Piden que sea modernizado el sistema de registro de tierras e inmuebles en general, así como avanzar en mecanismos de identificación con la biometría.

El proceso de desmovilización masiva de paramilitares y unipersonales de la guerrilla, primero, y la implementación y aplicación de la Ley de Víctimas, después, han permitido descubrir el robo de tierras que se ha presentado en Colombia durante el conflicto armado.
El Gobierno se propone, en el marco de la aplicación de la Ley de Víctimas, restituir a campesinos 2,2 millones de hectáreas de tierras usurpadas.
Pero también el propio Estado ha vivido en carne propia este delito. Hace poco la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad clave hasta el momento en el rastreo que se le viene haciendo a los títulos de propiedad de los predios en discusión, señaló que se robaron 320.000 hectáreas de tierras al Estado, así lo indica un barrido que adelantó en apenas tres Departamentos.
Este robo, según el Gobierno y la Superintendencia de Notariado, ha sido posible no solo por la acción violenta de los grupos armados ilegales y los avivatos, sino por el concurso de notarios que supuestamente se han prestado para legalizar predios usurpados.
El gremio de los notarios ha rechazado estas acusaciones y exige respeto por esta institución. El presidente del Notariado Colombiano Álvaro Rojas dijo que los notarios no han robado tierras.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la dimensión de la participación de notarios en el robo de tierras?
ÁLVARO ROJAS: Bueno, yo lo único que puedo expresar con absoluta seguridad es que ningún notario del país ha robado tierras. Ha habido unas investigaciones que corresponden a actuaciones históricamente vistas con mucho tiempo hacia atrás en la transferencia de titulación, que en buena parte corresponden a fenómenos postconflictos generados por narcotráfico, la guerrilla, los desplazamientos masivos y una serie de fenómenos sociales que el país ha tenido que afrontar.
Es entendible que muchos terrenos han sido transferidos en una forma que en el fondo no debió ocurrir, pero que el notario solamente responde ante la regularidad normal y el notario no tiene competencia ni capacidad para indagar sobre el origen de las transacciones de carácter privado.
Aquí ha habido compradores, por los casos que conozco, que merecen el más absoluto respeto, entidades como los mismos Fondos Ganaderos, empresas tan grandes como Argos, la cementera, y así infinidad de transacciones que a la luz pública merecen ser consideradas como operaciones transparentes y sin indicios de un itinerario criminal. Sí ha habido algunas situaciones difíciles que le han ocurrido a varios notarios del país, pero no son cantidades alarmantes.
No quiero justificar el número de notarios en este momento vinculados a investigación, pero yo creo, en un país social de Derecho, que las personas no pueden ser condenadas mientras no exista un debido proceso. Y dentro del debido proceso, por ejemplo, encontramos que varios de los notarios que han sido vinculados, inclusive privados de la libertad, ya la recuperaron a través de decisiones de jueces de garantías y jueces que revisan las actuaciones tras las primeras decisiones tomadas.
Yo no puedo salir a defender independientemente ningún caso, las conductas penales son de responsabilidad de cada persona, de cada individuo en particular, y nuestra institución no tolera conductas inapropiadas.
El Notariado colombiano no delinque, no tiene el perfil de un delincuente. Como toda institución de humanos, tal como ocurre en la misma administración de justicia, en las Fuerzas Militares, en el clero, en todas las entidades integradas o conformadas por hombres, es posible que algunos de sus miembros incurran en conductas indecorosas o inapropiadas, y tendrán que responder conforme a la ley.
De manera, pues, que las informaciones que se dan no son los periodistas los responsables de esto, tienen la obligación de informar lo que ocurre, pero la verdad es que en lo que yo tengo son muy pocos los casos contados en los que se puede vislumbrar una eventual responsabilidad de algún funcionario o de algún notario.
Pero quiero también que se separe de una vez por todas que son dos entidades diferentes: el sistema registral y el sistema notarial colombiano, y fallan en uno y nos adjudican a nosotros y posiblemente algunas falencias nuestras se las adjudican también a las Oficinas de Registro.
Esto me tiene a mí muy incómodo, porque las informaciones periódicas y permanentes nos están causando daño, porque no hay día que transcurra que no se den informaciones negativas contra el Notariado. Todo nos lo achacan a nosotros en el Notariado, y no tengo en este momento una sola prueba que me permita decir que un notario robó tierras.
