El martes en la plenaria de la Cámara se realizará el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, por el operativo en marzo pasado contra las disidencias de las Farc en Putumayo, que dejó 11 personas abatidas.
Sin embargo, hay denuncias de la comunidad de que varias de las víctimas no eran guerrilleros, como lo asegura el Ejército. Es la tercera vez que este funcionario afronta el mecanismo, que de ser aprobado por la mayoría de representantes significaría su salida del cargo.
La iniciativa fue radicada el pasado 12 de marzo con la firma de más de 30 parlamentarios de colectividades de oposición, entre los cuales están Katherine Miranda, Juanita Goebertus y León Fredy Muñoz, todos de la Alianza Verde; Luis Alberto Albán, de Comunes; Jorge Alberto Gómez Gallego, de Dignidad; y María José Pizarro, de Lista de la Decencia.
El ministro Molano debe responder a un extenso cuestionario que presentaron los parlamentarios que impulsan esta moción de censura, relacionado con los hechos producto de la operación militar que tuvo lugar en el municipio de Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, en marzo pasado, en la que según el Ejército fueron neutralizados en combate 11 integrantes de Grupos Armados Organizados.
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El cuestionario
Molano debe explicar a la plenaria de la Cámara cómo se enteró el Ejército Nacional sobre el bazar que se llevaría a cabo en la vereda Alto Remanso, municipio de Puerto Leguízamo.
Igualmente, si la comunidad dice que el bazar se organizó con la finalidad de recaudar fondos para realizar obras públicas, ¿por qué motivos el Ejército asegura que en el lugar se estaban llevando a cabo actividades ilícitas?
Así mismo, el Ministro debe explicar por qué si en el lugar donde se llevó a cabo el operativo es un caserío en el que hay una escuela, viviendas, establecimientos de comercio, un polideportivo, entre otras edificaciones civiles, se decidió llevar a cabo la operación militar, en el marco del DIH, a pesar de que era previsible la presencia de un gran número de civiles y daños colaterales.
También Molano debe informar al pleno de la Cámara de Representantes si para la planeación y ejecución del operativo militar se consideraron las características del terreno, el escenario de la fiesta, la presencia de civiles, entre ellos niños, mujeres en embarazo y personas de la tercera edad.
Además, el funcionario debe dar cuenta de la capacidad de la estructura criminal blanco de este operativo así como de la contribución a la misma de cada una de las personas abatidas en la operación.
Al debate de moción de censura contra el Ministro de Defensa también fueron citados el defensor del Pueblo, Carlos Camargo; el consejero presidencial (e) para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Jefferson Mena; la directora (e) de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio Del Interior, Carol Villamil Ardila; la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina María Arbeláez; y el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado.
Si las respuestas del Ministro en la audiencia no satisfacen a la treintena de parlamentarios que promueven la moción de censura, la votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes.
Explicación del Ejército
El Comando General de las Fuerzas Militares entregó en días pasados a la Procuraduría un informe detallado sobre el operativo realizado en Puerto Leguízamo (Putumayo).
El documento fue solicitado por el ente de control ante las denuncias que recibió por parte de organizaciones de derechos humanos, las cuales argumentan que las personas muertas eran civiles y no guerrilleros.
El comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, aseguró que las personas que perdieron la vida en este enfrentamiento con el Ejército pertenecían a la organización delincuencial.
“Nada de esto es producto del azar, esta operación se debe al trabajo conjunto con la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el CTI, planeada y doctrinalmente como debe ser, bajo el estricto respeto por los derechos humanos y acatamiento de los principios del DIH, hacia un blanco identificado”, precisó el General.
Y añadió que “por eso su actuar delictivo es así, vestidos de civil, con armamento, pretendiendo evitar la acción de la Fuerza Pública… Con evidencias como las compartidas a los medios de comunicación, enseñamos las armas largas, municiones, granadas, brazaletes, equipos de comunicación, chalecos y dinero en efectivo incautados en la operación”.