EL NUEVO SIGLO: Desde sectores de la oposición al Gobierno se afirma que la declaratoria de emergencia fue una medida populista e incluso, con trasfondo electoral. ¿Qué considera?

AMYLKAR ACOSTA: En mi concepto, la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira está plenamente justificada, puesto que, para mí, cada niño que muere por inanición es un hecho sobreviniente y, porque, tal como lo establece el artículo 215 de la Constitución Política, otra razón que la motiva es la calamidad pública que se ha abatido sobre su territorio.

La mejor prueba de ello es la declaratoria por parte de la Corte Constitucional del Estado de cosas inconstitucionales.

ENS: El sábado se cumplen dos meses de la declaratoria de emergencia económica, social y ambiental en La Guajira. ¿A hoy, concretamente, qué se ha implementado en el marco de este estado de excepción?

AA: Los 12 decretos expedidos al amparo de dicha declaratoria son harina de otro costal y tengo reparos con respecto a varias de las decisiones que se tomaron a través de ellos.

Primero, pretender que de la noche a la mañana las dos unidades de generación térmica de Termoguajira, de propiedad de Gecelca, sean sustituidas por fuentes de generación con cero emisiones. Esto, además de impracticable, es absurdo y expondría a la región Caribe a pasar del racionamiento actual a un apagón.

Segundo, la modificación del régimen de transferencias de parte de las empresas generadoras de energías renovables a las comunidades asentadas en el área de influencia de los proyectos y en los municipios de Uribia y Maicao, en La Guajira, al reducirles esta compensación por el impacto de los mismos, puede recrudecer la conflictividad social que ha frenado su ejecución.

Tercero, so pretexto de darle prioridad al uso del agua para consumo humano, en el caso del proyecto multipropósito de la Represa del Ranchería, se está disponiendo es su uso exclusivo con tal fin, con lo cual se está dando entierro a la segunda fase de dicho proyecto, que contempla la irrigación de 18.000 hectáreas de los distritos de San Juan del Cesar y del Rancheria, además de la instalación de una planta para generar energía de 12 MW. Tanto es así, que dicho proyecto pasó de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) del Ministerio de Agricultura al control del Ministerio de Vivienda.

Por otra parte, la orden de suspensión de las obligaciones contraídas por las empresas responsables de los parques eólicos en La Guajira de entregarle a los comercializadores la energía contratada, tiene en ascuas al sector eléctrico y precipitaría mayores alzas en las tarifas de energía a los usuarios finales.

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Corte Constitucional

ENS: ¿Cree que la Corte Constitucional va a tumbar o a mantener este estado de excepción?

AA: Creo que la Corte Constitucional declarará ajustada a la Carta la declaratoria de la emergencia, pero dudo que haga lo propio con varias de las medidas tomadas, ya sea porque transgreden las normas constitucionales y legales o por falta de conexidad con las razones que se invocaron para dicha declaratoria.

ENS: Se afirma que es muy posible que el Gobierno prorrogue la declaratoria de emergencia por otros tres meses, ¿usted qué cree?

AA: No creo que se vaya a extender la declaratoria de la emergencia porque el Gobierno ya expidió los decretos previstos.

Paño de agua tibia

ENS: ¿Qué responderle a quienes dicen que esta declaratoria es un paño de agua tibia frente a la gravedad de las crisis estructurales y de vieja data de La Guajira?

AA: Todavía es prematuro calificar como paños de agua tibia las medidas tomadas para el departamento de La Guajira, cuando su implementación toma tiempo.

ENS: Para un dirigente guajiro como usted, ¿qué reacción le produce que se diga en estos días que la crisis en las vías del Llano daba más para declarar una emergencia económica que lo que está ocurriendo en La Guajira?

AA: Con respecto a la calamitosa situación de la vía al Llano y sus repercusiones, yo diría que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El Gobierno tendrá los suficientes elementos de juicio para concluir si la crisis allí planteada la puede sortear por la vía ordinaria o es menester la declaratoria de la emergencia para lograrlo.