ENS: ¿Es exagerado hablar de un gran robo de tierras?
AR: Eso del robo de tierras debe tener un enfoque diferente, una denominación diferente, eso se puede llamar fenómeno de la titulación por desplazamiento masivo o por fenómeno postconflicto, y la Unión Internacional de Notariado, de la cual Colombia hace parte, entiende y nos está asesorando para dar este paso fundamental y facilitarle al Gobierno y apoyar las decisiones del señor Presidente en el sentido de ser nosotros el instrumento ideal e idóneo para los casos en que haya que restituir títulos.
Nosotros inclusive hemos renunciado al cobro de tarifas notariales, pero no puede generalizarse una falla o un error de una persona como una falla de la institución y que pongan al Notariado en la picota pública como un gremio delincuente, criminal e indeseable.
No, eso no lo permitimos porque no puede ocurrir, nosotros somos una institución que merecemos respeto, tenemos la confianza de nuestros compatriotas. Nosotros hacemos más de 20 millones de diligencias notariales al año, en las cuales el porcentaje de error, de falla, de falsedad, de fraude, es mínimo, ni siquiera llega al 0,1%. Y eso indica que estamos haciendo el oficio, que somos un Notariado respetable, que somos un Notariado idóneo, que somos un Notariado transparente.
No puedo permitir que se siga actuando de manera irresponsable contra la institución que yo actualmente presido.
ENS: ¿Habría que modernizar el sistema de registro y control de la titulación de tierra en el país?
AR: Claro que sí hay que modernizarlo, hay que prestar los servicios en línea. Lo más importante es que el Gobierno nos continúe apoyando y las instituciones en la identificación biométrica. Cuando tengamos al país a través de la identificación biométrica de los usuarios de los servicios notariales, es decir cuando con su huella y su fotografía podamos decir es esa persona o no lo es, tendrán que desaparecer del cuaderno de delitos la falsedad y la suplantación como delitos de mayor número de casos que se presentan en las Notarías.
Ese es nuestro propósito, llevamos más de cuatro años luchando por ello, pero con todas las trabas e inconvenientes que genera la interrelación con las instituciones del Estado; sin embargo, quiero reconocer que con la actual administración de la Superintendencia de Notariado y Registro hemos llegado a unos acuerdos programáticos, hemos firmado unos convenios con la Registraduría, con el Ministerio de las TIC, hemos aprendido la función pública, estamos en un proceso de modernidad, de mejorar los servicios y dar seguridad.
Pero, por ejemplo en el caso de la autenticación, abolirla no tiene sentido, lo que yo odio son los trámites engorrosos. Inclusive en los países del sistema anglosajón, Reino Unido, Estados Unidos, parte de Canadá, aceptan las autenticaciones, hay notarios, eso no puede desaparecer.
¿Cómo se va a negar un colombiano a invertir $1.300 para darle seguridad a la firma en un documento, cuando si no lo hace puede arriesgarse a que en la ejecución de ese mismo contrato personal o privado se presenten diferencias y haya que acudir a un juez para que diga si son las firmas o no, y si las partes lo aceptan? No se puede borrar de un plumazo, de un solo tajo, lo que es la esencia de la función notarial. Nosotros tenemos errores, pero la gente cree en nosotros. La seguridad jurídica, la propiedad inmobiliaria, la misma protección de la propiedad privada, fundamento del sistema económico colombiano, se da gracias a la salvaguardia y a la protección que han brindado en Colombia.
Nosotros somos garantes de la seguridad jurídica de los actos de los colombianos, y no se puede pensar que por $1.300 se exponga un contrato, se expongan unos usuarios, se exponga toda la trascendencia de un contrato privado. Compartimos plenamente la posición del señor Presidente de la República y de su equipo de gobierno en el sentido de que hay trámites innecesarios, que hay autenticaciones innecesarias.
Nosotros no somos los del papeleo. ¿Cuánto demora un duplicado de una cédula, de una tarjeta de identidad, cuánto demora reponer un diploma que se pierda, cuánto demora reexpedir una tarjeta profesional de un ingeniero, de un abogado?
En Estados Unidos expedir un documento de identificación demora 30 segundos y sale a color, en Londres lo mismo, en China, en Japón; pero este fenómeno de la tramitología no se lo inventaron los notarios, se lo inventó el mismo Estado, que no cree en sus conciudadanos.