Aunque la investidura de la electa senadora Aída Merlano está en discusión principalmente porque presuntamente compró votos en los comicios de marzo pasado, lo que en la actualidad la tiene en la cárcel investigada por estos hechos, este martes el Consejo de Estado decretó en primera instancia su muerte política por cuanto se demostró que “con la aquiescencia de ella” se violaron “los topes máximos de financiación electoral”, señaló el alto Tribunal.

De esta forma con Merlano se produce la primera baja en el actual Senado, a pesar de que por estar privada de la libertad no ha podido posesionarse, no obstante que para lograrlo acudió a varios recursos como la tutela.

La política atlanticense se encuentra privada de la libertad en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá tras orden de la Corte Suprema, que la procesa por los delitos de corrupción al sufragante agravado, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Luego de las elecciones parlamentarias de marzo pasado, las autoridades allanaron una de sus sedes políticas en Barranquilla, encontrando indicios de que se compraron votos, pues había talonarios de pago y registros de cédulas.

Precisamente en mayo pasado, el procurador Fernando Carrillo demandó ante el Consejo de Estado la investidura de Merlano: “Esto es para decirles a los ciudadanos que esperan ser protagonistas de algún fraudes electoral, que no escatimaremos esfuerzos. No tendremos duda sobre el procesamiento disciplinario y la denuncia penal de actividades que rompan el equilibrio electoral y pongan en entredicho la naturaleza del sufragio en Colombia”.

Sin embargo, el fallo que emitió el Consejo de Estado no corresponde a la demanda que presentó el procurador Carrillo, sino a otra que el mes pasado impetró el ciudadano Luis Alberto López, alegando violación de topes en la campaña.

Según la demanda, el presupuesto de la accionada para dicha campaña sobrepasó el monto máximo de gastos permitido para cada candidato, el cual fue establecido por el Consejo Nacional Electoral en poco más 884 millones de pesos.

Con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano, la Sala 23 Especial de Decisión del Consejo de Estado estableció que la demandada gastó más de 1.730 millones de pesos, suma que supera de lejos el monto máximo permitido, según lo evidencian las pruebas que obran en el expediente, principalmente las recaudadas por la Fiscalía General de la Nación durante el allanamiento practicado el 11 de marzo del año que avanza en la sede de aquella campaña.

La Sala encontró que Merlano estaba al tanto de todo lo que allí ocurría y, por ende, tenía conocimiento de los movimientos financieros de su campaña para los comicios del 11 de marzo de 2018.

Además, según el alto Tribunal, la renuencia injustificada de la demandada a rendir el informe de ingresos y gastos de campaña, el incumplimiento del deber de nombrar el gerente de la misma, la omisión en la apertura de una cuenta bancaria para el manejo de los recursos y la falta de registro de los asientos contables en el ‘Módulo de Ingresos y Gastos’ “evidencian la intención de ocultar el flujo de gastos y denotan un claro propósito de quebrantar el ordenamiento legal para, con ello, obtener un provecho con miras a garantizar su elección al Senado de la República, como en efecto ocurrió”, señaló el Consejo de Estado.