De no aprobarse las seis objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que presentó el presidente Iván Duque, quedarían muchos vacíos en la implementación del Acuerdo de Paz, según el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

El funcionario afirmó, durante la audiencia pública en el Senado, que como están las cosas, la verificación de quien está o no en la lista de un grupo armado ilegal ya no le correspondería al Gobierno sino  a la propia JEP, específicamente a la Sala de Amnistía.

Para el funcionario, eso sería completamente inconveniente, ya que esa jurisdicción es la que juzga a quienes se acogieron al proceso de paz.

Alertó que se abre la posibilidad de que personas que no hagan parte de los grupos armados ilegales se aprovechen de esa indeterminación y se beneficien de la Justicia Transicional. 

Finalmente, el Comisionado indicó que es el Gobierno nacional el responsable de adelantar los procesos de negociación con los grupos ilegales y que es el Alto Comisionado de Paz el que tiene la responsabilidad política de verificar quién tiene derecho a acceder a los beneficios de la Justicia Transicional.

“La Justicia Especial para la Paz tiene una facultad muy clara para investigar, sancionar y juzgar a personas que se acogen a la Justicia Transicional, pero el Ejecutivo tiene una responsabilidad política e histórica muy clara: es él quien debe determinar si su contraparte, en una negociación de carácter político y no jurídico, hace parte o no del grupo con el cual está llevando a cabo un acuerdo de tipo político”, enfatizó el Alto Comisionado.

“Preocupa al Gobierno que está indeterminación de esa facultad afecte procesos presentes como el que se viene implementando con las Farc, como un eventual proceso con el ELN, porque es la Justicia Especial para la Paz la que termina determinando quienes son miembros o no de un grupo armado organizado y a su vez tendrían que ser jueces de ellos”, señaló.

A su turno, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, inició su intervención afirmando que “causa risa la denuncia que pretenden imponer -por ser inspiradores de un fraude a resolución judicial- a quienes hemos osado en plantearle al país la necesidad de revisar apenas 6 articulitos” de la ley estatutaria.

Sobre las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, el Fiscal advirtió que si no puede citar diligencias judiciales en los procesos que conoce el tribunal de paz, la Corte Penal Internacional, CPI, podría intervenir.

"Si no puedo citar a diligencias judiciales, habrá un sonrisa enorme en la justicia internacional porque están buscando jurisdicciones en las cuales intervenir", aseveró.

Agregó durante su intervención el jefe del ente de investigación penal: "Causa dolor que no se le dé a la sociedad la posibilidad de escrutar si son convenientes o no estas normas de las objeciones a la paz. (...) Y nos denuncian penalmente por un fraude a resolución judicial, cuando todo lo que estamos diciendo corresponde a la letra específica del acuerdo".