Luis Camilo Osorio fue consejero de Estado y fiscal general de la Nación, y desde su perspectiva no se ha hecho un buen diagnóstico de lo que necesita la administración de justicia en el país.

EL NUEVO SIGLO: Bueno, se pasó un año más y nada que tenemos reforma a la justicia…

LUIS CAMILO OSORIO: Lo que veo con admiración es que la gente pide reformas, pero la verdad es que las hemos tenido todas, y recientes, y a mi modo de ver con buena calidad. Tenemos una reforma al sistema judicial penal, Sistema Penal Acusatorio que modificó todo de procedimiento y se convirtió en un paradigma. Después de 200 años de justicia las partes están en igualdad de condiciones y el juez hace de árbitro.

Y tenemos un Código de Procedimiento Penal que es bueno, es excelente, que invita entre otras cosas a la técnica de la audiencia; son disposiciones muy técnicas, muy garantistas. O sea, no podemos tener mejor maquinaria fina, de relojería de alta gama.

Lo que debemos es preguntarnos ¿nuestros operadores de justicia (fiscales, jueces, magistrados, nuestros abogados) están preparados para hacer bien su tarea?

A mí me parece que no hemos hecho un diagnóstico como debe ser. Pero no se necesita introducir más mecanismos, lo que se necesita es aplicar los que hay.

ENS: Es decir, ¿no se necesita una nueva reforma a la justicia sino aplicar la que tenemos?

LCO: Así es. Inclusive hacerles correctivos que los puede hacer el mismo juez, porque así lo autoriza el procedimiento, los jueces pueden ser tan ágiles como ellos quieran sin faltar a las garantías procedimentales, y eso no se está haciendo. Yo hecho de menos esa falta de autocrítica de la propia jurisdicción.

ENS: ¿Eso incluye a las altas Cortes?

LCO: Claro, hay unas reformas que ni siquiera son judiciales sino políticas. Yo estuve en una de ellas (Consejo de Estado) durante siete años, y no veo por qué nosotros tenemos que estar metidos en el cuento de elegir y de postular y de seleccionar ternas, porque me parece que ese no es el oficio de los jueces ni de los operadores de justicia.

Si logramos que esa función se aparte, los jueces con seguridad se van a dedicar a hacer su tarea con más imparcialidad e independencia.

ENS: ¿Pero sí se requería esa reforma a la Judicatura, por ejemplo? Allá hubo dos magistrados que duraron 12 años en el cargo. Como dice usted, ¿eso es no cumplir con lo que les correspondía?

LCO: Sí, desde luego, y es una crítica muy fuerte a la Judicatura: se trajo como una panacea de unos magistrados que hacían la proyección de la justicia, que hacían unas políticas generales de currículos, de cómo seleccionar los jueces, los magistrados, de encarnar la majestad de la justicia como en Francia, pero aquí se dedicaron fue a comprar lápices y en esa parte eran muy activos.

Al director de la rama lo pusieron fue de secretario y unos gestores que están dedicados a comprar pupitres tienen la calidad de magistrados, eso no es. Ahí lo que necesitamos es un gerente. Eso quedó mal hecho desde el principio pero ellos lo acabaron de empeorar.

ENS: ¿Cómo ha visto la parte disciplinaria de la Judicatura?

LCO: Desde un comienzo dijimos ‘eso no está mal, que se auto disciplinen los administradores judiciales’. Siempre se ha dicho que la justicia es entre pares, entonces que haya un tribunal de ética y de estética (risas), pues bien. Pero mientras haya unos jueces que integran un cartel de la justicia, eso resulta un peligro. En general es un mecanismo bueno, que exista ese autocontrol porque por encima de todo está la majestad y la dignidad de la justicia.

ENS: En este Gobierno ha habido tres ministros de Justicia y la elección del Fiscal General. ¿Usted ve continuidad en la política criminal del Estado, o ve mucha improvisación?

LCO: La cuestión en el Ministerio de Justicia es un acompañamiento a la rama que no se da, desafortunadamente hay celos y recelos, ellos quieren tener su propia independencia presupuestal y demás, cuando la colaboración armónica es que se trabaje de la mano. Y las funciones del Ministerio de Justicia se han reducido al tema carcelario y a nombrar al director del Inpec, que por cierto esa institución es un ‘elefante blanco’ porque tiene una gran cantidad de sindicatos, más de 70, y se ha perdido mucho esa función de la política criminal del Estado.   

En este momento el Gobierno hace esfuerzos por atender un reclamo que, en mi opinión es más político, y es distribuir funciones precisamente para que la justicia se dedique a lo que se tiene que dedicar. Pero las personas que han nombrado son grandes profesionales, que conocen muy bien el poder judicial.