Durante la discusión de la regulación del consumo de drogas en espacio público, los senadores Gustavo Petro, de Colombia Humana, y María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, intercambiaron conceptos sobre la materia.
“No es que se puedan quitar todas las prohibiciones. ¿Qué pasa si en un espacio privado alguien decide consumir alcohol, cigarrillo o cocaína o marihuana o las nuevas drogas? ¿La Policía tendría el derecho de entrar y amonestar a la persona? ¿Pueden entrar para incautar las drogas? Un escenario así pondría más o menos siglos de discusión sobre la libertad humana en cuestionamiento. Eso puede significar una mala concepción alrededor de la libertad humana y sus derechos e incluso una mala concepción para crear una política contra las drogas. Cuando legislaciones diferentes establecen restricciones, como la advertencia en las cajas de cigarrillos –estamos hablando de una política contra el consumo de drogas–, no es una prohibición: son medidas tendientes a que la gente deje de consumir. No hay salas de prevención. Hay tesis que tratan de demostrar que la conducción de un individuo bajo pérdida de libertad en centros de tratamiento no le logra superar su adicción”, dijo Petro.
Así mismo, sostuvo que dichos estudios demuestran que la libertad “es básica para superar la adicción. El consumo no es la esclavitud, es la adicción que no es un símbolo de libertad y no se trata castigando, se trata previniendo y con una política de salud pública. En los Estados Unidos, los que han legalizado de manera parcial la marihuana han logrado que consumos más dañinos, como el de los opiáceos, disminuya. Esa experiencia hay que profundizarla”.
Sin embargo, Guerra precisó que “nosotros como bancada propendemos por la prevención en niños y en jóvenes para que no caigan en el consumo. Además proponemos que se penalice al jíbaro no al adicto, que debe tener un tratamiento en salud como ha sido nuestra postura. Pero nosotros no queremos abrir la puerta al consumo en sitios diferentes a los delimitados en la ley y eso va a permitir la posibilidad del consumo recreativo. No podemos permitir el consumo en cualquier sitio”.
Según la legisladora, “no puede ser que el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Salud sean los que definan las dosis mínimas. Este es un tema de ley. Eso no lo podemos permitir, porque eso no da tranquilidad y seguridad en materia de consumo. El Estado no debe tener salas controladas de consumo, porque esa no es la función del Estado y tampoco su objetivo”.