Como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, un importante número de mandatarios son cuestionados por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por presuntas irregularidades en contratación para atender la emergencia del coronavirus

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Sin haber cumplido los siete meses de mandato, ya son cinco los gobernadores que están siendo investigados por la Fiscalía, además del mandatario del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, a quien la Corte Suprema de Justicia condenó ayer en primera instancia por el delito de corrupción al sufragante.

Al igual que a su colega de Antioquia, Aníbal Gaviria, las conductas por las que Monsalvo es procesado corresponden a su primera administración.

Para la sentencia, que será emitida el lunes, la Corte avaló los argumentos presentados por la Fiscalía que acusó a Monsalvo durante su candidatura de 2011 por firmar pactos con los representantes de los sectores de invasión Tierra Prometida, Guasimales y Emmanuel, en Valledupar, con el compromiso de mantenerles la situación de ilegalidad a cambio de votos.

Un fiscal delegado ante la Corte entregó videos, declaraciones y los acuerdos. Con este material, la Fiscalía demostró que Monsalvo se aprovechó de la necesidad de las comunidades vulnerables y pactó permitir que una condición contraria a la ley se prolongara para asegurar votos.

Como ya lo ha señalado EL NUEVO SIGLO, desde que se implantó la elección popular de alcaldes (1988) y de gobernadores (1991), no hay antecedentes de un comienzo del mandato con tantas investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.

Los casos más avanzados son los de Monsalvo y el suspendido Gaviria, a quien, precisamente, esta semana la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte le ratificó la orden de detención domiciliaria mientras se le adelanta una investigación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros por contratos suscritos en 2005 cuando ejerció, por primera vez, el primer cargo en Antioquia.

También estuvo suspendido tres meses el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, pero su investigación es disciplinaria, aunque una decisión en firme de la Procuraduría podría llegar a tener efectos penales y fiscales.

Un cuarto mandatario es el alcalde de Armenia, José Ríos, quien sigue suspendido, como parte de un proceso disciplinario por presuntas irregularidades en la vigilancia a la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministro por más $1.590 millones.

Es común que los mandatarios regionales acumulen investigaciones a lo largo de su mandato por parte de la Procuraduría y la Contraloría, especialmente, por el tema de contratación, que en la mayoría de los casos son archivadas luego de demostrar que las actuaciones estuvieron apegadas a la ley.

Y aunque ser investigado por un órgano de control no es sinónimo de corrupción por parte de un gobernador o alcalde, porque gozan como cualquier otro ciudadano de la presunción de inocencia, y solo al final de un proceso se determinará su responsabilidad, lo que sucede en esta oportunidad, con el alto número de investigaciones a gobernadores y alcaldes en sus primeros meses de mandato, tiene su explicación en la crisis que vive el país por la pandemia.

Como se sabe, el Estado de emergencia económica, social y ecológica habilitó a las administraciones territoriales para contratar de manera directa, lo cual si bien se justifica por la  urgencia de comprar equipos y dotaciones para los hospitales, así como entregar ayudas humanitarias a las poblaciones más vulnerables durante la cuarentena, también facilita la corrupción.

Igualmente por la pandemia, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría decidieron hacer algo nunca visto, armar un bloque para tratar de evitar que la corrupción se quede con una buena tajada de los recursos para atender la crisis producto del Covid-19, al menos $20 billones que están fluyendo a nivel nacional.

Investigaciones

La Fiscalía ha solicitado información a 1.005 municipios, 5 distritos y 6 entidades de orden nacional, con el propósito de verificar 31.938 contratos suscritos durante la emergencia sanitaria.

Producto de ello anunció que abrió investigaciones al gobernador de Arauca, Facundo Castillo; Magdalena, Carlos Caicedo; Vichada, Álvaro León; y San Andrés, Everth Hawkins. Estos procesos los llevará a cabo la Corte Suprema que aún no los ha llamado a versión libre.

Por su parte, la Procuraduría General inició 24 expedientes por contratación en 14 gobernaciones, así como 70 procesos en 55 alcaldías. También se revisan contratos que vinculan a 24 entidades del orden nacional y territorial.

Este órgano citó a audiencia de juzgamiento disciplinario al gobernador Castillo por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos artísticos en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones, en plena emergencia sanitaria.

La ya mencionada investigación al gobernador Palacios obedece a un contrato por más de $2.000 millones para educación en salud, pero que a juicio de la Procuraduría no es un actividad imperiosa en un momento en que se necesita atender la crisis por la pandemia.

Además del proceso penal que ya tiene fallo de primera instancia, el gobernador Monsalvo está vinculado formalmente a una indagación preliminar por presuntas irregularidades en la vigilancia de 37 contratos, por más de $14.065 millones, para la adquisición de 88.700 kits de mercados.

El gobernador Castillo, además de los ya referidos procesos penal y disciplinario, tiene otro abierto por la Contraloría por $1.050 millones de sobrecostos en un contrato de suministro logístico y entrega de 33.437 kits de ayuda alimentaria a población afectada por la emergencia del Covid-19.