El ministro de Justicia, Néstor Osuna, en conjunto con los ministerios del Interior y Agricultura, radicó el proyecto de ley mediante el cual se busca la creación de una nueva alta corte con énfasis en temas agrarios y rurales.

El proyecto de acto legislativo está impulsado por la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, y cuenta con el apoyo de un buen número de congresistas.

La iniciativa tiene como propósito establecer el marco constitucional para la resolución de controversias respecto a los derechos de propiedad, posesión, ocupación, usufructo, servidumbre, uso y tenencia de los bienes inmuebles en suelo rural.

Esta nueva alta corte, que estará integrada por un número impar de magistrados, se encargaría de revisar decisiones judiciales relacionadas con reforma agraria, dirimir conflictos de competencias y preparar y presentar proyectos de ley.

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Sus magistrados serían elegidos por una única vez por la Corte Constitucional. Para el jefe de la cartera de Justicia, la presentación de esta iniciativa de manera conjunta (Congreso y ministerios) ratifica el compromiso político del Gobierno nacional con el proceso de paz. “Este acto legislativo es fruto de los acuerdos de paz de La Habana y busca fortalecer la presencia institucional del Estado en las zonas rurales, así como tramitar las controversias sobre las diferentes dinámicas que impiden, entre otras cosas, el acceso a la tierra, su legalización y su tenencia. Esas son algunas de las tareas que la jurisdicción tendrá dentro de sus responsabilidades”, aseguró el ministro.

Añadió que las zonas rurales de Colombia no cuentan con la suficiente oferta en cuanto a acceso a la justicia. “En promedio, a nivel nacional hay 11 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que en los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) este promedio es de apenas seis”, explicó.

Hoy, más del 80% de los municipios PDET no cuenta con centros de conciliación y más del 72% no tiene casas de justicia ni centros de convivencia ciudadana. Además, los conflictos sobre la tierra que se presentan en centros poblados y rurales son el triple que en las zonas urbanas: 0,3% a 0,1%.

Esta iniciativa busca cumplir con el compromiso establecido en el punto uno del acuerdo final de paz. El texto crea el marco procesal que regiría las actuaciones judiciales y mecanismos alternativos para la resolución de los litigios y controversias respecto de los derechos de propiedad, posesión, ocupación, uso y tenencia de bienes inmuebles ubicados en suelo rural.