La Comisión de la Verdad reveló el informe Reconocimiento - El impacto del conflicto armado en la salud, que recoge las infracciones que los diferentes actores armados han cometido contra la misión médica en el país y que desde 1958 a la fecha registra un total de 2.149 agresiones.
Se trata de un trabajo de investigación y documentación que inició en 2018 esta entidad de la Justicia Transicional en el que se recogen las versiones de víctimas y victimarios.
El estudio recoge y documenta buena parte de los atentados, vulneración a derechos, bienes, personal sanitario y actividades de carácter asistencial para el cuidado de la salud en situaciones o zonas donde existe una afectación de la seguridad pública y se presentan otras calamidades.
Una de las conclusiones del informe es que esta situación “ha generado que solo 39% de las víctimas recibieran atención en salud y que la cobertura del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Ministerio de Salud sea de apenas el 1,2%”.
En ese lapso se registraron 346 infracciones contra la infraestructura sanitaria; 9 violaciones al secreto profesional; 3 actos de perfidia; 1.489 infracciones contra la integridad de las cuales 555 fueron homicidios, 480 amenazas, y 444 casos de toma de rehenes.
Además, el impacto del conflicto en la salud rural en los municipios PDET ha dejado 625 homicidios; 510 amenazas; 51 lesiones personales; 36 casos de tortura y un número similar de desapariciones forzadas.
En cuanto a responsables de estas agresiones, el informe consigan que la mayoría, 750, fueron atribuidos a actor no identificado; 631 a las guerrillas; 363 a los grupos paramilitares; 61 agentes del Estado; 31 a actor no Identificado/fuerza del Estado y otros actores 31, entre los principales hechos.
Mientras tanto, la Comisión de la Verdad estableció que Antioquia fue el departamento más afectado con 281 registros, seguido por Nariño (145), Caquetá (126), Arauca (124), Santander (121), Cauca (113), Cundinamarca (95), Cesar (87), Tolima (80) y Valle del Cauca (67), principalmente.
El impacto del conflicto en la salud rural en los municipios PDET ha dejado 625 homicidios; 510 amenazas; 51 lesiones personales; 36 casos de tortura y un número similar de desapariciones forzadas.
Respecto de las víctimas 49% corresponde a hombres, 51% mujeres, 25% son menores de 14 años, 4,4% menores de 16 a 18 años, 11,79% mayores de 60 años y las minorías étnicas representan 9,8%.
De otro lado, el informe destina un apartado a las afectaciones contra colectivos rurales, tema en el que consigna que “la Comisión ha podido establecer que han ocurrido 92 hechos victimizantes en contra de sabedores ancestrales (médicos y sabios tradicionales de comunidades indígenas y negras) y 89 casos en los que promotoras de salud rurales han resultado violentadas durante el cumplimiento de su labor”.
También se menciona el impacto de la guerra en el medio ambiente con 82 casos estudiados “en los que bombardeos, voladuras de oleoductos, minas antipersonal, entre otros episodios, han dañado ecosistemas terrestres y acuáticos afectando no solo a la naturaleza sino a las poblaciones aledañas”.
Contexto sociopolítico
El informe hace un recuento del sistema de salud colombiano desde su creación entre 1968 y 1984, la creación de hospitales regionales y universitarios, el nacimiento del Instituto Colombiano de Seguros Sociales y la conformación de los sindicatos del sector.
Incluye la detención por parte de fuerzas del Estado de funcionarios del sector salud que en algún momento y por diferentes circunstancias prestaron atención profesional a heridos provenientes de actores armados ilegales.
También se menciona el desarrollo legislativo que ha tenido el sector salud hasta la creación de la Ley 100 de 1993 que reestructuró el Sistema Nacional de Salud.
El documento consigna que “además de las tomas guerrilleras que dejaron a civiles y personal de la salud en medio del fuego cruzado, en 1996 inicia un periodo de fortalecimiento de grupos paramilitares que se extenderá hasta la desmovilización de estas estructuras en 2005, que a su vez ocasionaron un pico de violencia contra integrantes de sindicatos como Anthoc”..
En ese sentido, el análisis de la Comisión de la Verdad estableció que durante este lapso “se dio cerca del 60% de los ataques a los trabajadores de la salud”, sector que entre 1998 y 2015 “tuvo tres ciclos de protestas motivadas por crisis hospitalarias y la necesidad que veían organizaciones gremiales y sindicales de reestructurar el sistema”.
El impacto del conflicto armado en la salud concluye que a lo largo de los años, a raíz del conflicto armado, fenómenos como el desplazamiento han puesto en evidencia la inequidad de la salud en el país y la agresión a sus miembros
El impacto del conflicto armado en la salud concluye que a lo largo de los años, a raíz del conflicto armado, fenómenos como el desplazamiento han puesto en evidencia la inequidad de la salud en el país y la agresión a sus miembros.
“En la actualidad la violencia contra los trabajadores de la salud persiste, con asesinatos en el Bajo Cauca antioqueño, amenazas en el Catatumbo e incluso el confinamiento de comunidades en el Chocó. El fenómeno no cesa”, concluye.