El Jefe de Estado le pidió a la Corte Suprema de Justicia celeridad en la elección

__________

La administración de justicia está a punto de comenzar a escribir una nueva página con la elección del fiscal ad hoc que se encargará de conocer los tres procesos del escándalo Odebrecht en los que se declaró impedida la vicefiscal general María Paulina Riveros.

Como se trata de una figura inexistente en el ordenamiento jurídico colombiano, la decisión que adopte la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que tendría que darse a más tardar el próximo 20 de diciembre cuando comienza la vacancia judicial, marcará un precedente jurisprudencial.

Hasta el momento el único antecedente sobre una figura similar ocurrió en 2013, cuando la entonces contralora general de la República, Sandra Morelli, reclamó, tras recusar al fiscal general Eduardo Montealegre y a su vicefiscal Jorge Perdomo por querer obstruir el proceso de responsabilidad fiscal que su despacho adelantaba por el descalabro financiero de la EPS Saludcoop.

Pero este caso es distinto, pues fue la Corte Suprema la que admitió los impedimentos del fiscal Néstor Humberto Martínez, cuando asumió el cargo, frente al escándalo de Odebrecht y los delegó en la vicefiscal Riveros. Y ella hizo lo propio ante la Corte tras la recusación que le formuló la Red de Veedurías ciudadanas.

Sin embargo, ahora surge otro frente de discrepancias: las inhabilidades jurídicas que tendrían los integrantes de la terna enviada por el presidente Iván Duque a la Corte, de la que saldría el nuevo fiscal ad hoc.

Son ellos: Margarita Cabello Blanco, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia, corporación de la que fue su Presidenta; Clara María González Zabala, actual secretaría jurídica de la Presidencia de la República, y Leonardo Espinosa Quintero, decano ejecutivo de la Facultad de derecho de la Universidad Sergio Arboleda.

Las inhabilidades

Desde distintos sectores se ha dicho que los tres candidatos tendrían que declararse impedidos, cada uno por razones distintas. Veamos.

De la magistrada Cabello Blanco se dice que participó en la elección de varios de sus compañeros, lo que supondría un impedimento pues estaría violando la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes que buscaba cerrar la práctica judicial del “yo te elijo, tú me eliges”.

En cuanto a la abogada González Zabala, hoy secretaria jurídica de Palacio, se afirma que por ser subalterna del Primer Mandatario Nacional no representa “independencia” del poder Ejecutivo.

Incluso, otras versiones apuntan a que como toda la normatividad que salga de la Casa de Nariño tiene que ser revisada por ella, estaría inmersa en causal de impedimento para la elaboración de la terna.

Del decano de la Universidad Sergio Arboleda, en cambio, algunos expertos aseguran que aunque no tiene aparentes inhabilidades, ni él ni sus dos compañeras de terna son abogados penalistas.

Este requisito, que tampoco es obligatorio para el Fiscal General de la Nación, sí debería tenerlo el nuevo fiscal ad hoc pues los críticos advierten que debe resolver temas graves como sobornos y prácticas de corrupción administrativa.

La defensa del presidente Duque

Frente a este panorama, reconocidos juristas le han pedido al presidente Iván Duque que retire la terna y la recomponga con otros abogados.

Sin embargo, el Jefe de Estado reiteró este miércoles su defensa a la terna de candidatos. En declaraciones a RCN Radio, Duque explicó por qué mantendrá a los tres postulados.

“Esta figura -el fiscal ad hoc- no tiene reglamentación jurídica y no se trata de un cargo público, se trata de un encargo de responsabilidades. Cuando uno examina la Constitución Nacional, uno se da cuenta de que para ejercer el cargo de fiscal se necesitan los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Dado que no hay ninguna reglamentación, no existe ninguna inhabilidad para el ejercicio de ese encargo”, señaló.

Por otra parte, se ha especulado que la magistrada Cabello Blanco y la abogada González Zabala deberían renunciar a sus cargos o pedir una licencia no remunerada en sus actuales empleos, pues legalmente no podrían recibir doble salario del Estado.

Al respecto, Duque reiteró que el fiscal ad hoc “no se trata de un cargo, sino de un encargo”. Es decir, insistió, “debido a que no tiene reglamentación jurídica no se trata de un cargo público, sino de un encargo de responsabilidades”.

Frente al caso de la supuesta inhabilidad de la magistrada Cabello Blanco, el Presidente explicó que “no existe ninguna inhabilidad porque no es remunerado y básicamente debe cumplir con los mismos requisitos de un magistrado de la Corte Suprema”.

De su Secretaria Jurídica en el palacio presidencial, Duque aseguró que “me ha acompañado en muchos de los proyectos de lucha contra la corrupción…Es una mujer de gran carácter y solvencia”. 

En este punto hay que recordar un precedente. En agosto de 2018, el entonces presidente Álvaro Uribe postuló al secretario jurídico de la Casa de Nariño, Mauricio González Cuervo, para ocupar el cargo de magistrado de la Corte Constitucional.

A pesar de la polémica, Uribe Vélez lo mantuvo en la terna y al final González Cuervo resultó electo.

Y de Leonardo Espinosa Quintero, el presidente Duque dijo que se trata de “uno de los colombianos pioneros en hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”.

En conclusión, el Jefe de Estado dejó ver que no piensa cambiar la terna de candidatos, pues en su opinión “todos son garantía de transparencia y capacidad profesional”.

Ahora la decisión está en manos de la Corte Suprema. Quien salga elegido fiscal ad hoc debe conseguir 16 de los 23 votos de ese Tribunal, y conocerá solo de tres casos relacionados con el escándalo de Odebrecht: el proceso del exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales; el de las ex ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez-Correa; y la negociación de los ejecutivos brasileños de Odebrecht con la justicia colombiana.

¿Devolverán la terna?

Congresistas de las bancadas opositoras en el Congreso le pidieron al presidente de la Corte Suprema, José Luis Barceló, devolverle a la Casa de Nariño la terna argumentando las incompatibilidades que descartó el mandatario Duque.