Gabriel Sonny Cubillos

Periodista de EL NUEVO SIGLO

A pesar de que apenas al final de este año se harían efectivas las primeras sentencias en el marco de la Restitución de Tierras, hay procesos anteriores a esta ley que no avanzan.

Se trata del caso de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Bajo Atrato chocoano, en donde las tierras no han sido devueltas a las comunidades, según dijo el sacerdote Alberto Franco, secretario Ejecutivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

EL NUEVO SIGLO:¿A través del trabajo con las comunidades, qué han podido observar del proceso de restitución de tierras?

PADRE ALBERTO FRANCO: Bueno, en el caso de Curvaradó y Jiguamiandó todo lo que podemos decir es que ese es un proceso que está mucho antes de que se estableciera la ley, que antes había sentencias de la Corte Constitucional, que habían declaraciones de la OIT a favor de las comunidades, y que a pesar de una serie de decisiones judiciales, pues hay varios autos de la Corte Constitucional y hay decisiones de la Defensoría del Pueblo, hay informes del Incoder, que hablan de la propiedad de la tierra de las comunidades y la ilegalidad de los empresarios bananeros, palmeros y ganaderos, las tierras no se le han devuelto a las comunidades, siguen dilatando y no hay en este momento ni la devolución de tierras ni lo que llama la Corte restitución material de la tierra, ni un programa de protección para las comunidades y los líderes que están defendiendo su territorio.

ENS: ¿Han regresado las comunidades a la región?

PAF: En este caso las comunidades han regresado a parte de su territorio constituyendo zonas humanitarias, zonas de biodiversidad, como un mecanismo de protección de la población civil en medio del conflicto, como una manera de visualizar ante la comunidad internacional sus derechos y su decisión para no ser involucrada en el conflicto, pero están ahí también los empresarios que generaron el desplazamiento, los paramilitares que los asesinaron junto con los empresarios, está la colaboración de la Brigada XVII y la Policía de Urabá con los narcotraficantes que están cultivando coca en ese territorio, como lo han dicho reiteradamente las comunidades; además están lo que se llama invasores, personas llevadas por los empresarios para bloquear cualquier restitución normal del territorio.

ENS: ¿Qué otros procesos están acompañando ustedes?

PAF:Nosotros acompañamos la comunidad de Cacarica, que fue víctima de la operación Génesis en el año 1997, que en este momento el caso ha pasado a la Corte Interamericana. Las comunidades han denunciado los atropellos cometidos en la operación conjunta entre militares y paramilitares, comandado por Rito Alejo del Río, razón por la cual él está en la cárcel, porque en esa operación Génesis se asesinó a Marino López, un afrodescendiente que desmembraron delante de la comunidad y luego jugaron fútbol con su cabeza para aterrorizar la gente.

Acompañamos la comunidad indígena del Alto Guayabal en la parte alta de Jiguamiandó, que está defendiendo el cerro Careperro, que para ellos es el cerro sagrado, que fue cedida en concesión en un proyecto que llaman Mandé Norte, de una manera inconsulta, y que luego de un proceso de una consulta interna, donde la inmensa mayoría de las comunidades dijo no al territorio, pues la Corte Constitucional, acogiendo una serie de informes de la Defensoría del Pueblo, les reconoció el derecho a las comunidades y anuló lo que el Gobierno y la empresa habían presentado como consulta previa, es decir una actuación usando a unas personas que no son del territorio y las hicieron pasar como si fueran miembros de las comunidades, y por esa vía legalizaron la consulta previa.

Paradójicamente, el auto de la Corte Constitucional fue impugnado por Minorías Étnicas del Ministerio del Interior y por la empresa La Muriel, que es de una multinacional llamada Río Tinto, que había recibido en concesión el territorio. La Corte Constitucional se ratificó en favor de las comunidades.

Alerta

Por el trabajo que viene adelantando, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha sido víctima de seguimientos, de judicializaciones, de amenazas, “secuestro de una persona, intento de homicidio de otra, robo de información”, sin “ninguna actuación eficaz por parte del Gobierno para la protección y la investigación de todos estos hechos”, señaló el padre Franco.