UNO DE los proyectos de ley estatutaria que la Corte le hace por estos días estudio de exequibilidad es la que previene y sanciona la violencia política contra la mujer, iniciativa de las senadoras Nadia Blel, María José Pizarro y Piedad Córdoba (QEPD).

Por tratarse de un proyecto de ley estatutaria requiere de control automático de la Corte, que de encontrar exequible el texto pasará a sanción presidencial.

En el ámbito de sus funciones la Procuraduría General de la Nación hizo llegar a la Corte un concepto, firmado por la procuradora Margarita Cabello, en el cual pide declarar la exequibilidad de este proyecto porque, por un lado, encuentra que en el proceso legislativo aprobatorio se respetaron los principios de consecutividad, identidad flexible y unidad de materia.

Por otro lado, el Ministerio Público destaca que este proyecto materializa el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y convencionales que exigen al Estado proteger con medidas afirmativas a la mujer frente a escenarios de violencia.

Con todo, la Procuraduría indica en su concepto que “aunque es indiscutible la relevancia y necesidad de la ley, no puede ignorarse que su alcance es limitado, dado el carácter estructural de la violencia de género. De allí que su existencia no releva a las autoridades de consolidar esfuerzos en los distintos ámbitos de su competencia para superar dicho fenómeno”.

Con esta iniciativa se reconocerá la violencia política como un fenómeno que se presenta en el desarrollo esta labor, diferente de las otras manifestaciones de violencia contra la mujer reconocidas ya en la ley, que impacta negativamente en la democracia al desincentivar la aspiración de más mujeres a elecciones o cargos políticos, impidiendo las campañas femeninas en diferentes lugares, forzando a la renuncia de sus carreras políticas o incluso poniendo en riesgo su salud y vida. La violencia contra las mujeres en política puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o patrimonial, digital y simbólica.

Según la más reciente encuesta sobre violencia política de género realizada por la Misión de Observación Electoral (MOE), el 83% de las mujeres candidatas a las elecciones legislativas del 2022 afirmó que había sido víctima de estas agresiones.