibirlos. Hay que encaminar la pirotecnia por un camino seguro. No se puede criminalizar la actividad como si fuéramos delincuentes. No se puede satanizar esta actividad”, enfatizó.