Con 67 votos se aprobó en plenaria del Senado el proyecto de prórroga de la Ley de Orden Público (148 de 1997), que ahora pasará a sanción presidencial.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, precisó que con la prórroga se “busca garantizar la seguridad y la paz en el país”.

Gutiérrez destacó la figura de Zonas Estratégicas de Intervención Integral y aclaró que le permitirán al Gobierno llegar al territorio con seguridad e infraestructura.

Frente a la decisión, el senador Carlos Guevara, del partido MIRA, le dijo a EL NUEVO SIGLO que la aprobación del proyecto es “muy positiva” debido a que “son los instrumentos con los que debe contar cualquier presidente para desarrollar su política de seguridad. Este proyecto trae un amplio margen de facultades para que el Gobierno pueda adelantar futuros diálogos con organizaciones al margen de la ley”.

“Hay un elemento adicional y es que el Presidente considera necesario crear una figura de coordinación que son las denominadas zonas estratégicas, donde deberán cumplir todos los proyectos de inversión social para poder por fin, como dicen los ciudadanos, vivir la ansiada paz”, dijo.

Por su parte, el senador Alexander López, del Polo Democrático Alternativo, aseguró que “la prórroga de la Ley 418 de 1997 es crucial para adelantar diálogos con los grupos armados organizados”.

Para el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, “ninguna ley puede poner en tela de juicio la piedra angular de la arquitectura de la Rama Ejecutiva, que es el monopolio de las competencias en materia de orden público en cabeza del Presidente de la República”.

“Se sobrentiende que el Presidente de la República tendrá la última palabra en materia de orden público”, agregó.

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La decisión se dio, luego de haberse aprobado el proyecto en las comisiones primeras conjuntas en Cámara de Representantes con 112 votos a favor y 15 en contra.

Luego, en la plenaria de la Cámara se hundió la polémica propuesta del representante por el Huila, Álvaro Hernán Parada, del partido Centro Democrático, que pretendía darle potestad al Gobierno para activar las órdenes de captura contra los ex integrantes de las Farc, quienes habían dejado las armas después del Acuerdo de Paz. La proposición adicionaba un inciso al parágrafo transitorio número 3 del artículo 8 del proyecto.

En este sentido, tras no aprobarse varios congresistas manifestaron su opinión, tal como lo hizo el representante por el Valle del Cuca, Luis Alberto Albán, del partido Farc, quien señaló que “por mayoría fue negada la proposición aditiva a la Ley de Orden Público, que pretendía lesionar los acuerdos de la Habana. Sigue ganando la paz”.

Otra de las reacciones fue la de la representante por Bogotá, Juanita Goebertus, del partido Alianza Verde, y quien fue una de las que asumió una cruzada para derogar la actuación de la corporación que en la noche del pasado martes le había dado vía libre a dicho artículo, el cual había recibió 119 votos de apoyo y 20 en contra.

“Tuvimos un triunfo muy importante y fue echar para atrás el mico que había introducido el coordinador ponente, el representante Prada que abría la posibilidad de levantar la suspensión de las ordenes de captura, incluso a ex combatientes de las Farc que estuvieran cumpliendo todas las condiciones, porque lo hacía por razones de seguridad nacional y a solicitud del Presidente, por fortuna los distintos partidos nos ayudaron en abrir la discusión y en hundir este artículo”, sostuvo Goebertus.