Uribe y Petro tuvieron esta semana un fuerte encontronazo en el Congreso por salvaguardas a la extradición en Acuerdo de Paz
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Uno de los choques más fuertes hasta el momento en el Congreso sostuvieron esta semana los senadores Álvaro Uribe y Gustavo Petro a raíz de las objeciones del presidente Iván Duque al proyecto de ley estatutaria de la JEP, específicamente sobre la extradición.
En este punto el exmandatario defiende la eliminación del artículo que frena la extradición de personas que estén entregando verdad, porque dice que esto podría ser aprovechado por narcotraficantes en el marco del Acuerdo de Paz. No obstante el exalcalde recordó que Justicia y Paz permitió a varios narcos camuflarse. Sin embargo, al final los dos tendrían la razón porque en los dos procesos se han presentado ‘colados’.
Las objeciones presidenciales a la estatutaria de la JEP fueron negadas por la Cámara y ahora la atención se centra en el Senado, en donde está pendiente votarse porque la ponencia mayoritaria, que pide aprobarlas, no ha sido radicada.
En ese sentido el senador Petro defendió en la plenaria del pasado martes el artículo 156 de este proyecto, que suspende la extradición de las personas que estén diciendo verdad en la JEP. Señaló que no hay posibilidad de que narcotraficantes se cuelen porque los listados de desmovilizados de las Farc fueron cerrados desde hace tiempo.
Antes, por el contrario, el Parlamentario de la oposición dijo a Uribe que en la desmovilización de los grupos paramilitares que propició su gobierno se colaron varios narcotraficantes.
Petro dijo que “las listas de los paramilitares se utilizaban para meter dentro paramilitares, guerreros, narcotraficantes. Los ‘Mellizos’, el señor Arroyave, que además me quería asesinar, y sabiendo el gobierno (de Uribe) que me quería asesinar, le prestó el helicóptero oficial para sacarlo de San José de Ralito y llevarlo a su frente en los Llanos Orientales donde estaba planeando mi asesinato. Lo mató el segundo al mando. Vi como había tesis jurídicas defendidas por el gobierno del entonces tratando de hacer del narcotráfico un delito conexo al delito político”.
Añadió el exalcalde de Bogotá que con las objeciones “expresidente Uribe, usted le hace daño al presidente Duque al presionarlo para que le ponga trabas a la posibilidad de la verdad en el proceso de paz. Todo por ocultar los nombres de los terceros y beneficiarios económicos de la violencia”.
Por su parte, el expresidente Uribe respondió a Petro “prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicario moral difamando. Sicario, sicario, sicario”.
Añadió Uribe que “del Presidente se puede decir que nunca ha presionado a un colombiano, el presidente Duque no ha estado en movimientos criminales ni terroristas en donde a los colombianos les aplicaban la ley del fusil. Soy una persona que argumento mis posiciones pero nunca presionaría al presidente Duque”.
El senador Uribe dijo que está impulsando un acuerdo en el Senado con los diferentes partidos para que al menos se avalen dos de las objeciones del presidente Duque.
“Creemos en la posibilidad de que haya un acuerdo mayoritario en el Senado para, por lo menos, poder aprobar dos de las objeciones. La objeción que tiene que ver con la extradición y la que tiene que ver con el riesgo de que personas ajenas sean involucradas en este proceso”.
Justicia y Paz
En 2014 la Corte Suprema ordenó la exclusión de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, quien fue postulado por el gobierno de la época a la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005) como supuesto comandante del Bloque Vencedores de Arauca de las Auc, entre 2000 y 2005
No obstante, el alto Tribunal consideró que no fue más que una fachada que utilizó Mejía Múnera pues realmente había estado en el narcotráfico por más de una década. La finalidad del “postulado al vincularse como integrante del Bloque Vencedores de Arauca fue principalmente encubrir y facilitar su negocio ilícito de tráfico de estupefacientes”, señaló esta Corporación.
Agregó la Corte Suprema que Mejía Múnera “edificó una empresa criminal a gran escala, nacional e internacional, dedicada al tráfico de estupefacientes, la que se robusteció aún más con el ingreso del desmovilizado como integrante del Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas, razón suficiente para afirmar que dicha actividad ilícita no puede estar cobijada por los beneficios de la Ley de Justicia y Paz”.
‘El Mellizo’ se desmovilizó con el Bloque Vencedores de Arauca el 23 de diciembre de 2005 en el municipio de Tame, en Arauca, sin embargo no se presentó ante los fiscales de Justicia y Paz, hasta su captura el 2 de mayo de 2008. En febrero de 2009 fue extraditado a Estados Unidos, en donde era reclamado por delitos asociados al tráfico de drogas.
Sin embargo, por esos días la Corte mantuvo en Justicia y Paz a Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, comandante del Frente Sur de Bolívar del Bloque Central Bolívar, a pesar de comprobar sus relaciones con el narcotráfico. La diferencia en este caso es que el alto Tribunal concluyó que desarrolló esta actividad para financiar la lucha contrainsurgente adelantada.
También la Corte sacó de Justicia y Paz a Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias ‘Gordolindo’, pues determinó que buscó camuflarse en uno de los grupos paramilitares para ocultar sus labores de “narcotraficante puro” y evitar, de esa manera la extradición a Estados Unidos. Igualmente fue excluido Juan Carlos 'el Tuso' Sierra por sus vínculos con la venta de narcóticos.
En febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia llamó a versión libre a tres exparlamentarios (Eleonora Pineda, Rocío Arias y Miguel de la Espriell) porque, presuntamente, habrían facilitado que narcotraficantes se colaran en el proceso de Justicia y Paz.
‘El Tuso’ en una declaración a la Corte Suprema aseguró que “en esa vuelta” (entrar a Justicia y Paz) le ayudaron varios políticos, y que “las habladas (en su favor) no eran gratis”. “Me costó dinero, y no poquito”, dijo.
Los colados en la JEP
En septiembre de 2017, meses antes de que entrara a operar la JEP, el entonces alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, reveló que “hay un grupo de unos 352 nombres, que llamamos casos sensibles, entre ellos, unos 25 extraditables, que no hemos acreditado porque hemos recibido información de inteligencia o de la Fiscalía en el sentido de que no pertenecen a las Farc”. Agregó que de esos 352 nombres, 160 ya han sido retirados por las mismas Farc de la lista de postulación inicial.
En tanto que esta semana el comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo que fueron expulsados de la lista de desmovilizados de las Farc seis capos del narcotráfico considerados como los más buscados en el mundo. Se trata de Olindo Caicedo, alias ‘Olindillo’; Álver Pineda, alias ‘Mono’; José Límber Valencia; Milton Polivio Rosero; Diego Alberto González; y Washington Perlaza.
Ceballos explicó que “se ha venido haciendo una depuración juiciosa de los nombres de los listados. En octubre del año pasado obtuvimos información de que en las listas había ocho personas vinculadas al tráfico de drogas en la costa pacífica. Tomé la decisión de excluir a seis de ellos por el delito de narcotráfico. Se confirmó que las otras dos personas hacían parte de las Farc y le corresponde a la JEP definir su situación jurídica”.
Entre tanto, la JEP replicó que no admite “colados” y reveló que desde 2018, cuando comenzó a operar, la Sección de Revisión ha rechazado 43 solicitudes de garantía de no extradición, consagrada en el artículo transitorio 19 de la Constitución.