El Consejo de Estado negó un recurso de hábeas corpus que presentó buscando su libertad provisional el exmagistrado Gustavo Enrique Malo Fernández, investigado por el escándalo del llamado ‘Cartel de la Toga’, como se denomina a una red de magistrados, exmagistrados y abogados que habría operado en la Corte Suprema de Justicia entre 2013 y 2015 vendiendo el sentido de los fallos.
Malo Fernández es investigado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización indebida de asuntos sometidos a reserva.
Al presentar la acción de amparo constitucional, el exfuncionario judicial sostuvo que la privación de su libertad se prolongó de manera ilegal. A su juicio, las decisiones de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema emitida el 3 de junio pasado y la de la Sala Penal de ese alto tribunal que se produjo 16 días después dieron lugar a la aludida vulneración de sus derechos.
Sostuvo que se produjeron irregularidades procesales y se desconoció la jurisprudencia vigente, al contabilizar los términos para concederle la libertad por haber pasado más de seis meses desde la ejecutoria de resolución de acusación, sin que se hubiere desarrollado la respectiva audiencia.
Para la defensa del exmagistrado, se incurrieron en las mismas equivocaciones al contabilizar los términos de concesión de libertad por haber transcurrido más de 150 días desde la fecha de inicio de la audiencia de juicio, sin haber celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente.
El Consejo de Estado no accedió al recurso y lo declaró improcedente. En cuanto a la determinación de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, explicó que su decisión de negarle la libertad no incurre en los defectos alegados por la defensa. Luego de recordar cuáles fueron las actuaciones de la defensa que llevaron a prolongar la audiencia de juzgamiento, la máxima instancia contenciosa sostuvo que el habeas corpus no es una instancia adicional para obtener los pronunciamientos que las partes esperan cuando acuden al juez natural, en este caso concreto, la Corte Suprema.