El Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión del acto por medio del cual el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue separado provisionalmente de su cargo por la Viceprocuraduría General de la Nación durante tres meses o hasta que culmine el proceso de elección presidencial en Colombia.

La decisión tiene su origen en las demandas de acción de tutela que, respectivamente, presentaron el propio Burgomaestre suspendido y los ciudadanos Jhon James Parra, José Libardo Vallejo y Mateo Vélez.

Para los accionantes, el acto de suspensión preventiva que emitió la Procuraduría y la consecuente designación del alcalde encargado a instancias de la Presidencia de la República violaron a Quintero los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegidos. Por esa razón, además de invocar el amparo constitucional, solicitaron suspender los actos administrativos emitidos por las autoridades demandadas.

Tras admitir las demandas para su estudio, la sala decidió no decretar las medidas preventivas solicitadas, con fundamento en que el Viceprocurador General tiene competencia preferente para asumir el conocimiento de la investigación seguida contra el Alcalde por la presunta utilización del cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos en estas elecciones.

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De igual forma porque “la suspensión del cargo es una medida provisional, no definitiva, que busca evitar que el disciplinable, en ejercicio de su cargo, pueda interferir en la contienda electoral que actualmente se desarrolla en el país”, explicó el Consejo de Estado; así como porque “la medida, además, es necesaria y proporcional, teniendo en cuenta que la afectación de los derechos del funcionario investigado, en todo caso, no es superior a los beneficios que se obtienen con ella, máxime si se considera que la suspensión provisional es por tres meses o menos, esto es, hasta que finalice la contienda electoral del país”.

El suspendido funcionario alegaba que, al haber sido marginado de su cargo de manera transitoria, se desconoció el precedente judicial establecido por el Consejo de Estado en torno a las competencias de la Procuraduría General de la Nación frente a funcionarios elegidos por voto popular, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sin embargo, la sala estableció que dicho precedente se fijó para el caso de las sanciones definitivas, mas no para resolver la medida preventiva consistente en la suspensión provisional del servidor público, asunto que tampoco fue examinado por la alta Corte en el caso citado.