La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se refirió a la propuesta que hizo el presidente electo, Gustavo Petro, de eliminar o reformar la Procuraduría.

Sorprendió que la alta funcionaria no se había manifestado sobre el tema, pero ayer sí se pronunció: “frente a la polémica que ha suscitado el anuncio de eliminar a la Procuraduría, igual que nos ocurrió a nosotros, se están dando cuenta que no es fácil dar con una solución que satisfaga la orden de la Corte IDH. ¡No se trata de proferir un articulito y ya!”.

“La eliminación de la Procuraduría requiere de una Asamblea Nacional Constituyente y la requiere porque, recordemos, la Procuraduría es un ente u órgano de control”, indicó la procuradora.

A lo que se refirió la jefe del ministerio público fue al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020, donde señaló que los funcionarios elegidos por voto popular no pueden ser sancionados por autoridades no penales.

También dijo la procuradora que esa medida podría dar para hechos de impunidad, ya que se debe castigar a quienes incurran en irregularidades en sus cargos.

"¿Por qué para los funcionarios de elección popular ese privilegio de no ser objeto ni sujetos del derecho disciplinario? En mi criterio, eso se traduciría en patrocinar la impunidad. No pueden existir sujetos de primera y segunda clase", señaló Cabello.

Estas declaraciones fueron hechas en el VI Seminario Regional para implementar la Ley 2094 de 2021, que reformó el Código General Disciplinario por el que se rige la Procuraduría, celebrado en Pasto, Nariño.

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¿Cómo nació la discusión?

Todo el tema surgió por las críticas hechas por Gustavo Petro con respecto a las facultades del Ministerio Público de sancionar a funcionarios elegidos por medio del voto popular. “La eliminación de la Procuraduría requiere de una Asamblea Nacional Constituyente y la requiere porque, recordemos, la Procuraduría es un ente u órgano de control”, agregó Cabello.

La discusión se originó a partir de del fallo de 2020 en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordena a Colombia que haga las reformas necesarias a la Constitución porque en su criterio autoridades no penales no pueden afectar los derechos políticos de personas elegidas por voto popular, debido a que solo puede hacerse mediante una condena en un proceso penal. Esto por la polémica surgida por la destitución de Petro de la Alcaldía de Bogotá a manos del entonces procurador Alejandro Ordóñez.

Por eso, el presidente electo, junto a otros políticos, han dicho que la Procuraduría no debería tener facultades para sancionar a funcionarios elegidos por voto, si bien la sentencia de la CIDH solo abordó destituciones e inhabilidades.

Al respecto, Cabello señaló que, “¿Por qué para los funcionarios de elección popular ese privilegio de no ser objeto ni sujetos del derecho disciplinario? En mi criterio, eso se traduciría en patrocinar la impunidad. No pueden existir sujetos de primera y segunda clase”.

La CIDH había hecho fuertes pronunciamientos referidos a la reforma presentada por la Procuraduría por no cumplir con su fallo. “El documento establece que no cumple con los mandatos de la sentencia que se adoptó en el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y cuestiona que la Procuraduría todavía conserve las facultades para inhabilitar y destituir a funcionarios de elección popular”, sostuvo en su momento el alto tribunal.

Por eso, Cabello dijo que la discusión sobre el cumplimiento del fallo es bienvenida y que se trata de un tema difícil, “pero invito a que esa discusión sea jurídica, seria y respetuosa; sin ofensas personales o expresiones malsanas frente a la institución o su personal; con argumentos sólidos y con conocimiento claro de las funciones delineadas por la Constitución”.

De igual forma, agregó que “se requiere además que la discusión que se haga se soporte en verdades y no en argumentos banales, como la referida al monto del presupuesto, que dicen es de 2 billones de pesos, o mencionan que hay que acabarla porque ella no existe en otros países”.

“No se hizo para burlar a la Corte IDH o entrar en desacato, como dicen algunos actores políticos, fue un estudio serio que contempló muchas salidas jurídicas, hasta llegar a la más adecuada”, indicó Cabello además.